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COLUMNA

Invitación al pacto

La definición de la estructura del Estado es una tarea de naturaleza política a la que se tiene que llegar mediante pactos políticos acordados por órganos constitucionales legitimados

La sentencia del Tribunal Constitucional sobre la resolución del Parlament que definía al pueblo catalán como sujeto soberano ha recordado algo evidente, pero que hacía falta que se recordara: que la definición de la estructura del Estado es una tarea de naturaleza política a la que se tiene que llegar mediante pactos políticos acordados por órganos constitucionales legitimados democráticamente de manera directa. El Constitucional puede ayudar posteriormente en la interpretación del pacto, pero nada más. Así es como se ha construido el Estado autonómico. El pacto constituyente de 1977-78 puso fin al Estado unitario y centralista y abrió el camino de la descentralización. En noviembre de 1979 se pactó el Estatuto vasco y catalán. En diciembre se pactó el de Galicia, pero con rebajas tan considerables respecto de los vasco y catalán, que, a diferencia de éstos, no se pudo someter a referéndum de manera inmediata. En enero de 1980 se tomó por UCD la decisión de que todas las demás regiones accedieran a la autonomía por la vía de art. 143 CE, decisión que no se podría imponer como consecuencia del resultado del referéndum andaluz del 28-F de 1980.

Tras el 28-F se iniciaría una gigantesca negociación de naturaleza política que se prolongaría tanto tiempo como el que consumió la negociación de la Constitución, año y medio, y que daría como resultado los pactos autonómicos de 1981, a través de los cuales se definió la estructura del Estado. A la aceptación ciudadana de dichos pactos contribuyó de manera significativa el Tribunal Constitucional con su sentencia 76/1983 sobre la LOAPA. A su aplicación pacífica también contribuyó con su jurisprudencia de manera continuada a lo largo de veinticinco años. Mientras la estructura del Estado ha sido pacto político más jurisprudencia constitucional no se han planteado problemas dignos de mención. El Estado autonómico ha sido el Estado más legítimo y más eficaz de toda la historia de España con mucha diferencia. Ha dejado de serlo. Desde 2006, en que se revisó el pacto político de 1978-1981 (Constitución, Estatutos vasco y Catalán y Pactos Autonómicos de 1981), con la aprobación de la reforma de los Estatutos catalán y andaluz, el Estado ha dejado de tener una estructura generalmente aceptada. El pacto de 2006 se hizo respetando escrupulosamente la Constitución y los Estatutos afectados, es decir, con las mayorías reforzadas exigidas, pero con la oposición del PP, que se negó a participar en la negociación y decidió recurrir al Tribunal Constitucional.

Como es sabido, el recurso prosperó y el TC anuló en lo esencial el Estatuto reformado, retrotrayendo la situación a 1979. Esta decisión del TC es la que ha sido rechazada de manera muy mayoritaria por la sociedad catalana y la que está en el origen de la conflictividad actual que ha acabado recalando de nuevo en el TC. En su última sentencia el TC viene a reconocer la situación y a invitar a la negociación de un nuevo pacto constitucional que permita volver a fundamentar políticamente de manera estable la estructura del Estado. No creo que eso pueda hacerse si no es mediante la reforma de la Constitución. En el Pleno del Congreso del próximo día 8 vamos a tener una primera oportunidad de comprobar si hay un ambiente receptivo o no a la invitación a pactar del TC, sin que ello signifique que tiene que aprobarse necesariamente la proposición de ley que viene del Parlament.