Dos preguntas, un proceso

Tenemos preguntas, tenemos fecha, sigue abierto el proceso de refundación democrática. Ayer, las fuerzas políticas catalanas que siguen convencidas de la necesidad de consultar a la ciudadanía sobre cómo encarar el futuro del país, evitaron el ridículo. Tras las dos grandes demostraciones de fuerza y de movilización social de las pasadas Diadas, y tras un compromiso, libremente adquirido, de acabar el año con pregunta y fecha, la posibilidad de no hacerlo, dadas las contradicciones internas, permitían imaginar un desenlace vergonzoso, tras años de tensión. En este análisis de urgencia, cabe cuestionarnos: ¿Dónde estamos?

Preguntas. La fórmula adoptada salva diversos escollos. Incorpora la idea de “Estado”, incorpora “independencia”, evita Europa. Es decir, permite a todos estar juntos, y les permite a todos decir que “lo suyo” también está. No contradice a la fuerza social que representa la Assemblea Nacional Catalana, es lo suficientemente clara y ambigua para sumar más que restar. Tiene otras virtudes. Deja en una posición incómoda a quienes en Cataluña se han mostrado en desacuerdo con el proceso que tenía que conducir a que el pueblo catalán fuera consultado, al considerar que ese proceso estaba totalmente manipulado y hegemonizado por los partidarios de la independencia. Y ello afecta sobre todo a los socialistas del PSC, en sus distintas versiones. En el caso hipotético en que la consulta pudiera llevarse a cabo, fuera cual fuera el resultado, permitiría que todos pudieran considerarlo como positivo. Lo más probable es que la mayoría de votos afirmativos a la primera pregunta fuera muy amplia. Ahí todos ganan. Las dudas pueden surgir ante el hecho de que en la segunda pregunta, la de la independencia, al existir la posibilidad de alterar la situación actual, insostenible, con una hipotética solución federal, los partidarios más pusilánimes vieran satisfechas sus expectativas de cambio, y decidieran optar por el no, evitando la mayoría independentista. Pero eso situaría la pelota en el campo de los federalistas, y dejaría abierta la puerta a ulteriores exigencias de solución, si no se produjeran avances significativos, esta vez de “todo o nada”.

Fecha. La fecha escogida, el 9 de noviembre, cumple las exigencias legales vigentes de no celebrar referéndums a menos de seis meses de un proceso electoral. Está, pues, estratégicamente situada entre los comicios europeos y las elecciones locales del 2015. Se podrán argüir muchos otros impedimentos legales a la celebración de la consulta (como ya se ha hecho y se hará), pero no el de la fecha. Por otro lado, da suficiente margen para que se vayan cerrando puertas, entreabriendo otras, y explorar otras vías. El impacto internacional del anuncio de la pregunta y de la fecha ya es en sí un resultado innegable en un escenario en el que no solo juega Madrid.

Proceso. Hay quienes creen que con negar la posibilidad legal de celebrar la consulta, todo está resuelto. Para mí, lo más importante es entender que todo lo que estamos discutiendo desde hace meses, ahora con mayor apasionamiento, es un proceso que viene de lejos y que va a seguir abierto, por mucho que los del “no quiero, ni puedo” se entesten en ningunearlo o en exorcizarlo. Desde hace unas semanas, muchos se han ido dando cuenta de que el tema no es un problema de élites extraviadas ni de dirigentes enfebrecidos. La voluntad de replantear el marco institucional en el que se asientan no solo las relaciones Cataluña-España, sino las bases de legitimación de un sistema político que hace aguas por todas partes, tiene un profundo enraizamiento popular. Los partidarios de celebrar la consulta en Cataluña saben desde hace tiempo que no será fácil hacerla. Saben que la legalidad actual plantea escollos insalvables o muy difícilmente superables. Pero saben también que no queda otro remedio que agotar los caminos legales que conducen a que la posibilidad de refundar el sistema político catalán, y si se tercia, el sistema político español, pueda darse, ya que lo que está en juego son precisamente las bases de legitimidad democrática. Unas bases que si bien fundamentaron hace 35 años la recuperación democrática, hoy resultan claramente inadecuadas para afrontar el incierto futuro. Lo extraño no es que Cataluña se lo plantee. Lo más extraño es que no sea toda España que vea que la deriva actual nos conduce al desastre.