reforma de la administración

El Estado mengua, pero poco

El Gobierno suprime 57 organismos en la reforma de la Administración La mayoría son fundaciones sin apenas actividad

La reforma de la Administración, presentada como una de las más ambiciosas de la legislatura, avanza con paso tímido. El Gobierno se ha propuesto hacer limpieza de entes vacíos, inútiles o que han perdido interés público, y ha empezado por lo más sencillo, anunciando la supresión de 57 organismos menores dependientes de los ministerios. Aún así, de la Administración central todavía dependen 159 sociedades, ocho agencias, 13 entidades empresariales, decenas de fondos, consorcios, fundaciones y mutuas, que completan una lista de 424 entes. Los recortes más importantes quedan para las comunidades autónomas, que pueden hacer caso omiso de las recomendaciones del Ejecutivo.

En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, más de cinco millones de personas se han quedado sin Canal 9, una decisión tomada por el Gobierno de Alberto Fabra, pero en Zaragoza nadie echará de menos el trabajo del Instituto del Cambio Climático, un organismo adscrito al Ministerio de Medio Ambiente que se creó en abril de 2011 y que está a punto de liquidarse. El centro de investigación aragonés se ideó bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero como un lugar “de excelencia”. Pero sus altas metas se desactivaron mucho antes de que pudiese asomar la nariz al mundo científico. El pasado abril el Gobierno admitió que no invertirá ni un euro en la rehabilitación de la que iba a ser su sede, el pabellón de España en la Exposición Universal de Zaragoza. Con ello se ahorrará más de tres millones. Sin embargo nadie explica qué ha hecho y cuánto se ha gastado la fundación durante sus dos años de vida. En sus actuales oficinas el funcionario que contesta al teléfono cierra toda posibilidad de hablar con la directora —una científica valenciana— y deriva la llamada al Ministerio de Agricultura, que tampoco da una respuesta.

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La fundación Francisco Javier de Villegas, que se creó para rehabilitar las minas de mercurio de Almadén (Ciudad Real) —cuya actividad principal fue prohibida por la UE— o el Consorcio Solar Decathlon, nacido para organizar una competición universitaria que tuvo lugar hace dos años, son otros ejemplos de las 57 supresiones anunciadas. Igual suerte correrán el organismo de cría caballar de las Fuerzas Armadas o la Unidad de Apoyo ante Desastres naturales. Todos entes menores, más o menos accesorios y fáciles de liquidar sin demasiada burocracia. ¿Cuánto se ahorra con ello? Fuentes del Ministerio de Hacienda desvían la pregunta: “Lo importante no es tanto el ahorro como la racionalización. Estamos promoviendo un cambio de mentalidad a todos los niveles”.

Pero en los planes del Ejecutivo viajan medidas mucho más controvertidas, como la eliminación de la sociedad que gestiona La Almoraima, una inmensa finca agrícola expropiada a José María Ruiz Mateos en 1983, ubicada en el municipio gaditano de Castellar de la Frontera. Ocupa 14.113 hectáreas, tanto como la ciudad de Sevilla, y sus 55 empleados fijos temen los planes del Gobierno para este paraje cuajado de acebuches y pinos. El 90% de su terreno está dentro del parque de los Alcornocales, pero el 10% restante no está protegido. La actual directora, Isabel Ugalde Ruiz de Assin, exdiputada del PP, confía en ver algún día “un Ritz, un Four Seasons, un Mandarin Oriental... Un gran resort” en su pedazo urbanizable. La Junta de Andalucía y todos los grupos municipales, incluido el PP, se oponen a la enajenación. Pero para el Ministerio de Agricultura, propietario del monte, pesan más los 250 millones que espera llegar a obtener en la operación.

Pabellón de la Exposición Universal de Zaragoza donde iba a ubicarse el Instituto del Cambio Climático.
Pabellón de la Exposición Universal de Zaragoza donde iba a ubicarse el Instituto del Cambio Climático.Uly Martín

No muy lejos, en Málaga, los dos empleados adscritos al Consorcio para la Construcción del Auditorio de Música hacen las maletas. El organismo se creó en 2007 fruto de un acuerdo entre los ministerios de Fomento, entonces dirigido por Magdalena Álvarez, la Junta y el Ayuntamiento. “Hasta ahora hemos hecho todo lo necesario para que se redactase el proyecto de construcción. Se concibió como una infraestructura imprescindible para Málaga, pero ahora las dificultades son evidentes”, lamenta Francisco López, su gerente. El edificio se proyectó con un coste de 100 millones de euros. ¿Otro delirio de grandeza en pleno boom inmobiliario? “La gente puede entender que ahora el argumento económico pesa, pero el turismo es el segmento del que vive la zona, y se creía que era necesario”. El Gobierno ha ordenado que se disuelva y con él morirá el plan para un macroauditorio de 1.800 butacas en una parcela de 30.000 metros con vistas al mar. Nadie se hace responsable de haber lapidado los 4,7 millones de euros que ha consumido el organismo.

Aunque la ejecución corresponde a Hacienda, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría lleva desde su ministerio la batuta de esta reestructuración administrativa. De su propio departamento todavía depende el Consorcio para la preparación de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. “Muchos entes todavía figuran en el inventario, pero no tienen actividad”, explican fuentes de Hacienda. “A veces hace falta un papel, una firma… por eso siguen en el Invespe (la base de datos), aunque realmente no están activos”. “Lo más importante de todo esto es que en la Administración está calando otra manera de pensar, un cambio de cultura que parte de la idea de austeridad, de que la Administración no puede ser expansiva siempre”. Es uno de los argumentos a favor de la revisión que está llevando a cabo la comisión creada ad hoc, la CORA, para conseguir fabulosos ahorros —la cifra global es de 8.000 millones, pero el Gobierno ha hecho escasos desgloses—.

En el inventario continuarán entes tan necesarios como AENA, el Banco de España o el Centro Nacional de Inteligencia. Incluso otros tan anacrónicos como Rumasa, cuya misión es seguir existiendo, al menos, hasta que se resuelva el último de los recursos judiciales presentados por la familia Ruiz Mateos. “Llegué aquí por un tiempo breve y llevo 30 años”, ironiza Félix Díez Burgos, el funcionario que preside la empresa de la abeja. El Estado ha ganado las 1.071 demandas interpuestas por la familia del empresario, pero todavía hay algunas sentencias pendientes. En sus oficinas de Madrid se amontonan cerca de un millón de documentos del proceso, un capítulo de la historia de España que algún día “terminará en una biblioteca”.

Con información de Manuel Planelles.

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