La policía acredita pagos de un millón en b para las obras de la sede del PP

Del examen de la contabilidad oficial del PP, de los documentos intervenidos en el registro de las oficinas del arquitecto que realizó las obras en la sede central de los populares en Madrid y de los papeles de Bárcenas, la policía ha concluido que el Partido Popular pagó a Gonzalo Urquijo 1.072.000 euros en b (184.000 en el año 2006 y 888.000 en el año 2008).

El informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) fue el que sirvió al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz para sostener la existencia de un “conjunto de elementos” que “permite confirmar, a nivel indiciario, (...) la presunta existencia por parte del Partido Popular de una cierta corriente financiera de cobros y pagos continua en el tiempo al margen de la contabilidad remitida al Tribunal de Cuentas”. La secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal, cuestionó el lunes la apreciación del magistrado al entender que esta se basa en la contabilidad manuscrita y no en la contabilidad oficial. Por ello, reclamarán a la fiscalía que “revise” los pagos de la reforma. Estas se produjeron entre 2005 y 2011 y tuvieron un coste total, según Cospedal, de 5,6 millones de euros, y de 5,9 millones según la policía. Estas se produjeron entre 2005 y 2011 y tuvieron un coste total, según Cospedal, de 5,6 millones de euros, y de 5,9 millones según la policía.

El hecho es que en el informe la UDEF confirma y documenta la existencia de cheques que corresponden al pago de las cantidades presentadas en las facturas, tal como mantiene el PP. No obstante, la policía expone también, aunque de forma muy confusa, cómo entre la contabilidad manuscrita por el tesorero del PP, Luis Bárcenas, y algunos documentos incautados en la oficina del arquitecto existe una correlación de anotaciones y pagos que, además, coinciden en el tiempo.

El escrito, que consta de 70 folios, describe los documentos relativos a cada una de las plantas. El análisis sobre las obras ejecutadas en la planta 4ª es uno de los más concluyentes. La policía describe cómo la empresa de Urquijo presentó un presupuesto inicial de 428.000 euros. El coste final de certificación, IVA incluido, fue de 560.895 euros, por los que el arquitecto cobró un cheque de 200.000 y otro de 360.000 entre octubre y noviembre de 2008, con lo que la deuda sobre esta planta habría quedado saldada. Sin embargo, en el registro, la policía encontró una anotación manuscrita que indica: “He recibido de Don Luis Barcenas la cantidad de 200.000 euros en concepto de pago complementario de la factura de la planta 4ª con la que queda cancelada dicha factura”. La policía vincula esta nota con uno de los apuntes de los papeles de Bárcenas que señala que, en esa misma fecha, entregó 200.000 euros a “G.U.”. “Se puede inferir que existe una correlación directa entre ambos hechos de naturaleza económica en términos de identidad subjetiva ya que el beneficiario se trata de la misma persona, cuantitativa al ser los importes idénticos, y de la secuencia temporal en que se producen los registros por cuanto corresponden a diciembre de 2008”, señala el informe policial como conclusión.

Este es uno de los tres pagos a Urquijo que aparecen en los manuscritos con la supuesta caja b del PP y por los que la policía imputa un delito fiscal al arquitecto. La UDEF señala que el nombre de Bárcenas no figura “más que en alguno de los documentos” intervenidos en el registro efectuado en la sede de la empresa que hizo la reforma. Y sostiene que tuvo una participación “mínima”, aunque era “el encargado del control de los pagos” a la empresa. Así, el informe refleja que fueron el exgerente del PP Cristóbal Paez y el exjefe de Seguridad de la formación Antonio de la Fuente, cuñado de Bárcenas, quienes desarrollaron un papel “primordial” en el proyecto de reforma y en su seguimiento.

Por otra parte, el PSOE presentó ayer en la Audiencia Nacional un informe pericial para rebatir el que registró la Agencia Tributaria y contradice, así, la versión de Hacienda de que las donaciones ilegales de empresas a partidos políticos se pueden desgravar.