Prisión para un constructor que blanqueó fondos del ‘clan Polverino’ de la Camorra

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha enviado a prisión al constructor castellonense Agustín Valls Reverte, acusado de blanquear fondos del clan Polverino de la Camorra napolitana, desmantelado el pasado martes en la operación Laurel VIII. El magistrado instructor ha decretado también prisión sin fianza para la ciudadana brasileña Kellen Barbosa, madre del hijo del líder del grupo criminal, Giuseppe Polverino, de 57 años y en prisión en Italia desde marzo de 2012.

El constructor Valls Reverte está acusado de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y alzamiento de bienes. El empresario ha reconocido ante el juez Velasco que tenía relación con los jefes de la red camorrista desde 2001 y que levantó 25 chalés adosados para los miembros de la mafia en el solar La Finqueta, situado junto a un acantilado en el municipio de El Vendrell (Tarragona). El constructor, que tenía una participación en los terrenos donde se construyeron los inmuebles, ha admitido también haber realizado varios viajes a Suiza a la casa de un jefe camorrista actualmente encarcelado en Italia.

Por su parte, Kellen Barbosa, la pareja sentimental de Polverino y madre de uno de sus hijos también ha sido conducida a prisión tras negarse a declarar. El juez Velasco le imputa blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Mañana comparecerán ante el juez instructor otros 12 detenidos en la provincia de Málaga. El resto de los arrestados –hasta 30- en la operación Laurel VIII quedó en libertad tras declarar en la Guardia Civil y han sido citados para principios de la semana que viene.

El pasado miércoles, el juez ordenó el ingreso en prisión eludible bajo fianzas de 12.000 y 6.000 euros respectivamente de Francisco Corral Triguero y Victor Aldo Larco, que se encargaban supuestamente de proporcionar infraestructura de coches y viviendas al capo del clan Giuseppe Polverino. Un tercer detenido, Pablo Auyanet, quedó en libertad con cargos.

La operación policial, que empezó en 2009, culminó con un balance de 263 cuentas bancarias intervenidas y la incautación de 136 inmuebles, además de 69 detenidos en el área de Nápoles (Italia) y 30 en España, los últimos, dos lugartenientes arrestados el martes por la noche en Tarragona. El clan operaba en la costa mediterránea desde hace 20 años, aunque lo hacía de forma organizada desde 2006, y obtenía entre 50 y 60 millones de euros al año a través de la venta de hachís en el área de Nápoles.