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El PSOE cuestiona los criterios de ahorro

El número dos de Defensa se plantea un programa de Drones "cuando la situación mejore"

La reconducción de los planes del Ministerio de Defensa para hacer frente a los compromisos con la industria de armamento tensó ayer el debate en la Comisión de Defensa del Congreso, marcada por las imperiosas necesidades de ahorro y reducción del gasto. Mientras el secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, expuso un replanteamiento de los programas especiales de armamento —que según el Gobierno obedece a la necesidad de financiar los que ya están en curso—, el PSOE denunció que el 45% del incremento del gasto para estos programas se corresponde a una elevación sobre lo inicialmente presupuestado.

Argüelles enmarcó este replanteamiento en el conjunto de medidas introducidos por Defensa para racionalizar los recursos existentes, como la centralización de adquisiciones mediante la reducción del número de órganos contratantes, y la mejora en la gestión. Además, aseguró que pretende abrir la puerta a nuevos programas de adquisición de recursos tecnológicos de última generación, como los aviones no tripulados, cuando la situación económica mejore.

El representante de los socialistas, Víctor Morlán, criticó también el método utilizado por la Secretaría de Estado de Defensa para calcular el ahorro. Según indicó, se utilizó el extremo superior y no el inferior del intervalo de techo de gasto previsto por su predecesor, Constantino Méndez. El PSOE lamentó, además, la reducción de “casi un 50%” de la demanda de unidades que realiza Defensa a la industria militar, lo que tiene una clara incidencia en puestos de trabajo.

En nombre de CiU, Feliu Guillaumes insinuó que los Gobiernos del PP y del PSOE fueron “más allá de lo necesario” en la adquisición de vehículos y armas.

Irene Lozano, de UPyD, echó de menos una intervención más política, más allá de las reflexiones sobre cuentas e industria, cuando estos programas, en su opinión, no son un fin en sí mismo ni una cuestión “contable” o “empresarial”. La defensa, dijo, “no es una oportunidad de negocio sino un bien público”. Joan Tardà, de ERC, cuestionó, por su parte, la existencia de los programas de armamento, y atribuyó la falta de voluntad política de reducirlos a la presión de los lobbies militares.