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El juez Castro se inclina por aplazar el interrogatorio de la hija del Rey

El magistrado plantea esperar a que la Audiencia resuelva el recurso del fiscal

LA INFANTA, "PREOCUPADA".  La Infanta acudió ayer a trabajar a su puesto en La Caixa. El abogado de Urdangarin reconoce que doña Cristina está "preocupada”

La declaración de la infanta Cristina como imputada ante el juez instructor del caso Nóos, José Castro, no se producirá, casi con total probabilidad, el 27 de abril, fecha prevista inicialmente por el magistrado. Según fuentes jurídicas, Castro se inclina por suspender el interrogatorio de la hija menor del Rey hasta que la Audiencia de Palma de Mallorca se pronuncie sobre el recurso de apelación que la Fiscalía Anticorrupción va a interponer contra la decisión de imputarla y llamarla a declarar.

La postura del juez Castro obedece principalmente lógicas y humanas, aunque no estrictamente jurídicas. Si una vez celebrado el interrogatorio, el tribunal superior aceptara los argumentos de la fiscalía y revocara la imputación de la infanta, la declaración tendría la consideración de un acto jurídico sin efecto, y su contenido no podría utilizarse como fuente de prueba en un eventual juicio.

Si, por el contrario, la Audiencia desestimara los argumentos del ministerio público y confirmara finalmente la imputación de la esposa del principal sospechoso, Iñaki Urdangarin, los plazos procesales harían casi imposible citarla antes del mes de mayo.

El fiscal anticorrupción encargado del caso Nóos, Pedro Horrach, presentará hoy ante la Audiencia el recurso de apelación contra el auto del pasado miércoles en el que el juez Castro decretaba la imputación de la Infanta. Según fuentes del ministerio público, Horrach solicitará la suspensión cautelar de la citación en los juzgados, pese a que la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 766, establece que en la fase de instrucción “los recursos de reforma y apelación no suspenderán el curso del procedimiento”.

La Audiencia rechazó la imputación hace un año, cuando el juez Castro también se oponía

Según fuentes de la Audiencia, con toda seguridad la acción de bloqueo del fiscal no podrá resolverse antes del 27 de abril, jornada en la que está emplazada la infanta Cristina. El fiscal Horrach entregará el recurso de apelación al juez Castro, para que este lo eleve a la Sección Segunda de la Audiencia de Palma, que se encarga de resolver los recursos del caso Palma Arena y de sus piezas separadas, de las que forma parte el caso Nóos.

Para acortar los plazos, el fiscal Horrach evitará recurrir en reforma —ante el mismo juez instructor— el auto de imputación de la infanta. Al pasar directamente a apelación, tras recibirse el recurso en la Audiencia, las partes personadas disponen de cinco días para evacuar su posición.

Sin embargo, el sistema de funcionamiento del tribunal dificulta enormemente que en tan solo 15 días hábiles que restan hasta el 27 de abril se cierre este episodio. Los tres magistrados que componen la sala deben recibir primero toda la documentación del episodio y del caso, luego estudiarla, realizar la vista con las partes a puerta cerrada. Más tarde se tendrán que reunir para deliberar, tomar una decisión y redactar un auto argumentado.

Hasta el momento, la Audiencia de Palma ha dado siempre el respaldo a la actuación del juez, ante las impugnaciones de las partes en el caso Palma Arena global o en esta pieza del asunto que atañe a Urdangarin. Es verdad que hasta ahora nunca se había suscitado una divergencia de posiciones entre juez y fiscal, que siempre compartieron criterios y argumentos.

En general, la Audiencia es poco intervencionista en la labor de un juez instructor, competente para encauzar el sumario y señalar a los sospechosos, según fuentes jurídicas. Además, los magistrados participantes tienden a no profundizar en extremo sobre cuestiones de fondo, para no contaminarse prejuzgando un caso que les llegará a juicio.

Con la probable suspensión de la declaración de la hija de Rey hasta el mes de mayo, el juez José Castro no se enmendará a sí mismo sino que evitará, en todo caso, que la Audiencia dicte una eventual resolución contraria a la imputación cuando la declaración ya haya tenido lugar.

Fuentes judiciales confirman que el magistrado Castro —que trabajó ayer durante horas solo en su domicilio y después hasta media tarde en el juzgado— aún no ha tomado una decisión sobre el asunto de la infanta. Ni ha abordado con el fiscal las distintas salidas. El juez Castro dio a entender a sus allegados que, aún sin haber resuelto qué hará el final, lo más lógico resultará cancelar esa cita y dar más tiempo a la Audiencia para que resuelva ese recurso.

Hace un año, juez, fiscal y Audiencia coincidieron en rechazar la imputación de doña Cristina, reclamada por el pseudosindicato Manos Limpias. Ahora, la acumulación de nuevos indicios, en especial una nueva remesa de correos electrónicos del exsocio de Urdangarin, Diego Torres, ha propiciado el encausamiento de la séptima persona en la línea de sucesión al trono. Previsiblemente ahora Manos Limpias se mantendrá a favor de la imputación. La acusación particular el Gobierno de Baleares, (del PP) podría abstenerse. Se ignora el posible papel que desempeñará la acusación de la Abogacía del Estado, que depende del Gobierno central, aunque parece probable que se alinee con las tesis de la fiscalía contra la imputación.

Una sala experta en corrupción

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, especializada en asuntos complejos de corrupción y criminalidad común, decidirá sobre el recurso que presentará hoy mismo la Fiscalía Anticorrupción contra la imputación de la Infanta por reparto, según el juzgado de origen del caso.

La sección la preside el magistrado Diego Jesús Gómez-Reino, que analizará los argumentos de la fiscalía y de las partes junto a los magistrados Juan Jiménez Vidal y Mónica de la Serna de Pedro, o bien un nuevo integrante, Leonor Moyá.

Diego Jesús Gómez-Reino es un juez riguroso y técnico, del ámbito progresista pero sin significación ideológica. Es un juez rápido en las resoluciones y contundente ante los incidentes de las partes. Deportista y ex nadador de élite, lidera esta sala junto a la rigurosa Mónica de la Serna, jurista bregada, moderada, avanzada en lo social, autora de la sentencia de condena a 5,5 años de María Antònia Munar de UM (Unió Mallorquina). El tercer juez es Juan Jiménez Vidal, un duro pero simpático profesional que procede del ámbito social y que fue un abogado activista de la izquierda clásica en los 70. Jiménez juzgó y condenó a seis años al expresidente Jaume Matas, del PP, en otra sala. De la Serna es de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura y Gómez-Reino y Jiménez de la progresista Jueces para la Democracia.

Este mismo tribunal finaliza hoy el macrojuicio del caso Kabul de clanes de droga de la matriarca ‘La Paca’, donde el presidente impuso su autoridad y mano izquierda a medio centenar de acusados. Anteriormente esa sala juzgó también al policía corrupto Pepote y a las tramas de corrupción urbanística del caso Andratx.

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