Carlos Fabra irá al banquillo por seis delitos tras nueve años de investigación
El exlíder del PP de Castellón será juzgado por fraude, cohecho y tráfico de influencias
Tras nueve años de pesquisas, el paso de nueve jueces y cuatro fiscales, de decenas de autos y de recursos y tres sentencias del Tribunal Supremo, el expresidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial Carlos Fabra se sentará en el banquillo de los acusados. Será juzgado, previsiblemente, en otoño por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y cuatro fraudes fiscales.
Se sentará en el banquillo por haber realizado, presuntamente, gestiones políticas, utilizando su cargo a favor de un empresario que, entonces, era amigo suyo y que acabó denunciándole y acusándole de cobrarle “cantidades millonarias” a cambio de favores políticos. Irá a juicio porque, durante la investigación, los peritos judiciales detectaron en sus cuentas y patrimonio la existencia de 3,7 millones de euros que los inspectores de Hacienda consideraron ingresos no justificados. Un dinero, además, que no declaró a la Hacienda pública, por lo que también se sentará en el banquillo acusado de defraudar, junto a su entonces esposa, María Amparo Fernández, 1,5 millones de euros entre 1999 y 2004.
Está acusado de cohecho, tráfico de influencias y cuatro fraudes fiscales
Carlos Fabra se sentará en el banquillo de una sala de la Audiencia de Castellón, pese a que este mismo tribunal lo ha intentado evitar con unas resoluciones con las que pretendió declarar prescritos y reducir solo a uno los cuatro delitos fiscales por los que finalmente será juzgado. El intento de la Audiencia fue revocado por el Tribunal Supremo, al igual que lo fue la resolución mediante la que el tribunal provincial trató de imponer al juez instructor la retirada de la acusación de cohecho, un delito sobre el que había indicios no solo para la acusación popular sino también la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado.
Ayer, finalmente, el titular del juzgado número 1 de Nules, Jacobo Pin, decretó el auto de apertura de juicio oral, que no es recurrible, con la “absoluta libertad de criterio” que le otorgó el Tribunal Supremo en su última sentencia.
En el escrito, el juez concede a las partes diez días para ratificar o modificar sus escritos de acusación o defensa. Los primeros piden entre 15 y 10 años de cárcel para el exdirigente del PP; los segundos, la absolución. A partir de ese momento, el caso Fabra pasará definitivamente a la Audiencia de Castellón, que será la que señale la fecha del juicio.
Su decisión será, entonces, recurrible al Tribunal Supremo. Si se eliminase el delito de cohecho de la acusación, el caso hubiera sido visto en el propio juzgado de Nules y su decisión solo se hubiera podido recurrir, en segunda instancia, ante la Audiencia de Castellón, con lo que el caso Fabra no hubiera salido de la provincia.
Los peritos detectaron en sus cuentas 3,7 millones no justificados
Hasta llegar a ese auto de apertura de juicio oral, el juez Pin ha aguantado la presión de la propia Audiencia provincial, de tal manera que acabó solicitando amparo al Consejo General del Poder Judicial en una petición inusual, ya que no denunciaba beligerancias externas sino de sus superiores. El Consejo del Poder Judicial aparcó el tema, que aún está pendiente de resolución. En cualquier caso, los magistrados que firmaron las resoluciones favorables a Fabra que luego fueron revocadas por el Supremo no podrán formar parte del tribunal que le juzgue puesto que están “contaminados” al haber resuelto recursos durante la instrucción. Así, la mayoría de los jueces de las secciones primera y segunda de la Audiencia no podrán formar parte de ese tribunal.
“Ya era hora”, clama el procesado
Hace seis años, Carlos Fabra se declaró absuelto por las urnas. Un año después, el presidente del PP, Mariano Rajoy, lo calificó de “político ejemplar”. “Ya era hora”, dijo ayer el expresidente del PP de Castellón al conocer la decisión del juez de sentarlo en el banquillo. Pese a las decenas de recursos que la defensa de Fabra ha presentado durante toda la instrucción, aunque reclamó nuevos plazos para tratar de justificar sus ingresos, ayer, Carlos Fabra escenificó su satisfacción porque será juzgado después de más de nueve años “de indefensión pública y teniendo que soportar insultos y mofas de gentuza”. Fabra tuvo además palabras para el juez de Nules que lo ha llevado hasta el banquillo y aseguró que su decisión “era de esperar”, ya que “es una persona de ideas muy fijas desde el primer día”.
Pese a las graves acusaciones, Carlos Fabra dejó sus cargos, por iniciativa propia, en las últimas elecciones municipales. Sin embargo, el PP no ha hecho pública la apertura de ningún expediente sancionador y, hasta ayer, seguía presidiendo una sociedad pública, la del aeropuerto peatonal de Castellón. Era el único cargo imputado en un caso de corrupción que se había mantenido en la Administración valenciana desde que Alberto Fabra fue nombrado presidente.
“Que hagan lo que crean conveniente, no depende de mí, sino de ellos”, afirmó Fabra por la mañana después de que el portavoz del Gobierno valenciano, José Ciscar, pidiera tiempo para analizar la situación tras la decisión judicial. A media tarde, Fabra anunció la presentación de su dimisión “irrevocable” como presidente de la sociedad pública Aerocas, promotora del aeropuerto sin aviones de Castellón.
