El vendedor del ático ganó 20.000 euros sobre el precio que pagó cuatro años antes

La plusvalía era igual a un año del alquiler que hasta noviembre declaraba el presidente madrileño

Ignacio González, presidente del Gobierno de Madrid, compró el ático de Estepona el pasado 18 de diciembre, justo al día siguiente de que el fiscal Anticorrupción de Málaga solicitara toda la información fiscal sobre el propietario de ese inmueble, Coast Investor, firma radicada en Delaware. González aseguraba, hasta ese momento, haber sido un mero inquilino de tal firma, a la que decía pagar unos 2.000 euros al mes. Las pesquisas del fiscal Anticorrupción, no obstante, habían sido comunicadas días antes, en concreto el 7 de diciembre de 2012, a la jefatura de Anticorrupción, que le dio respuesta cinco días después, y le remitió todo lo actuado ya por dicha institución sobre un caso que había archivado dos veces.

Todo ello era el resultado de la denuncia planteada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) el 22 de octubre de 2012 en Estepona, que ahora pide la restitución en sus puestos de los cargos que fueron destituidos por investigar tal ático (el ex comisario general de Policía Judicial, Enrique Rodríguez Ulla y el ex comisario de Marbella, Agapito Hermes). El SUP, que no se dio por vencido por tal doble archivo, trasladó todos sus datos a un juzgado de Estepona que, ahora, ha reabierto el caso.

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El impulso que ha hado a la causa el fiscal Anticorrupción de Málaga ha sido decisivo. No sólo solicita que se identifique a la persona que representó a Coast Investor ante Hacienda a efectos de obtener el NIF, sino las declaraciones tributarias (autoliquidaciones de los modelos 215, y 210 r) presentados en los últimos cinco años. Coast Investor, por otro lado, sí figuraba en el registro inmobiliario desde junio de 2012. Y así se hizo pública su compra por su anterior propietario, Pedro Javier Villate. Según la escritura que obra en el sumario que ya se instruye en Estepona, tal compraventa se realizó en una notaría madrileña en mayo de 2008 de la siguiente manera: por un lado actuó tal empresario y, como comprador, figura Rudy Valner, en nombre de Coast Investor. El precio de venta fue de 750.000 euros.

Un total de 100.000 euros fueron enviados mediante transferencia bancaria en marzo al vendedor y otros 650.000 en abril. González asegura haber pagado 770.000 euros este pasado diciembre de 2012, por tanto, cuatro años después, sólo ha abonado 20.000 euros más. Dicho de otro modo, Valner, el vendedor, ha ganado 20.000 euros con su venta.

En este contexto, se hace clave la petición que ha hecho la juez de Estepona, al solicitar el pasado 9 de enero toda la información fiscal sobre Coast Investor.

La denuncia del SUP ponía el acento en el hecho de que Coast Investor, a su vez, tenía como propietaria otra firma, Waldford Overseas Investments, representada por un bufete madrileño, que tiene numerosas cuentas bancarias abiertas en el paraíso fiscal de Panamá.

Y este sindicato consideraba que esta operación había supuesto “un trasvase de capital de dudoso origen, tanto del movimiento bancario como del diferencial hasta su total precio, toda vez que el importe declarado es muy inferior al precio de mercado del año en que fue adquirido. La operación ha sido ocultada deliberadamente ante la hacienda pública, Banco de España y otros tantos organismos de control de movimientos de capital, eludiendo el fisco ante el flagrante impago de impuestos y siendo disfrutada su posesión por Lourdes Cavero y su esposo, Ignacio González, por un precio muy inferior a los del mercado”.

Por ello solicitaban a la juez, que se citara al presidente de la Comunidad de Madrid y a su esposa, a Valner y a Villate, que se aportara el contrato de alquiler, los justificantes del pago de la vivienda y se rastrearan las diversas cuentas corrientes de Coast Investors, de la cuenta usada para el pago de la comunidad, y de los beneficiarios últimos de las cuentas del propietario último de Coast Investor, la firma Walford Overseas.

No en vano, cuando Anticorrupcíón archivó el caso y, posteriormente, fueron destituidos los investigadores policiales, estaban practicando gestiones precisamente sobre el Sepblac (Servicio Ejecutivo del Banco de España) para recabar “información de la que dispusieran sobre Valner y Coast Investor”.

También estaban hacían gestiones para “conocer la personas física o jurídica la persona física o jurídica que abonaba los diferentes impuestos municipales” del ático.

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