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Los dos grandes partidos intentan acercarse en la Ley de Transparencia

El PSOE parte del rechazo a la norma por las restricciones para facilitar información y datos

Los dos partidos coinciden en dejar a la Casa del Rey al margen de la norma

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría (derecha), y la portavoz socialista, Soraya Rodríguez.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría (derecha), y la portavoz socialista, Soraya Rodríguez.

No todo es economía en la vida parlamentaria y gubernamental. Leyes que afectan a las libertades pugnan por abrirse camino, como es el caso de la Ley de Transparencia que el Congreso abordará en enero, después de sucesivos aplazamientos.

Las posiciones del Gobierno y del resto de los grupos están muy alejadas de entrada, pero PP y PSOE han iniciado un diálogo discreto para intentar un acuerdo en una ley de la que disponen los países democráticos más avanzados y que es una asignatura pendiente en España. Populares y socialistas se han puesto de acuerdo en las formas y han pedido a la Mesa del Congreso que habilite la Comisión Constitucional durante el mes de enero para que comparezcan expertos y ofrezcan sus aportaciones.

El proyecto que aprobó el Gobierno en el mes de agosto parte del silencio administrativo negativo (es decir, permite dar la callada por respuesta a las demandas de información de los ciudadanos) y excluye a instituciones como la Casa del Rey.

PP y PSOE han acordado la lista de expertos que irán e enero al Congreso

Nadie quiere lanzar las campanas al vuelo, pero los dos grandes partidos han elegido a personas de la máxima confianza para intentar un acuerdo en esta ley que al afectar al meollo de las libertades debería ser aprobado con el máximo consenso. El PP estará representado por el secretario general del Grupo Parlamentario, José Antonio Bermúdez de Castro (especialista en consensuar leyes de máxima relevancia con el primer partido de la oposición), el diputado valenciano y vicesecretario de Estudios del PP, Esteban González Pons, y el portavoz del grupo en la Comisión Constitucional, Pedro Gómez de la Serna. Por el PSOE, los interlocutores son el diputado José Enrique Serrano (jefe de gabinete de los dos presidentes de Gobierno socialistas y persona de la máxima confianza de Alfredo Pérez Rubalcaba y de la portavoz parlamentaria, Soraya Rodríguez), Meritxell Batet, portavoz de Administraciones Públicas del Grupo Socialista, y Ramón Jáuregui, portavoz en la Comisión Constitucional.

De las primeras reuniones ha salido la lista de la treintena de expertos que comparecerán ante la Comisión Constitucional en el mes de enero. La encabeza José Luis Rodríguez Álvarez, director de la Agencia de Protección de Datos (APD), e incluye, entre otros, a Jesús Lizcano Álvarez, presidente de Transparencia Internacional España; Antonio Garrigues Walker, miembro del comité ejecutivo de esa misma ONG, y Emilio Guichot Reina, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla.

Las comparecencias que se producirán durante el mes de enero servirán para enriquecer las enmiendas de los grupos de oposición y también para que el grupo mayoritario, el PP, tome nota. De entrada, el grupo mayoritario se ha encontrado con el anuncio de presentación de enmiendas a la totalidad por parte del PSOE, Izquierda Plural, y Unión Progreso y Democracia (UPyD), así como la oposición de la mayoría de los partidos del Grupo Mixto.

España carece de una ley de estas características y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha hecho bandera de la misma, poniendo énfasis en que obliga a las Administraciones a dar publicidad a los contratos que suscriba, las subvenciones que otorgue y, en general, cuantas cuestiones susciten el interés de los ciudadanos. Ahora bien, el Gobierno se ha reservado un amplio margen de discrecionalidad y ha incluido en el proyecto un amplio listado de excepciones al principio de transparencia que los grupos de oposición rechazan de plano.

El hecho de que el Gobierno pueda escudarse en el silencio negativo para dejar de contestar a las demandas de los ciudadanos sin tener que dar ninguna justificación puede convertir la ley en papel mojado; de ahí el escepticismo del PSOE, reconocido por la portavoz parlamentaria, Soraya Rodríguez, del que parte la negociación.

La lista de asuntos y organismos que seguirán velados por el manto de la opacidad, deberá aligerarse mucho, aunque PP ni PSOE van a mover un dedo para sacar de la lista a la Casa del Rey. Esa tarea corresponderá al resto de los grupos.

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