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El juez procesa al exvicepresidente y a dos exconsejeras de Camps por Gürtel

El TSJ los acusa de tráfico de influencias por contratos con la red Gürtel

Vicente Rambla, el pasado mayo, a la entrada en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia.
Vicente Rambla, el pasado mayo, a la entrada en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia.

El juez instructor de la vertiente del caso Gürtel en Valencia, donde la trama empresarial de Francisco Correa logró beneficios millonarios, procesó este miércoles a Vicente Rambla, exvicepresidente de la Generalitat, y a las exconsejeras Angélica Such y Milagrosa Martínez —que fue después presidenta de las Cortes Valencianas—. Los tres ocuparon sus cargos en la etapa de Francisco Camps al frente del Gobierno valenciano, y los tres siguen siendo diputados autonómicos. El magistrado José Ceres dio por concluida la instrucción de la pieza separada que ha indagado la adjudicación de contratos por cerca de seis millones a la red corrupta, y procesó junto a los tres parlamentarios a otras 11 personas, entre ellos, varios cargos intermedios de la Administración autonómica (entre ellos Rafael Betoret, condenado en el caso de los trajes), a los cabecillas de la trama (Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes) y a varios de sus empleados.

El juez considera que existen indicios “racionales” de que en la larga cadena de adjudicaciones a empresas de la trama, y especialmente a Orange Market, entre 2005 y 2009, se cometió una retahíla de delitos: delito continuado de prevaricación, delito continuado de tráfico de influencias, falsedad en documento oficial y cohecho (por la entrega de relojes de lujo a las dos exconsejeras).

El magistrado, José Ceres, cerró la instrucción en un auto contra el que caben dos recursos: uno ante él mismo y otro ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano. Si como parece, dada la contundencia de los hechos relatados por el juez, ambos recursos son superados, el magistrado dictará la apertura de juicio oral. El juicio, según fuentes jurídicas, se celebrará así en los primeros meses del próximo año, quizá antes de que termine febrero, aunque los plazos judiciales son difíciles de prever.

El auto de Ceres, un juez conservador, respalda casi por completo la investigación realizada por la policía y la Fiscalía Anticorrupción desde antes de que se destapase la trama, en 2009. En resumen, que la Administración autonómica valenciana, y en este caso su departamento de Turismo, resultó infiltrada por la red Gürtel, que desplegó su habitual amiguismo, concretado en “relaciones personales no habituales entre un adjudicatario y funcionarios o autoridades relacionadas, directa o indirectamente, con la contratación a la que concursa”. La consecuencia de ello fue “un abanico y pluralidad de irregularidades” de tal calibre y durante tanto tiempo que el magistrado llega a la conclusión de que tuvieron que formar parte de un plan.

Existió aparentemente, afirma el juez, “un propósito de favorecimiento en la adjudicación de los concursos de [la feria turística] Fitur de 2005 a 2009” a Orange Market “mediante la creación y correlativa aplicación ad hoc dentro de los pliegos de contratación de unos criterios de adjudicación, hasta entonces no existentes, que podían permitir” asegurar el ganador.

El magistrado repasa los indicios para ello, algunos muy difíciles de obviar. Destaca, por ejemplo, que el primer año que la red ganó el concurso (en 2004 para la edición de 2005) se produjo una “drástica alteración” de los criterios de valoración. El precio de las ofertas, sigue el juez, “el único requisito objetivo”, pasó de pesar el 50% a solo el 15%.

Más aún: de los documentos y correos intervenidos en distintas sedes de la trama, de fechas anteriores a la convocatoria del concurso, parece deducirse que fue la trama quien redactó las bases del concurso, tomando como modelo la edición del año 2004 y adaptándola a sus preferencias. O al menos, señala el juez, las “grandes e inexplicables similitudes” entre los documentos de la trama y los oficiales “evidencian la influencia efectiva del referido Grupo Correa en los concretos criterios de adjudicación finalmente aprobados”.

El juez cita, entre otras, una conversación intervenida a Pérez en la que, hablando con un exempleado de la red, le dice que no seguirá trabajando en los actos del PP valenciano, pero que a cambio espera compensaciones: “El tema del trabajo para el partido se me ha acabado, y yo he pactado pues, que como no tengo curro de partido, pues que me darán otras cosas, por cojones”.

Valencia sigue el camino del ‘Palma Arena’

El primer gran juicio sobre la trama Gürtel en Valencia, después de la antesala que supuesto el caso de los trajes, en el que el jurado absolvió por un estrecho margen al expresidente Francisco Camps y a Ricardo Costa, llegará antes de lo que muchos preveían. Dada la complejidad de la causa y su accidentada marcha, con varios cambios de tribunal y conflictos de competencias entre jueces que tuvo que resolver el Supremo, el final de la instrucción parecía cuestión de años. El tribunal ha optado, sin embargo, como prueba el auto dictado ayer por el magistrado José Ceres, por seguir un camino parecido al elegido en Baleares para el caso Palma Arena. En vez de extender la instrucción hasta concluirla en un macrojuicio, se ha optado por ir enjuiciando las distintas piezas separadas que componen la causa. En Baleares ello ha supuesto que el expresidente de dicha comunidad autónoma y exministro en el Gobierno de José María Aznar, Jaume Matas, haya sido condenado a seis años de prisión mientras continúa la investigación de otros supuestos delitos.

La pieza separada del caso Gürtel en Valencia que más atención ha generado, y que ha dado nombre al conjunto del procedimiento, es la de la supuesta financiación ilegal del PP valenciano en las elecciones autonómicas y locales de 2007 en la que Camps logró mayoría absoluta. El dinero lo habrían aportado ocho empresas de obra civil, grandes beneficiarias de adjudicaciones del Gobierno regional, que habrían pagado actos electorales del partido organizados por Orange Market. A diferencia de la investigación sobre los contratos de Fitur, y aunque ya se ha tomado declaración a los imputados, la instrucción de esta pieza aún requerirá tiempo. En ella está imputado el exvicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla, que durante un tiempo pareció destinado a ser el delfín de Camps, y el exsecretario general del PP regional, Ricardo Costa, entre otros.

La tercera pieza está abierta en principio por falsedad en documento mercantil en el contexto de la campaña electoral del PP para los comicios generales de 2008. Sus características se asemejan, sin embargo, a las de la financiación ilegal de 2007, y no puede descartarse que termine reconvertido en ese tipo delictivo.

A estas tres se sumará próximamente, como mínimo, una nueva pieza, centrada en la rapiña que supuestamente sufrieron las arcas públicas valencianas con motivo de la visita del Papa a Valencia, en el año 2006. El Tribunal Superior valenciano había rechazado inicialmente que fuese competente, una decisión corregida por el Supremo.

La investigación conjunta de los hechos, aunque se enjuicien en piezas separadas, ofrece una visión coherente de la relación de la trama Gürtel con la Administración de Camps que no se dio en el caso de los trajes.