El Gobierno de Botella cierra el ‘caso Madrid Arena’ sin asumir culpa alguna

Lissavetzky exige la dimisión de la alcadesa “porque ha fallado en muchas cosas” El PP da carpetazo a la comisión tras cuatro sesiones y 12 comparecientes

“No suelo tener mucho apego a los cargos que ostento, y a este en concreto es al que menos. Pero solo dimitiría si me imputara la justicia o lo decidiera la alcaldesa”. Con estas palabras cerraba ayer el delegado de Seguridad, Medio Ambiente y Movilidad, Antonio de Guindos, su comparecencia en la comisión que investiga en el Ayuntamiento la fiesta de Halloween en el pabellón municipal Madrid Arena en la que murieron cinco jóvenes. Apenas una hora y media después, el Partido Popular hacía uso de su mayoría absoluta para zanjar la comisión.

Ha durado cuatro días, y han dado explicaciones una docena de personas, en su inmensa mayoría cargos de confianza de la alcaldesa, Ana Botella; entre ellos, cinco miembros (uno de ellos, recién dimitido) de su Gobierno. El PP ha vetado la comparecencia de técnicos municipales y miembros de otras Administraciones (la oposición había requerido a la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, encargada de la Policía Nacional; y al consejero regional de Presidencia Salvador Victoria, responsable de la Ley de Espectáculos). También ha impedido escuchar a la alcaldesa, Ana Botella, y a la concejal de Hacienda, Concepción Dancausa, autora de la investigación interna del Ayuntamiento sobre la tragedia.

Así las cosas, Izquierda Unida decidió descolgarse de la comisión apenas unos minutos antes de su inicio. Serán pues el Partido Socialista, liderado por Jaime Lissavetzky, y Unión Progreso y Democracia, con David Ortega, quienes elaboren las conclusiones junto al portavoz del PP, Enrique Núñez. Tanto si se acuerda un texto conjunto como si la oposición se descuelga con documentos particulares, las conclusiones se votarán en el pleno municipal que se celebrará en dos semanas.

El objeto de la comisión, cuya constitución fue propuesta por Lissavetzky, era depurar las responsabilidades políticas que pudieran existir y tomar las medidas normativas u operativas necesarias para que una tragedia semejante no pudiera repetirse. Así lo explicó la alcaldesa antes de enmudecer ante la prensa.

Respecto a ese segundo punto, Botella ya ha adoptado por su cuenta algunas decisiones: ha prohibido que se celebren fiestas o conciertos en recintos municipales con el público en pie, y también evitará, pese a que su Gobierno ha defendido insistentemente su legalidad, que las empresas municipales firmen contratos con empresas que mantengan deudas con Hacienda o con la Seguridad Social (tal era el caso de Diviertt, la organizadora del evento).

Respecto a lo primero, es decir, a depurar responsabilidades políticas por errores cometidos, difícil será, puesto que el PP no ha desaprovechado oportunidad estos días para exculparse completamente y en todos los planos. Hasta el momento, solo ha dimitido Pedro Calvo (como delegado de Economía; mantiene el acta de edil), y lo hizo tras ser imputado por el juez. Sin embargo, ayer defendió su inocencia en su comparecencia, que cerraba la comisión.

“El exclusivo motivo por el que me he visto imputado es que yo ejercía aquel día y desde hace nueve meses la presidencia del Consejo de Administración de Madrid Espacios y Congresos [la empresa municipal que gestiona el pabellón], una función representativa y sin funciones ejecutivas. Entiendo que me concernía la responsabilidad política, y a eso me atuve pese a no tener culpa alguna. Hay reglas que hay que aceptar, y a veces se las tiene que marcar uno. Dimitir es una regla personal, allá cada uno. Hay que confiar en los tribunales. Se hará justicia”, concluyó.

Calvo, además, definió lo ocurrido de la misma forma que, palabra arriba palabra abajo, habían hecho antes el vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva, y el portavoz del PP, Enrique Núñez. “La tragedia se debió a la voracidad económica de una empresa que vulneró la ley y su contrato con el Ayuntamiento. Asumió un riesgo de seguridad que ha causado un daño humano irreparable”, dijo.

El PP ha repetido estos días que Madrid Espacios y Congreso (Madridec) podía legalmente firmar contratos con empresas morosas. A última hora, Calvo ha descargado en cualquier caso esa responsabilidad sobre los gestores de Madridec, José Rivero y Jorge Rodrigo. “Yo no conocía que la empresa tuviera deudas con la Seguridad Social, y eran quienes contrataban los que tenían que averiguarlo”, ha dicho.

Tanto Rivero como Rodrigo fueron cesados hace dos semanas por la alcaldesa de forma fulminante por “ocultar” el trato preferente otorgado a Diviertt, que permitía a esta empresa contar con el pabellón prácticamente en régimen de exclusividad para organizar sus fiestas. “Es habitual en el sector que quien te arrienda los espacios con mayor asiduidad tenga unas ventajas tendentes a su fidelización”, explicó ayer Calvo.

El concejal defendió también la seguridad del Madrid Arena. “El problema no estuvo en el recinto sino en el uso inadecuado”. Así se había pronunciado horas antes también la concejal de Urbanismo, Paz González, y antes que ella los dos altos cargos de su departamento. Una de ellos, Beatriz Lobón, señaló ayer que, una vez construido el pabellón, entre 2002 y 2005, “el único deber del Ayuntamiento era el de su conservación, y esto solo a partir de los 30 años. No hay que adaptarse a los cambios de normativa. La única obligación es usarlo para lo que fue construido”.

Se defendía así de un informe de técnicos de Urbanismo que, en 2010, detectaba deficiencias de seguridad en el recinto. En opinión de la oposición, no se trata sin embargo de una cuestión técnica sino de solvencia política. En otras palabras: aunque el Ayuntamiento no tuviera la obligación legal de arreglar esas deficiencias, debería haberlo hecho por responsabilidad. Además, tal y como ha desvelado EL PAÍS, el recinto no solo tenía fallos respecto a la ley vigente en 2010, sino también desde el momento mismo de su construcción. “La seguridad de un edificio puede ser considerara en abstracto una cuestión técnica, pero no cuando tiene que ver con las personas. ¿Por qué se archivó el informe que denunciaba deficiencias en lugar de tramitarlo para solventarlas?”, preguntó Lissavetzky.

“Me gustaría hacer una defensa, aunque no lo necesita, del vicealcalde, sobre el que se ha desencadenado un juicio injusto, con actitudes deplorables”, concluyó ayer su intervención Calvo. Pocas horas antes había comparecido el propio Villanueva, que negó haber otorgado trato de favor alguno a la empresa que organizó la fiesta, tal y como han querido insinuar algunas informaciones periodísticas. El vicealcalde explicó: “Dado que yo no he adjudicado nunca nada a su empresa, no soy responsable de lo que haya hecho; si ha hecho algo malo, que recaiga sobre sus responsables todo el peso de la ley. Este empresario [Miguel Ángel Flores, imputado por el juez, y que presuntamente sobrepasó el aforo permitido por el Ayuntamiento para la fiesta] ha ejercido varios cargos de representación, incluido el de vocal de la Cámara de Comercio, y mi grado de conocimiento es fruto de esos puestos, dado que yo he sido responsable del área de Economía durante ocho años. Casé a un hermano suyo, es cierto, pero hacerme responsable de él es excesivo; he celebrado 17 bodas, y por lo general no conocía a los contrayentes. Ni he estado nunca en casa de este señor, ni este señor ha estado nunca en la mía”, zanjó.

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