Guindos cifra en 600.000 los beneficiarios ‘teóricos’ del decreto

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha cifrado en 600.000 las familias potencialmente beneficiarias por el decreto que el Consejo de Ministros aprobó la semana pasada para paliar los desahucios. "El Gobierno ha tomado unas medidas inmediatas en el decreto ley que creemos que van a ser efectivas, que afectan a más de 600.000 familias teóricamente", ha afirmado Guindos en Bruselas a su llegada a la reunión del Ecofin, seguramente ante las críticas de jueces, afectados y el PSOE que calificaron la norma de "parche" porque iba a afectar a un número muy limitado de ciudadanos. Pero el abultado dato de teóricos beneficiarios choca con el que el propio Gobierno ofreció el viernes sobre el número de personas afectadas por un desahucio en lo que va de crisis: Economía rebajó a un máximo de 15.000 los desalojos producidos en España de vivienda habitual.

La cifra tampoco resulta de tomar a las familias que ya deban alguna cuota y podrían acabar con un desahucio

Fuentes del Ministerio de Economía explican que la cifra de las 600.000 familias que serían beneficiarias por el decreto resulta del número de personas que ganan menos de 19.000 euros al año (uno de los requisitos económicos que fija la norma) y de las que además destinan más del 50% de sus ingresos al pago de la hipoteca (otro de los requisitos). Se trata, según Economía, del "universo potencial" que podría beneficiarse de la suspensión del desahucio durante los dos próximos años, y de ahí la afirmación del ministro.

Pero el decreto fija unos exhaustivos requisitos para acogerse a la suspensión del desalojo que son acumulativos. Además de no ganar más de 19.000 euros al año, destinar más de la mitad de sus ingresos al pago de la hipoteca, requiere que la carga hipotecaria se haya multiplicado, al menos, por un 1,5% en los últimos cuatro años, y no solo eso; una vez cumplidas las exigencias económicas hay que tener unas cargas familiares determinadas: básicamente, estarían incluidas las familias numerosas, las que tengan un menor de tres años o dependientes que no puedan trabajar, los parados que hayan agotado la prestación o las víctimas de violencia de género.

Los 600.000 potenciales beneficiarios a los que aludió el ministro tampoco son familias que se encuentren ya en mora —esto es, que ya hayan dejado de pagar alguna cuota de la hipoteca— y que por tanto el Gobierno tome como posibles afectados por un desahucio. El Ejecutivo, de hecho, quiso trasladar también la semana pasada el mensaje de que el problema de los desalojos no afecta a un grupo mayoritario de la población: el 97% de los españoles, recordó el subsecretario de Economía y Competitividad, Miguel Temboury, paga normalmente su hipoteca.