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las protestas del 25-s

La fiscalía no recurrirá el archivo de la causa contra los organizadores

El fiscal general afirma que la Fiscalía de Madrid analiza si existieron "indicios" de delitos contra el Estado por parte de participantes

Torres-Dulce, en un acto celebrado la semana pasada.
Torres-Dulce, en un acto celebrado la semana pasada. EFE

La fiscalía sigue dos criterios distintos en relación con las manifestaciones del 25-S y la posible comisión en ellas de delitos contra el Estado. La Fiscalía de Madrid sostiene en un recurso de fecha 5 de octubre que ocho de los 35 detenidos cometieron delito contra las Instituciones del Estado y deben ser juzgados en la Audiencia Nacional. La fiscalía de ese tribunal, sin embargo, según declaró ayer el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, no recurrirá el auto del magistrado Santiago Pedraz del pasado 4 de octubre en el que decidió archivar la causa abierta contra los promotores de las concentraciones.

Torres-Dulce no ve disonancia entre ambas decisiones, y él mismo explicó, durante un acto celebrado ayer en Galicia, que la fiscalía estaba estudiando si individualmente alguno de los manifestantes cometió algún delito contra el Estado. Pero Pedraz, en el auto en el que archivaba el caso contra los promotores del 25-S, sostuvo también que ese día nadie trató de asaltar el Congreso y que la Cámara había funcionado con total normalidad.

El auto de Pedraz fue objeto de polémica porque en él argumenta que la convocatoria se enmarca en el derecho a la libertad de expresión, “máxime ante la convenida decadencia de la denominada clase política”. Esto provocó las críticas de algunos dirigentes populares. “Pijo ácrata”, “indecente”, “inaceptable”, “impresentable” e “intolerable” fueron algunas de las expresiones que utilizó el diputado y portavoz adjunto del Grupo Popular, Rafael Hernando. El pseudosindicato ultra Manos Limpias presentó una queja ante el Poder Judicial por la afirmación del juez, pero ayer el Consejo la archivó.

Inhibición previa

Previamente al archivo y al escrito del fiscal pidiendo el envío de ocho de los detenidos a la Audiencia, la juez de instrucción 8 de Madrid se inhibió a favor del juzgado de Pedraz al apreciar indicios de un delito contra las instituciones del Estado de los 35 detenidos durante la manifestación. Si la juez se ratifica en su decisión, o asume la del fiscal de enviar a la Audiencia a ocho personas, el magistrado Santiago Pedraz tendrá que decidir si se queda con el caso. Fuentes de la Audiencia Nacional aseguran que, al investigar este únicamente a los promotores y no a los manifestantes, podría enviar la causa de los detenidos al decanato para que lo reparta al juzgado de la Audiencia que corresponda.