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Seis hombres y tres mujeres juzgarán a Camps en la causa de los trajes

El primer día de juicio al expresidente se agota con la formación del tribunal

El primer día del muy esperado juicio a Francisco Camps y Ricardo Costa, imputados por haber aceptado presuntamente sobornos de la trama corrupta Gürtel, se consumió con la selección del jurado. Un trámite que habitualmente lleva entre dos y tres horas se prolongó durante más de ocho porque tanto las acusaciones —fiscalía y PSPV-PSOE— como las defensas eran conscientes de que la composición del tribunal puede tener una influencia crucial en el veredicto.

Tras doce horas desde el inicio de las entrevistas a los candidatos a jurado, el tribunal popular ha quedado constituido por seis hombres y tres mujeres. Como suplentes se ha escogido a otras dos personas, un hombre y una mujer.

Las dos fiscales de la causa y los letrados debían interrogar en un primer filtro a 19 de los 29 candidatos convocados al Tribunal Superior de Justicia valenciano. Contando con que las dos acusaciones podían recusar a cuatro candidatos y las defensas a otros cuatro, el número final de elegidos debía quedar en nueve jurados titulares y dos suplentes. Para que haya sentencia condenatoria son necesarios siete votos.

Las acusaciones orientaron los interrogatorios, según fuentes del caso, con el objetivo de seleccionar a ciudadanos con un nivel cultural medio. Capaces de entender no solo el motivo general por el que se juzga a Camps y Costa (aceptar prendas de vestir por valor de 14.021 y 7.325 euros, respectivamente), sino los mecanismos utilizados supuestamente por la red Gürtel para pagar las prendas, así como el funcionamiento básico de la Administración pública.

Según las mismas fuentes, las acusaciones introdujeron preguntas sobre la percepción de la corrupción en una comunidad autónoma sacudida durante la presidencia de Camps por una larga lista de escándalos: Gürtel, Brugal, Emarsa, Plan General de Alicante, Fabra y otros. E inquirieron sobre su opinión sobre derechos individuales.

Las defensas, que ya anticiparon su intención de recusar (si salía elegida entre el grupo de candidatos examinados) a una mujer que se presentó como independiente en las listas socialistas en las últimas elecciones municipales en un pequeño pueblo valenciano, parecían centrar sus esfuerzos en borrar de la lista a cualquiera con apariencia de tener un prejuicio de partida contra el dimitido presidente Camps y contra Costa, que en el momento en el que supuestamente ocurrieron los hechos era secretario general del Partido Popular en la Comunidad Valenciana.

El extenuante interrogatorio al que sometieron a los candidatos hizo saltar por los aires el ajustado calendario señalado por el tribunal. Este lunes estaba previsto que, además de elegir al jurado, se plantearan las cuestiones previas, se leyeran los escritos de calificación y testificaran los dos acusados. Todo ello quedó trasladado a la sesión del martes y tiene envergadura suficiente como para agotar otra jornada. Lo cual, a su vez, obligaría a desplazar las numerosas declaraciones señaladas para el martes. La del exvicepresidente de la Generalitat Víctor Campos y la del exjefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret (ya condenados en la misma causa tras conformarse con las acusaciones), y otras 16 personas, entre ellas los cabecillas de la trama mafiosa: Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, conocido como El Bigotes.

Dado que el juicio oral ha sido señalado hasta el 23 de diciembre, el efecto dominó puede producir que tenga que aplazarse para después del día de Navidad y continuar durante la semana que empieza el 26 de diciembre.

Aseguran fuentes del órgano judicial valenciano que el día en que Camps acudió a declarar como imputado ante el juez instructor José Flors, en mayo de 2009, tuvieron que contener a su entonces presidente, Juan Luis de la Rúa, que estaba decidido a bajar a recibir al acusado. Finalmente, lo convencieron de que ese gesto podría poner en duda la imparcialidad del Tribunal Superior de Justicia valenciano, que terminó archivando la causa al considerar que los hechos no eran constitutivos de delito. Una decisión que fue revocada posteriormente por el Tribunal Supremo en un duro auto que ordenó reabrir la causa.

De la Rúa no bajó, pero sí acompañaron a Camps sus vicepresidentes y la alcaldesa Rita Barberá, mientras un nutrido grupo de fieles coreaban su nombre. La imagen de este lunes, con el expresidente bajando de un automóvil que conducía el presidente de las Cortes valencianas, Juan Cotino; unos pocos diputados aguardándolo a la puerta, y un reducido grupo de partidarios situados en una esquina del edificio explica por sí misma cómo han cambiado las cosas en menos de tres años. El protagonismo fuera de la sala de juicio lo tuvo la concentración de detractores de Francisco Camps, que entonaron durante muchas horas cánticos contra la corrupción.