Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Hurgar en las heridas

No parece, pues, que algunas víctimas del franquismo puedan descansar en paz, setenta y cinco años después de haber sido asesinadas tras el golpe de estado que condujo a la guerra civil.

SOLEDAD CALÉS

El alcalde de Poyales del Hoyo (Ávila), Antonio Cerro, del Partido Popular, ordenó el pasado 30 de julio abrir la tumba donde estaban enterradas diez víctimas de la represión franquista para trasladar a nueve de los cadáveres a la fosa común. Los restos de Virtudes de la Puente se entregaron, en cambio, a su nieta: según la versión del alcalde, quería darles sepultura donde está enterrado ahora su padre, y era ella la que había solicitado la exhumación.

Virtudes tenía 53 años cuando, durante la noche del 29 de julio de 1936, un grupo de falangistas se la llevó junto a otras dos mujeres, Pilar Espinosa y Valeriana Granada, a un paraje apartado de la Sierra de Gredos. Allí, en la curva del Esparragal, fueron ultrajadas y asesinadas. Su hila Obdulia tenía doce años entonces, y estuvo allí y fue testigo de la ignominia. Mucho tiempo después fue la que consiguió que se rescataran los restos de aquellas tres mujeres y se llevaran al cementerio de Poyales. A principios de este año se encontraron en la zona los cuerpos de otras siete víctimas de los excesos del franquismo, y fueron enterradas en el mismo lugar.

A la nieta de Virtudes no le gustó esa iniciativa y por eso pidió recuperar los restos de su abuela. El alcalde cedió y, aprovechando la situación, decidió llevarse los otros nueve cadáveres a la fosa común. El domingo, unas setenta personas se concentraron en el pueblo para protestar contra la arbitrariedad de la medida. La cosa terminó mal: algunos lugareños, jaleados por responsables del consistorio, reventaron el acto con amenazas, agresiones y al grito de “putos rojos”. En mayo, el mismo día de las elecciones, un monolito que recuerda a las tres mujeres en la curva donde fueron asesinadas fue profanado.

No parece, pues, que algunas víctimas del franquismo puedan descansar en paz, setenta y cinco años después de haber sido asesinadas tras el golpe de estado que condujo a la guerra civil. El alcalde se justifica diciendo que se llevó aquellos restos a la fosa común porque la tumba, situada al lado de la de su madre, estaba llena de agua. No sirven semejantes excusas. Los responsables políticos están para garantizar que se cumplen las leyes: que sean los que remueven las viejas heridas es una intolerable vergüenza para la democracia.

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