Un reparto más justo

Los grupos parlamentarios que forman el Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, presentaron este jueves la proposición de ley que permite crear los nuevos gravámenes sobre la banca y las empresas energéticas anunciados por el presidente Pedro Sánchez en el reciente debate sobre el estado de la nación. Las nuevas figuras tendrán carácter temporal, los años 2023 y 2024, y no se aplicarán sobre los beneficios, sino sobre los ingresos de aquellas compañías energéticas que superan los 1.000 millones de euros y los 800, en el caso de los bancos. En concreto, se aplicará un tipo del 1,2% sobre el importe neto de la cifra de negocio de las energéticas y del 4,8% sobre las comisiones e intereses que cobran los bancos. En ningún caso, estos impuestos extraordinarios podrán deducirse en el impuesto sobre sociedades ni se podrán trasladar a los clientes, so pena de una sanción del 150% del importe repercutido al consumidor.

En los últimos meses, organismos internacionales como la OCDE, y más recientemente el Banco Central Europeo, han advertido sobre los denominados beneficios caídos del cielo que las actuales circunstancias están propiciando a las compañías. En el caso de las energéticas europeas, el sistema marginalista de fijación de precios vincula el precio del kilovatio a la cotización del gas, así como la subida del precio del petróleo derivado de la guerra en Ucrania ha engordado los beneficios de las petroleras. En el caso de los bancos, ahora que los tipos de interés han empezado a subir, pueden obtener importantes beneficios solo con depositar en el banco central la financiación ultrabarata que el BCE ofreció a las entidades en plena pandemia. Y las cifras de la Agencia Tributaria establecen que existe una relación entre los beneficios de este sector y la evolución del precio del dinero.

En todo caso, tiempo habrá durante la tramitación parlamentaria de mejorar el diseño de los proyectos si fuera necesario y de dialogar con los sectores afectados, puesto que a mayor grado de consenso, mayores posibilidades de éxito tendrá la medida.

Son numerosas las voces que advierten de las dificultades de impedir que tanto la banca como las energéticas trasladen el coste a los clientes, por mucho que el Gobierno haya encargado su supervisión a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y al propio Banco de España, en el caso de la banca. Pero no será sencillo. Bastaría, por ejemplo, con que las entidades financieras no repercutan la subida de los tipos de interés del BCE sobre la remuneración de los depósitos y es difícil establecer una sanción por ello.

Estos impuestos están diseñados como una pieza más del necesario pacto de rentas que habría que suscribir después del verano. El objetivo es que estos sectores, con un importante músculo financiero, arrimen el hombro con una contribución necesaria para financiar medidas que alivien el impacto de la inflación. Todas las partes tendrán que hacerlo para capear las consecuencias de una crisis energética agravada por la guerra en Ucrania y que se ceba especialmente con los hogares más vulnerables. Si los trabajadores tienen que moderar sus aspiraciones salariales, las empresas también habrán de contribuir con unos menores márgenes. Los nuevos impuestos temporales están precisamente enfocados en capturar una porción, siquiera menor, de esos beneficios para asegurar un reparto algo más justo.