EDITORIAL
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Contra la ley homófoba de Hungría

La UE debe responder con firmeza a la lamentable iniciativa de Orbán

Protestas en Budapest contra Viktor Orbán y la nueva ley que prohíbe los contenidos que hagan referencia a la homosexualidad en los colegios.
Protestas en Budapest contra Viktor Orbán y la nueva ley que prohíbe los contenidos que hagan referencia a la homosexualidad en los colegios.MARTON MONUS / Reuters

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El Parlamento Europeo declaró oficialmente en marzo que el territorio de la Unión Europea es “zona de libertad” para los miembros del colectivo LGTBI. Pero esto no es una realidad en Polonia ni en Hungría, donde el Gobierno de Viktor Orbán acaba de lograr la aprobación de una ley que prohíbe contenidos que hagan referencia a la homosexualidad en los colegios y en programas de televisión dirigidos a menores. Si una de las mayores virtudes del club europeo es el régimen de libertades y derechos fundamentales, que se dan por garantizados, la medida del Parlamento húngaro cercena una vez más el espíritu de este espacio común.

La nueva ley húngara se aproxima a la que aprobó Rusia en 2013 contra “la propaganda gay” y se hermana también con la creciente homofobia en Polonia, donde desde hace dos años se han extendido las autodenominadas “zonas libres de ideología LGTBIQ”. En numerosos pueblos se los declara proscritos, algo que resulta inaceptable. El texto aprobado el martes por el Parlamento húngaro fortalece una atmósfera que se ha hecho irrespirable para gais, lesbianas y personas transgénero. El legislativo de ese país ya había aprobado anteriormente una enmienda constitucional que impide a parejas del mismo sexo adoptar niños y que niega la existencia de la identidad trans al definir el sexo como el fijado en el nacimiento. Con esta última ley Hungría profundiza su desafío a la UE, que no puede mirar para otro lado mientras la vulneración de derechos de las minorías se va institucionalizando bajo la deriva autoritaria y ultraconservadora de Orbán.

La votación del Parlamento Europeo en marzo pedía a Bruselas utilizar todas las herramientas disponibles para proteger a los miembros del colectivo LGTBI, incluidos los procedimientos de infracción, el artículo 7 del Tratado y el reglamento aprobado para proteger el presupuesto europeo de las violaciones del Estado de derecho. Si bien la actual presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen —que debe su nombramiento en parte a los votos de los conservadores húngaros y polacos, que se movilizaron contra su oponente socialdemócrata—, ha intentado un diálogo constructivo para reducir los desafíos de Hungría y Polonia, lo cierto es que ambos países mantienen sus políticas sin variación. Las instituciones comunitarias deben reaccionar con un escrutinio detallado de estas violaciones de los derechos humanos y, si no se corrigen, con una represalia proporcionada. El territorio de los Veintisiete debe ser “zona de libertad LGTBI”, y ello implica actuar con firmeza contra cualquier medida discriminatoria.

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