EDITORIAL
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Inseguridad jurídica como síntoma

La pugna partidista impidió un mejor armazón legal para la desescalada

Un control policial, durante el estado de alarma y toque de queda en Terrassa (Barcelona).
Un control policial, durante el estado de alarma y toque de queda en Terrassa (Barcelona).CRISTOBAL CASTRO / EL PAÍS

El estado de alarma decretado el pasado 26 de octubre ha decaído esta medianoche y con él tres importantes herramientas de lucha contra la pandemia: el toque de queda, la limitación de las reuniones sociales y los cierres territoriales. Aunque los contagios han entrado en fase de claro retroceso, la incidencia es todavía alta en muchas partes de España. Queda ahora en manos de los gobiernos autonómicos decidir las medidas a tomar, con la dificultad añadida de que se han quedado sin paraguas jurídico y toda restricción que afecte a derechos fundamentales deberá ser respaldada por autorización judicial.

Los primeros compases han mostrado lo que todos sabían: que esta nueva fase estará marcada por la disparidad de criterios judiciales al menos hasta que las decisiones de cada tribunal superior de justicia lleguen al Supremo y este pueda unificar criterios. Mientras tanto, España se mantendrá en una fase de complicaciones en la que mientras una comunidad con baja incidencia como Valencia ha obtenido el aval jurídico para mantener el toque de queda, otra con una situación mucho peor, el País Vasco, se ha encontrado con que se le denegaba.

Lo ocurrido con el estado de alarma es un síntoma amargo de cómo el clima político en el que se ha instalado el país dificulta la buena gestión de los asuntos públicos. Lo lógico hubiera sido prorrogar el estado de alarma un poco más, hasta que el proceso de vacunación haya avanzado lo suficiente como para ofrecer mayor tranquilidad, y ofrecer así un claro respaldo jurídico para las medidas restrictivas que pueden ser necesarias en lugares del país con incidencia todavía alta. Es comprensible el debate sobre qué medidas tomar según las circunstancias; no lo es acerca de un instrumento que, simplemente, constituye el respaldo legal perfecto. Pero la política española, en su estado actual, hace prácticamente inviables las soluciones pragmáticas.

El Gobierno de Pedro Sánchez tiene sin duda responsabilidad en no haber encauzado esta nueva desescalada en una situación de mayor seguridad jurídica. Pero es evidente que si esto ha sido así es en enorme medida por la oposición oportunista del PP, que con frecuencia ha usado la pandemia para golpear al Gobierno y avanzar en sus intereses partidistas. Con una oposición responsable, el Ejecutivo probablemente habría considerado de otra manera una prórroga adaptada a las nuevas circunstancias, quizá hasta el inicio del verano. Es significativa la comparación con Italia, donde el Gobierno precisamente decretó a finales de abril una prórroga hasta julio de un instrumento parecido al estado de alarma. Ahí hay debate sobre las medidas concretas, pero ningún problema serio sobre el armazón jurídico.

España se ve pues abocada a una indeseable judicialización de la desescalada. Provoca serias dudas que los tribunales estén llamados a ejercer una suerte de función de coparticipación en las decisiones ejecutivas. Reconforta al menos que la vacunación avance a buen ritmo. Eso permite pensar que lo peor está superado. Pero queda camino por recorrer y sería un grave error ceder a la tentación de una reapertura excesiva. Costaría más contagios y llegar a un verano económicamente decisivo en condiciones poco atractivas para el turismo extranjero.


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