Receta fallida e indolencia

Siguen mirando hacia atrás. Diciendo que todo es culpa del proceso de paz con las FARC, ni el hecho de que las disidencias se hayan duplicado en los últimos tres años les permite aceptar su fracaso. Creen que con la narrativa de todo es culpa de los otros, se salvarán del balance que les hará la historia. Este Gobierno y su fallida receta contra la violencia que nos vuelve a carcomer está fuera de control.

Presenciamos un Ejecutivo perdido y otros entes de control, apéndices del Gobierno, demasiado ocupados en sacar del ruedo electoral, vía judicial, a candidatos presidenciales como ocurriera con Sergio Fajardo con una imputación de cargos por no prever que el dólar fluctuaría y generaría un detrimento en su departamento cuando fue gobernador. Quienes pensamos que a Francisco Barbosa no se le entraría el virus de la megalomanía que habita en la Fiscalía general de la nación, como a sus antecesores, parece que nos equivocamos.

Aunque muchos ministerios se ocupan de sus labores, lo cierto es que los llamados a garantizar la vida y generar empleo, están demasiado ocupados haciendo montajes tipo Estado Corleone a sus contradictores dentro y fuera de las fronteras, perdiendo una oportunidad de oro para reconciliar a los electores con liderazgos distintos y sembrando mayor escepticismo y desazón.

Colombia ha vivido una de las semanas más violentas de los últimos años. Inadmisible querer negar que la situación humanitaria en la frontera entre Colombia y Venezuela por cuenta de los desplazamientos del lado venezolano, las masacres, desplazamientos y confinamientos, sean el regreso de la guerra. Preocupa que, para el jefe de las fuerzas militares colombianas, todo se reduce, en su opinión, a un problema de percepción y los actos terroristas, una respuesta al desespero.

No, no están controlados, ni desesperados, están en plena disputa por el control territorial, por la droga, por la minería ilegal y el negocio de la trata de personas. Y el ELN está actuando como grupo criminal porque controla vastas zonas del país y les sirve de bisagra para actuar a los grupos de narcotráfico, a las disidencias de las FARC, al Clan del Golfo. Hay una verdadera guerra civil en los municipios del sur del Cauca. Y eso es un hecho objetivo y no una percepción, general.

¿Desesperados quienes son capaces de hacer estallar un vehículo bomba a media cuadra de la fuerza pública en el Cauca? No creo. ¿A pocos minutos de una base militar? Tampoco. Aquí la guerra regresó. Y no es una violencia política, es una violencia criminal, degradada, que implica una manera muy distinta de enfrentarla. Las disidencias de las FARC pasaron de hacer presencia en 56 municipios en 2018 a 127 para 2021, según datos de Ariel Ávila de la Fundación Paz y reconciliación. Las masacres en Colombia vienen en aumento desde 2018 y de 2019 a 2020 pasamos de 21 a 44 masacres.

El municipio de La Victoria, Estado Apure en Venezuela es ahora un suelo de sangre y desplazamiento. Las Fuerzas Militares venezolanas iniciaron ataques en contra de estructuras de las disidencias de las FARC, asesinando familias inocentes y dejando 4.700 personas desplazadas. El Gobierno anuncia que, en tres meses, para junio, enviará 2.000 hombres a la frontera. ¿Cuál será la lógica para esperar tres meses, para cuando el desplazamiento llegue a 10.000 o 20.000, cuando todos estén contagiados de covid bajo las carpas en que se resguardan del miedo? O para cuando tengamos un conflicto binacional de magnitudes insospechadas en los más de dos mil kilómetros de frontera que compartimos con Nicolás Maduro.

A esta situación debe ponerle los ojos la comunidad internacional, ACNUR en su papel para el apoyo a los migrantes y refugiados y otras organizaciones, para crear puentes de entendimiento entre las naciones. El negocio para los militares venezolanos y la desidia de nuestro Estado en esos más de 2 mil kilómetros de frontera que compartimos con Nicolás Maduro, el un coctel molotov.

La Cruz Roja Internacional puso el foco esta semana en el desplazamiento como el crimen más recurrente en Colombia. Van 2.000 en el Cauca, 4.000 en Nariño a donde ni siquiera se ha logrado llegar con la vacunación por el conflicto, y la respuesta es la misma. Una receta que incluye el consabido consejo de seguridad, el ofrecimiento de recompensa pírrica y el aumento de pie de fuerza, como hicieron ya en el Cauca el año pasado con el envío de 2.500 hombres a quienes les estalla la violencia en sus narices.

¿Cuál es la dinámica de la violencia que estamos reviviendo y que debería entender el Gobierno? Es distinta y es distinta porque no están las FARC, y siguen actuando como si estuvieran. Estos delincuentes actúan de otra manera, allí precisamente donde debía el Estado copar los espacios y no lo hace de manera eficiente. En cada territorio la acción armada es distinta. Los grupos cambian de territorio a territorio. No es igual en el Catatumbo que en el sur de Nariño. La expansión de las organizaciones criminales en su aspiración por controlar las rentas ilegales va desapareciendo comunidades y líderes comprometidos con la legalidad, con la sustitución.

¿No lo entiende el Gobierno? No lo quiere entender. Me pregunto si les parece conveniente profundizar la guerra de cara a las próximas elecciones. Sería mezquino. Pero posible. ¿Están perdidas las fuerzas militares acostumbradas a una dinámica de Autodefensas Unidas de Colombia contra las FARC? Sería gravísimo haberse quedado en el pasado. No funciona la inteligencia, no hay interés alguno en discutir sobre las soluciones al tráfico de estupefacientes pasando por la regulación, no hay una profundización decidida por la apuesta a la sustitución, no llega la justicia a castigar ningún crimen.

¿Cuántos muertos después lo van a entender?

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