Regeneración

Hay algo peor que el daño que Juan Carlos I le ha hecho a la institución de la Jefatura del Estado y a su propia figura histórica: el daño que, para remediar el suyo, están haciéndose las instituciones que no responden con prontitud y transparencia a las demandas de información sobre la situación fiscal y personal de alguien que, todavía hoy, goza de atención y recursos por parte de Patrimonio del Estado. Y que, en cualquier caso, ha sido la máxima representación de España hasta hace cuatro días y durante casi 40 años.

El argumento de que hay que esperar a conocer cómo se sustancian las investigaciones penales antes de obtener una explicación oficial por parte de la Casa del Rey o del Gobierno no impide en absoluto que, mientras tanto, se dé cuenta del proceder de la Administración —la Agencia Tributaria, por ejemplo— en todo lo que se refiere a la situación del rey emérito. Si no se quiere que quede en el aire la sospecha de que se está intentando a toda costa evitar el curso de la justicia que se aplicaría a cualquier otro ciudadano. La Ley General Tributaria, que ampara la privacidad del contribuyente, debe protegerlo a él como a cualquier español, pero no puede ser una armadura que bloquee el derecho a la información en asuntos de la relevancia pública de este. Estos son los dilemas, más políticos que jurídicos, que hay que resolver cuanto antes para evitar que el daño se extienda, todavía más, al presente.

España lleva seis años de inestabilidad política e institucional acumulando elecciones y gobiernos en minoría. Un periodo que se inició al grito unánime de “regeneración” y promesas de corregir errores del pasado. No puede ser que el ciclo de la regeneración vaya a cerrarse ahora contemplando cómo los partidos viejos y los nuevos se reparten sillones en el consejo de administración de RTVE por el clásico criterio de este para mí, este para ti; cómo el principal partido de la oposición decide no hablar más de los años de corrupción que se le investigan en los tribunales, y cómo se cubre con un manto de silencio o palabras huecas el hecho de que el ex jefe del Estado admita que defraudó a Hacienda por ingresos que no se corresponden con su asignación pública. O mejor dicho, sí puede ser, se está haciendo. Pero que, al menos, nos ahorren la matraca de su defensa de la institucionalidad día sí y día también.