Un esperanzador giro migratorio en EE UU
Biden impulsa una reforma con difícil recorrido, pero fundamentos acertados
La promesa electoral del presidente Joe Biden de reformar a fondo el sistema de inmigración de Estados Unidos nada más tomar posesión se concretó esta semana en un proyecto legislativo presentado en el Congreso. Los demócratas abordan esta cuestión urgente con una iniciativa muy ambiciosa que toca todos los aspectos del problema, fosilizado desde hace décadas a pesar de múltiples intentos de ambos partidos. A esta reforma migratoria le espera un largo e incierto recorrido legislativo, pero al menos promete que EE UU va a tener un debate exhaustivo —en las instituciones y en la sociedad— sobre su sistema de inmigración después de cuatro años de histeria en Twitter, caos en las fronteras y algunos episodios de muy bajo calado moral.
El punto más ambicioso consiste en la regularización en un plazo de ocho años de casi todos los 11 millones de inmigrantes indocumentados que se calcula que viven en el país, una cifra descomunal acumulada desde la amnistía decretada por Ronald Reagan en 1986. Después de pasar exámenes de antecedentes y pagar sus impuestos, algo que muchos ya hacen, podrán pedir un permiso de residencia y después nacionalizarse. El centro Pew calcula que unos 7,6 millones de esos indocumentados trabajan. Dos tercios de ellos llevan más de una década en la nación americana. Más de la mitad viven y trabajan en los seis Estados que son el motor económico de EE UU, no por casualidad. Con esta medida, Biden reconoce la realidad del país y los demócratas hacen buena una reivindicación de su electorado latino.
El proyecto desmonta metódicamente pieza a pieza toda la política antiinmigración de Donald Trump, desde resolver el atasco de visados hasta un manejo racional de la frontera. Además, incluye un intento de aliviar las causas de la inmigración irregular, hoy desplazada sobre todo a Centroamérica. Los demócratas proponen invertir hasta 4.000 millones de dólares en los países centroamericanos para mitigar la huida desesperada de su población. Es muy positivo que EE UU reconozca que la inmigración no es un problema que surge espontáneamente en su frontera sur.
La falta de apoyos a priori de congresistas republicanos no es un buen augurio. La polarización y el miedo electoral al ala extremista republicana, que hizo fracasar el plan bipartito de 2013, solo ha ido a peor. El más que seguro bloqueo republicano en el Senado hace que los demócratas ya estén pensando en alternativas.
Pero tanto si el plan se aprueba en su totalidad o por partes, lo importante es que la Administración Biden ha enterrado en un mes la paranoia trumpiana según la cual las familias miserables en busca de asilo en la frontera eran presentadas como bárbaros criminales invasores. Se justificaban así soluciones medievales, como levantar murallas en medio del desierto, encerrar a los inmigrantes indefinidamente, o arrancarles a los hijos de sus brazos para que otros desistieran del viaje por puro terror. Por el camino, la Casa Blanca humilló a las naciones centroamericanas y envenenó la relación con México. Después de esta experiencia, inspirada por un racismo supremacista indisimulado, devolver el debate de la inmigración al ámbito de la realidad y mirar a los ojos a las personas ya es por sí solo esperanzador.
