Diálogo necesario

El reflejo probablemente más explícito de las consecuencias económicas de la pandemia, como de cualquier otra crisis económica de extensión global, es el ascenso de la mortalidad empresarial y del desempleo. La de España ha sido una de las economías avanzadas donde más han aumentado esos dos indicadores. Lo han hecho porque el contagio del virus llegó pronto y la reacción de confinamiento fue más estricta, pero también porque nuestro censo empresarial, dominado por microempresas, y nuestro mercado de trabajo, con una notable precariedad, son más vulnerables que el resto.

La dirección de las políticas compensadoras del Gobierno fue en general correcta, en línea con las definidas por otros países de la eurozona, priorizando la atención a las exigencias de financiación de las empresas más vulnerables y a la aplicación de los ERTE para paliar el impacto de la crisis sobre el empleo. Todo ello tuvo lugar en un contexto de entendimiento entre sindicatos y organizaciones empresariales, de diálogo social, que contrastó con la crispación parlamentaria. Ese diálogo, además, ha avalado la prórroga de los ERTE hasta final de septiembre y la firma de un acuerdo por el empleo que reforzó la posición española en el Consejo Europeo donde se aprobó el fondo europeo de reconstrucción.

Seis meses después, las señales de recuperación en el conjunto de la economía mundial y desde luego en España no son tan intensas e inequívocas como se anticipaban antes de julio. Algunos de los apoyos con recursos públicos a la supervivencia empresarial y al mantenimiento del empleo pueden seguir siendo necesarios, como lo han sido los apoyos específicos solicitados a Bruselas por el Gobierno, precisamente para la cobertura de los ERTE. Las adaptaciones normativas, legislativas, que la propia crisis y el confinamiento han revelado requieren que ese clima de entendimiento se mantenga. Además de la prórroga adicional de los ERTE, donde no es de esperar que existan especiales diferencias, en las próximas semanas se deberán abordar aspectos relevantes, como la regulación del teletrabajo. Este será un ámbito poco frecuente en las habituales negociaciones. Puede ser expresivo de la actitud de las tres partes, pero desde luego, de sindicatos y patronal, ante un fenómeno irreversible y de todo punto necesario: van a seguir siendo muchas las empresas que en las próximas semanas acelerarán la transición de funciones y tareas hacia el trabajo en remoto.

Ese test debería revelar la voluntad y capacidad de los agentes para enfrentar una gestión de la crisis mucho más compleja y duradera de lo previsto, donde deberán abordarse asuntos como la reforma laboral, probablemente el ámbito de mayor sensibilidad política y de mayor atención en Bruselas. Pero los trabajos de la mesa de negociación colectiva y salarios, o el asunto de los falsos autónomos, son igualmente centros de atención en los que se pondrán de manifiesto esas actitudes. De ellas dependerá que la ofuscación de las formaciones políticas encuentre vías de flexibilización, entre otras razones para disponer de un marco de presupuestación absolutamente necesario. Pero también para que el conjunto de los agentes económicos, incluidos las instituciones y los inversores internacionales, no contemplen a este país como el territorio en el que la confianza es imposible de restaurar.