El Gobierno de México asegura que un coronel ordenó asesinar a seis de los 43 normalistas de Ayotzinapa días después de desaparecer

El subsecretario Encinas apunta a la implicación del coronel José Rodríguez, comandante del Ejército en Iguala, en el ataque. Es la primera vez que se señala la participación activa de militares en la desaparición

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, este viernes durante la conferencia matutina del Gobierno.
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, este viernes durante la conferencia matutina del Gobierno.Presidencia de México (EFE)

El Gobierno de México asegura que un coronel del Ejército, José Rodríguez, ordenó asesinar a seis de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Así lo ha dicho el viernes Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, encargado de la comisión presidencial que investiga el caso. “Se presume que seis de los estudiantes estuvieron con vida hasta cuatro días después de los hechos”, ha dicho Encinas, en referencia al día del ataque, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. “Y que fueron ultimados y desaparecidos por órdenes del coronel, presuntamente el coronel José Rodríguez”. Es la primera vez que el Gobierno señala la participación activa de los militares en el ataque contra los estudiantes.

El informe de la comisión sobre el caso, presentado la semana pasada, sugería que un grupo de estudiantes había sido mantenido con vida tras el ataque. Pero las palabras de Encinas este viernes elevan el grado de probabilidad. A partir de la página 88, el informe reproduce un cuadro en que señala el posible destino de los estudiantes. Ahí señala que “el coronel había comentado que ellos ya se habían encargado de seis estudiantes que habían quedado vivos”. En la presentación del informe, Encinas no dijo que el coronel era “presuntamente” Rodríguez.

El coronel Rodríguez era el comandante del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, en el momento del ataque. Ascendido a general durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), no es la primera vez que su nombre aparece vinculado al grupo criminal que perpetró el ataque, Guerreros Unidos. Las declaraciones de uno de los testigos protegidos del caso, cuyo nombre se aireó en numerosas ocasiones, Gildardo López, alias El Gil, presunto integrante del grupo y parte de la red de atacantes, ya señalaban a Rodríguez. El Gil ha dicho estos años que Rodríguez estaba en la nómina de Guerreros Unidos.

En la comparecencia del viernes de Encinas, el subsecretario ha pasado diapositivas en que se ve el presunto contacto de Rodríguez con un integrante de Guerreros Unidos la noche del ataque. En la diapositiva se ve que El Chino “reporta” al coronel. Y que el coronel “da órdenes y coordina” con él. En la imagen se aprecia también contacto de El Chino con el capitán José Martínez Crespo, actualmente preso, acusado de delincuencia organizada, por su presunta colaboración con Guerreros Unidos. Según ha podido saber EL PAÍS, Rodríguez es uno de los buscados por la Fiscalía después del anuncio de que la agencia investigadora ponía en búsqueda y captura a 20 militares el viernes pasado.

Encinas ha dedicado la primera parte de su comparecencia a responder a las críticas al informe, que concluye que la desaparición de los 43 estudiantes en el Estado de Guerrero en 2014 fue un “crimen de Estado”. El subsecretario puso de manifiesto el día de la presentación, el 18 de agosto, lo que hasta ahora no había expresado en público ningún alto funcionario del Gobierno mexicano: que no hay indicios de que los estudiantes sean encontrados con vida. “Muchas de las críticas que se plantean muestran que el documento no se ha leído”, ha apuntado Encinas. “Este informe es el resultado de un proceso de investigación y de análisis técnico y científico, pero sí, también hay un contenido político”, ha continuado el funcionario, “pues esclarecer un crimen de Estado es un asunto que hemos encarado con convicción y voluntad política”.

El informe fue elaborado por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia puesta en marcha hace tres años y medio por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador. El objetivo del órgano es esclarecer qué pasó con los estudiantes desaparecidos en el municipio de Iguala en 2014 y dónde están sus restos. Tras la desaparición de los 43, el Gobierno de Enrique Peña Nieto se apresuró a presentar un relato que planteaba que los estudiantes habían sido ejecutados y quemados en un basurero, y sus restos habían sido despojados en un río. El entonces fiscal Jesús Murillo Karam —detenido un día después de que se difundiera el reciente informe— usó él mismo el término “verdad histórica” para presentar esa tesis en 2015.

El subsecretario ha marcado “una diferencia sustancial y de fondo” con la narrativa elaborada durante la Administración pasada: “La verdad histórica se sustentó en las declaraciones obtenidas mediante tortura, en la fabricación de pruebas y la manipulación de la escena del crimen. Nosotros no torturamos absolutamente a nadie”. La investigación cuestiona, además, aquella versión. El documento niega que los estudiantes fueron “detenidos, ejecutados y quemados en el basurero de Cocula” y que sus restos fueron “esparcidos en el río San Juan”, desmiente “que la desaparición fue un hecho fortuito”, “que los estudiantes fueron llevados a la comandancia municipal de Iguala” y que fueron “entregados por la policía a Guerreros Unidos”, y rechaza “que la desaparición la ordenó El Gil”.

El subsecretario ha precisado que la investigación, que continúa en marcha y que aún no esclarece el destino de los estudiantes, presenta una reconstrucción “minuto a minuto” de lo que ocurrió entre las diez de la noche del 26 de septiembre y las seis de la mañana del 27, desde que los estudiantes salieron de la escuela normalista de Ayotzinapa hasta su desaparición: “Hemos podido determinar la forma en la que se articuló el grupo delictivo de Guerreros Unidos con autoridades de distintos órdenes del Gobierno. Hemos acreditado cómo, en todo momento, las autoridades hicieron el seguimiento de las acciones de los estudiantes, quienes eran monitoreados desde días previos por las movilizaciones que se iban a realizar el 2 de octubre en Ciudad de México, y cómo estuvieron al tanto de su salida de la escuela normal, su llegada a Iguala y de los hechos que precedieron a la desaparición”.

Según el informe, eso acredita no solo “responsabilidades por acción, omisión o negligencia” sino también “el involucramiento de autoridades en la desaparición de los normalistas”. Tras la presentación del documento, un juez ordenó la detención de 20 “mandos militares y personal de tropa” y la captura de 44 policías, 14 presuntos delincuentes, integrantes de Guerreros Unidos, y cinco “autoridades administrativas y judiciales” del Estado de Guerrero. Este viernes, Encinas ha señalado que el Gobierno espera que se ejecuten otros arrestos “en las próximas horas”.

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