El Ejército mexicano destruyó miles de documentos del batallón vinculado con el ‘caso Tlatlaya’

En 2017, aprovechando un traslado, la Secretaría de la Defensa aprobó la quema de 10 años de información del cuartel, incluyendo 2014, año de la matanza

Fotografía de archivo de un rastro de sangre en el lugar los hechos del Caso Tlatlaya.
Fotografía de archivo de un rastro de sangre en el lugar los hechos del Caso Tlatlaya.B. RODRIGUEZ

El Ejército mexicano ha destruido miles de documentos del batallón vinculado con el caso Tlatlaya. Ocurrió en 2017, aprovechando el traslado del cuartel, del Estado de México a Jalisco. Entonces, la Fiscalía mantenía abiertas dos investigaciones por el asunto, la supuesta matanza de al menos ocho civiles en junio de 2014, a manos de militares adscritos a dicho cuartel, el 102 Batallón de Infantería, después de un enfrentamiento a balazos. Los documentos fueron quemados, situación que no se conocía hasta ahora.

“La destrucción de la documentación es de suma gravedad, no solo para el esclarecimiento de los hechos, sino para el derecho a la verdad y justicia de las víctimas indirectas. Además, da cuenta de una decisión que, lejos de impulsar la transparencia y rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas, encubre a sus elementos y elimina evidencia que podría arrojar elementos claves para investigaciones en curso, frente al despliegue y fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública”, señalan Ivette Galvan y César Contreras, abogados de Clara Gómez, víctima indirecta de la matanza. La hija de Gómez, Erika, de 15 años, murió en la balacera con los militares, previa a los asesinatos.

Los documentos destruidos recogían 10 años de vida cuartelaria, de 2005 a 2015. Se trata de “partes de novedades, controles de asistencia, informes de arresto, oficios de vacaciones, licencias ordinarias, correctivos disciplinarios” entre otros, según la propia Secretaría de la Defensa (Sedena). La dependencia indica que eliminó toda esta documentación porque “carecía de valor administrativo, contables y/o fiscales, históricos, y que no se consulta, por lo que resulta innecesaria su conservación”.

La destrucción se conoce ahora gracias a solicitudes de información de los abogados de Clara Gómez. Integrantes del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro, los letrados han pedido esta y otras informaciones al Ejército para tratar de entender las dinámicas castrenses en la zona, en esa época. Gómez figura como víctima indirecta en uno de los dos procesos por el caso. Ella y los abogados han insistido a la Fiscalía estos años para que investigue la cadena de mando el día de los hechos.

En las respuestas a las solicitudes, Sedena adjunta un documento, un “Acta de Baja Documental”, que da detalles de la destrucción. La dependencia explica, por ejemplo, que la comandancia de la 22ª Zona Militar, instancia superior del 102 batallón, dispuso la eliminación de archivos el 15 de mayo de 2017, previa firma del general Enrique Dena, militar de mayor rango en la zona. En las páginas siguientes, la secretaría explica el tipo de documentos contemplados para eliminar e incorpora fotografías de la quema.

Los abogados denuncian que a la Fiscalía no le interesa investigar la cadena de mando en el caso Tlatlaya. A lo largo de los años, denuncian, la agencia investigadora ha intentado cerrar la investigación varias veces, cosa que ocurre actualmente. Los investigadores tratan de privilegiar una indagatoria paralela, que no reconoce a Gómez como víctima indirecta. Sus defensores intentan por todos los medios mantener viva la otra, en la que pueden incidir, pedir nuevas pruebas y descubrir situaciones como la destrucción de documentos del 102 batallón.

Al respecto, Galván y Contreras señalan: “Llama la atención cómo la Fiscalía, encargada de la investigación, no solicitó y aseguró dicha documentación de manera previa, lo cual hubiese sido necesario para llevar a cabo una investigación diligente, más aún cuando se trata de violaciones graves a derechos humanos donde está involucrado el Ejército Mexicano”.

La orden original

Entre los documentos destruidos figura también un oficio que resulta importante para entender precisamente el papel de los mandos. Se trata de la plantilla original sobre la que se basó el comandante suplente del 102 batallón para firmar la orden de operaciones vigente el día de la matanza. En esa orden, el comandante suplente, el teniente coronel Sandro Díaz, instruía a la tropa a “operar de noche en forma masiva y en el día reducir la actividad, con el fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad”.

Tratando de evitar la culpa, Díaz siempre ha dicho que ese documento, conocido en México como orden de abatir, se copió de otros idénticos. EL PAÍS informó el jueves de que existen al menos tres oficios de ese tipo, todos con la misma instrucción, “abatir delincuentes en horas de oscuridad”. Este diario posee copia de dos de ellos. El superior de Díaz en la época de la matanza, el entonces Coronel Raúl Castro, comandante titular del batallón, declaró por su parte que la redacción de la orden de abatir no era correcta, que la correcta era “abatir el índice de delitos”. Era, por tanto, un error en la transcripción. Castro aparece, sin embargo, como firmante de los otros dos oficios, que recogen la expresión “abatir delincuentes”.

En todo caso, la defensa de los mandos siempre ha apuntado al error en la transcripción. En el juicio por el fuero militar contra Díaz, por ejemplo, la defensa ofreció una copia de la plantilla original, denominada oficialmente “mensaje 47067″, donde supuestamente figuraba la expresión correcta, que no sería tal y como la había mencionado Castro, sino “abatir homicidios perpetrados por delincuentes”. También el Secretario de la Defensa en el sexenio pasado, el general Salvador Cienfuegos, dio el mismo argumento en una entrevista que concedió al diario Excélsior, en 2015.

Visto lo que había dicho Cienfuegos, conocedores de lo que se dijo en el juicio a Díaz, los abogados de Clara Gómez solicitaron al Ejército una copia de la plantilla original, para incorporarla al proceso civil del caso Tlatlaya, en el que la justicia reconoce a la mujer como víctima. La respuesta fue desconcertante: “No fue localizado el documento de referencia (...) en razón de que, por una parte, el 102 Batallón cerró sus instalaciones en San Miguel Ixtapan, Estado de México, y por la otra que la comandancia de la 22ª zona militar (...) hizo constar la destrucción de 86 legajos que incluyen partes de novedad, control de asistencias, entre otros”.

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Sobre la firma

Pablo Ferri

Reportero en la oficina de Ciudad de México desde 2015. Cubre el área de interior, con atención a temas de violencia, seguridad, derechos humanos y justicia. También escribe de arqueología, antropología e historia. Ferri es autor de Narcoamérica (Tusquets, 2015) y La Tropa (Aguilar, 2019).

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