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Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Cuando López Obrador hace política y gobierna

Las legislativas de 2021 solo incrementaron la tensión con un Gobierno federal que marginó a los gobernadores de las decisiones trascendentales

Salvador Camarena
Samuel García y Andrés Manuel López Obrador
El gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, y Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional a principios de julio.Presidencia de México (EFE/Presidencia de México)

La primera alternancia de la democracia mexicana encalló en una muralla de gobernadores priístas. Los dos Ejecutivos surgidos del PAN (2000-2012) no edificaron una hegemonía que impusiera nuevas reglas a mandatarios locales que no por nada entonces fueron llamados virreyes. Así pavimentó el PRI su retorno a la presidencia en 2012, desde los presupuestos estatales. Sin escatimar todo tipo de rudezas Andrés Manuel López Obrador sorteó esa trampa, pero pasadas las elecciones intermedias ha comenzado a forjar alianzas que muestran que el beligerante presidente mexicano es también un elaborado político.

En octubre de 2020 la prensa dio cuenta de un titular que pertenecía al siglo pasado. “Gana el PRI carro completo” es una frase que trae malos ecos a los mexicanos. Pero publicada en la actualidad, la noticia surgida de las elecciones locales de ese mes en Coahuila e Hidalgo resultaba sorprendente porque el derrotado era Morena, el partido del avasallante López Obrador. Sorprendente para la opinión pública, pero no para AMLO, que interpretó esos resultados como la confirmación de que los gobernadores opositores desvían el presupuesto público para influir en los votantes. La añeja desconfianza del mandatario en sus pares estatales solo creció.

Para entonces, López Obrador ya había establecido su estilo personal de (mal)tratar a los gobernadores que no eran de su movimiento, en 2019 solo uno de cada cinco mandatarios estatales eran morenistas. Otra vez un presidente tenía en contra a la gran mayoría de los gobernadores pero a Andrés Manuel no lo iban a capturar. Si para dejarlo claro tenía que humillarlos, sea. Las visitas del presidente a los estados inauguraron un patrón que rompía con las viejas formalidades y cortesías que tales funcionarios solían dispensarse en público: los abucheos en contra de los virreyes en su propio cotarro fue una novedad con mucho trasfondo.

En el pasado, un presidente recién llegado era calado –puesto a prueba– por sindicatos, empresarios y otros grupos de interés. Y desde los años noventa incluso por los gobernadores. Pero a partir de 2018 López Obrador fue un quebrantahuesos. Desde la mañanera estableció el acoso y derribo de funcionarios de reguladores autónomos, periodistas e intelectuales críticos y, por supuesto, de militantes de la oposición, incluidos gobernadores, con quienes cumplió a secas las dispensas formales o legales. Eso desde Palacio Nacional, mientras que sus visitas al territorio opositor se convirtieron en hostiles mítines donde el que jugaba de local terminaba injuriado.

Las legislativas de 2021, donde además se disputaron la mitad menos una de las gubernaturas del país, solo incrementaron la tensión con un Gobierno federal que marginó a los gobernadores de las decisiones trascendentales, como las del manejo de la pandemia, incluida la vacunación contra la covid-19; la Federación incluso emprendió acciones legales por graves cargos en contra de uno de los pocos gobernadores, el de Tamaulipas (PAN), que no se quedó callado en una visita del hostil López Obrador a su Estado.

Pero pasadas las elecciones –en las que su movimiento ganó 12 gubernaturas por lo que ahora tendrá más de la mitad de las 32 entidades federativas– han ocurrido cosas que hablan de que el presidente ha iniciado una nueva etapa. No una de un federalista non, como cabría esperar de alguien que se dice alumno de la Reforma del siglo XIX. No. Su relación con los gobernadores seguirá marcada por sus ganas de uniformar al país del color de Morena antes que por abrazar la diversidad nacional. Pero sí una donde ha de elegir aliados para que ahí donde no ha podido ganar sean también incapaces de avanzar aquellos a los que más busca desterrar: los prianistas. Por eso hoy ve con buenos ojos a Movimiento Ciudadano y a sus dos gobernadores, el de Jalisco con que el que ha sostenido sonoros diferendos desde 2018, y el de Nuevo León, importante entidad que en los comicios de junio pasado fue ganada por el partido naranja.

Ay Jalisco no te rajes

Luego de la elecciones intermedias, López Obrador ha tenido ya dos reuniones con el Gobierno de Jalisco. Si eso no fuera ya notable, que en tan breve periodo este presidente se haya sentado con un gobernador de oposición un par de veces, hay que decir que lo ha hecho en un formato poco visto: no solo se entrevistaron ellos, sino que hubo delegaciones de ambos. Que el presidente se reúna con el Ejecutivo de un importante Estado parecería un hecho de una rutinaria intrascendencia en otro país o contexto, pero en el México de López Obrador supone un acto político de envergadura.

Los temas ahí tratados aún son generalidades –proyectos de infraestructura o saneamiento de cuencas que para ser realidad han de encontrar aún espacio en el excel del presupuesto de 2022, que la Federación entregará a la Cámara de Diputados en septiembre. Pero la lectura política es que Andrés Manuel se ha puesto a hacer política con opositores, de cara a las elecciones de 2024 y con la divisa de que él gana si pierden los partidos que han prometido enfrentarlo coaligados en el Congreso de la Unión.

Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco surgido de Movimiento Ciudadano, es como López Obrador: abrasivo con la prensa, brusco de maneras a la hora de lidiar con reclamos de colectivos de mujeres y víctimas, y presto a los discursos chovinistas. Quizá por eso mismo ambos chocan. Y quizá eso es lo que los ha reunido. Se pelean en público y, ganadores como son del 6 de junio, se entienden en privado. Otros gobernadores quisieran al menos eso.

López Obrador respeta (y esa frase no se escribe a menudo) a quienes él cree que no utilizan el presupuesto para ganar en elecciones. Así ha trazado una buena relación con los actuales gobernadores de Sinaloa, Sonora y Nayarit, que vieron cómo sus estados perdieron en junio la gubernatura, pero no así con el de Michoacán, también derrotado pero al que no ha querido ver a pesar de que se le ha ido a sentar en la puerta de Palacio Nacional en demanda de audiencia.

Pero hoy a Alfaro le reconoce que ganó en su Estado –en Jalisco Movimiento Ciudadano retuvo la capital e importantes municipios, así como el Congreso local. Mas también le reconoce que sea un actor que podría crecer en la rala baraja opositora en la ruta de la sucesión presidencial de 2024. Con López Obrador, Alfaro ha tenido una relación tensa, donde el gobernador no ha escatimado críticas al Gobierno federal y en particular a su zar anticovid, a quien ni más ni menos esta misma semana al salir de la segunda reunión con el presidente volvió a zarandear al acusarlo de no ayudar a su Gobierno a vacunar a más jaliscienses para protegerlos en plena tercerla ola de la pandemia. Al día siguiente, en vez de reprimenda el de Movimiento Ciudadano recibió la noticia de que en cuestión de horas tendría vacunas para aplicarlas en Puerto Vallarta a todos los mayores de 18 años. La vociferante relación da frutos.

Algo parecido ha ocurrido con Samuel García, que ganó en Nuevo León para Movimiento Ciudadano. Durante la campaña, el presidente utilizó la mañanera para atacarle, y desde el Gobierno hubo filtraciones de supuestos ilícitos financieros de la familia del regiomontano; pero tras de que triunfara el presidente mismo ha desestimado los señalamientos y esta semana incluso le ha defendido de la autoridad electoral, que ha acusado al emecista de gastos indebidos. López Obrador sabe que si los de MC ganan, la suma de la oposición pierde y con el caso del neoleonés incluso hoy busca desacreditar a la autoridad electoral, que es el siguiente objetivo político del presidente.

En las legislativas pasadas Movimiento Ciudadano renunció a ir en bloque con los otrora tres grandes partidos de México: Acción Nacional, el Revolucionario Institucional y el de la Revolución Democrátiva. Por esa negativa fue acusado de prestarse no solo a dividir a la oposición, sino de hacerlo en acuerdo con López Obrador. Los del partido naranja negaron ser el esquirol del presidente pero ahora se beneficiarán de una estrategia gubernamental que ha dejado clara su intención de darles un estatuto que regateará a los demás.

Es una relación privilegiada donde el presidente no tiene nada qué perder. Ayudará a Alfaro a cerrar bien su ejercicio y a Samuel le dará apoyo presupuestal para tener un buen arranque de Gobierno. Nadie puede descartar que a cambio Movimiento Ciudadano apoye al presidente en el Congreso, pero será a partir de un nuevo entendimiento, uno forjado por un López Obrador que se sienta a revisar proyectos estatales de sus opositores y promete encontrar el presupuesto que ha escatimado a mujeres, científicos y hasta enfermos.

En retribución lógica, la demandaba de algunos gobernadores para que López Obrador aceptara una cirugía correctiva del pacto fiscal, y donde Jalisco y Nuevo León son imprescindibles, quedará desinflado. Nobleza obliga. Porque el estridente político que en cada mañanera parece alérgico a negociar ha iniciado una ruta de acuerdos con MC que muestran otra de las caras de Andrés Manuel. Él, que tiene un ejército electoral-asistencial incrustado en la secretaría del Bienestar– decide quién de los gobernadores se portó bien en las elecciones y quién no. Y con algunos de ellos ahora establecerá un canal de comunicación y colaboración que será la excepción, no la regla, del intento polarizador del presidente. A Alfaro y a García no les dará tanto como quieren ni como necesitan sus estados, y lo hará –otra vez– solo en para aquellos proyectos que el presidente, y no los gobernadores, cree que valen la pena.

Porque novedosas como sean estas cortesías de López Obrador para los emecistas, no constituyen actos de gobierno, son calculadas notas de su pauta para seguir construyendo la hegemonía que los panistas no pudieron ni iniciar y que el priismo vio desmoronarse: el nuevo proyecto político de México no es federalista, somete a los gobernadores a una voluntad única. Es un presidencialismo priísta reloaded. Uno donde el jefe de la República domina que la disciplina se aplicará, como en el pasado, discrecionalmente. Donde él, y no los votantes, definirán los espacios en los cuales algunos opositores pueden coexistir e incluso tener proyectos. Ha elegido a Movimiento Ciuadadno para anular a las otras oposiciones. Jalisco y Nuevo León podrían ganar de ello. El país, difícilmente.

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