SUBCONTRATACIÓN

El Congreso mexicano aprueba la reforma para limitar el ‘outsourcing’

La modificación restringe la subcontratación de personal a servicios especializados y es aplaudida como una victoria para los derechos de los trabajadores

Una sesión del Senado, en diciembre de 2020.
Una sesión del Senado, en diciembre de 2020.SENADO DE MÉXICO / EFE

El Senado mexicano ha aprobado este martes la reforma al outsourcing. Por una amplísima mayoría de 118 votos a favor, 2 abstenciones y ninguno en contra, la cámara alta ha dado el visto bueno en lo general a las modificaciones legales que limitan la subcontratación de personal a servicios o ejecución de obras “especializados” y la prohíben para actividades esenciales que formen parte del objeto social o del modelo de negocio de la empresa. La prohibición, aplaudida como un logro para los derechos de los trabajadores, se aplica también al sector público. El Congreso sella así una prioridad del presidente Andrés Manuel López Obrador que había sido criticada por la iniciativa privada en un momento de profunda crisis económica debido a la pandemia.

El paquete aprobado implica la modificación de seis leyes y de la Constitución. Además de restringir los escenarios en los que es posible la subcontratación, la reforma obliga a las agencias de colocación a registrarse en un padrón público y a las empresas que recurran a sus servicios, a ser responsables “solidarias” en caso de incumplimiento de las obligaciones laborales o fiscales. Estas últimas tendrán tres meses para incorporar a la nómina al personal subcontratado que no caiga en las excepciones previstas por el nuevo marco legal. En la Cámara de Diputados, donde la reforma se aprobó la semana pasada, los diputados añadieron una cláusula para extender los límites de la subcontratación al sector público, que utiliza ampliamente esta práctica para cubrir ciertos puestos.

Durante el debate, han dominado las voces a favor de la iniciativa. El senador de Morena Napoleón Gómez Urrutia, uno de los impulsores de la propuesta, ha afirmado que es “un paso muy importante”. “La competitividad de las empresas no puede estar basada en el pago de salarios de explotación, de los más bajos de América Latina”, ha apuntado. “Que se reconozcan sus salarios reales [de los trabajadores], sus prestaciones reales y se les registre como tal ante los organismos de salud, de vivienda, de pensiones”. Xóchitl Gálvez, de Acción Nacional, el principal partido de la oposición, ha valorado que se permita la subcontratación de servicios especializados: ”El problema no es la subcontratación; el problema de fondo es que estas empresas no paguen los salarios legales, las prestaciones, a los empleados”.

Entre tanta unanimidad, uno de los pocos puntos de fricción ha sido el de los plazos de entrada en vigor de la norma. Senadores del PAN y del PRI han solicitado que se amplíe el plazo de tres meses dado a las compañías para adaptarse al nuevo marco, en línea con los tiempos que se aplican al sector público, que tiene hasta el 1 de enero de 2022 para hacerlo. Estas propuestas han sido rechazadas por la mayoría de Morena y sus aliados.

La velocidad con que la reforma ha navegado el proceso legislativo contrasta con la duración de las negociaciones previas entre el Ejecutivo y el sector privado. López Obrador presentó la iniciativa en noviembre como una medida para combatir la precariedad laboral y los abusos que se cometían en la subcontratación y quiso que se votara a finales de 2020. Sin embargo, las patronales reaccionaron con dureza ante un cambio que consideraron iba a tener un impacto sobre una economía ya maltrecha y, a su vez, reclamaron al Gobierno que no se les hubiera consultado. Se pospuso entonces el envío de la iniciativa al Congreso y se abrió una etapa de negociación que concluyó a principios de este mes, pero dejó sin alterar la parte central de la propuesta. Con todo, el sector privado presentó como una victoria el que se limitara el reparto de utilidades entre los trabajadores de las empresas a tres meses de salario, un punto que también se incluye en el paquete votado.

México cuenta con más de cuatro millones de trabajadores subcontratados y ya representan alrededor del 17% de la fuerza laboral, un porcentaje que se ha más que duplicado en década y media, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) para 2018. A la par de este crecimiento, han aflorado prácticas que están en el límite de la legalidad o que directamente la incumplen, como es la declaración por parte de las empresas de una parte mínima del salario real del trabajador para así pagar menos en cotizaciones a la Seguridad Social.

El Congreso ha entrado en las últimas semanas en un sprint legislativo, como demuestra la rápida aprobación de la reforma al outsourcing. El 30 de abril terminan las sesiones parlamentarias y el 6 de junio son las elecciones parciales, en las que el Gobierno de López Obrador y su partido, Morena, se juegan la mayoría en la Cámara de Diputados. Está previsto que el Senado también apruebe esta semana la reforma al sector de hidrocarburos, otra polémica iniciativa que abre la puerta a la expropiación de activos privados si el Estado considera que están en riesgo la seguridad nacional o la economía.

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