La Auditoría revela 307 millones de pesos irregulares del Conacyt en sobrepagos

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha revelado en su último informe que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) acumuló más de 307 millones de pesos presuntamente irregulares en sus registros (algo más de 15 millones de dólares) a lo largo del ejercicio de 2019. El desglose de observaciones apuntan a sobrepagas a becarios, estímulos económicos a investigadores, sueldo de trabajadores ya fallecidos o convenios con empresas sin la documentación necesaria para justificar sus servicios. Conacyt fue el centro de la polémica el pasado octubre cuando el presidente, Andrés Manuel López Obrador, aprobó la extinción de fideicomisos públicos dedicados a la ciencia por una supuesta gestión corrupta.

Las observaciones del informe con número de auditoria 385-DE suman más de 367 millones de pesos opacos del Conacyt. Destacan 135 millones de pesos (6,5 millones de dólares) en pagos a becarios superiores a los acordados en las convocatorias de becas nacionales y extranjeras. En total, 1.565 becarios con manutención por sus doctorados recibieron 41,5 millones de pesos de más (unos dos millones de dólares). En paralelo, 2.643 becarios con manutención por sus maestrías cobraron 77 millones de pesos (3,75 millones de dólares) fuera de sus convenios. Otros 16,4 millones de pesos (800.000 dólares) fueros distribuidos de forma irregular en becas nacionales y extranjeras a becarios por sus títulos y 103 millones de pesos (cinco millones de dólares) fueron entregados a los estudiantes bajo conceptos extraños y ambiguos, como “cambio climático” o “colegiatura”.

La ASF desglosa en su informe que el Conacyt pagó casi 61 millones de pesos (casi tres millones de dólares) en estímulos a investigadores y ayudantes fuera del Reglamento para del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). También se realizaron pagos a 137 investigadores por valor de 31,5 de pesos (millón y medio de dólares) pese a que no tenían convenio de trabajo con el organismo. Otros 7,8 millones de pesos se distribuyeron en pagos irregulares para ejercicios del año anterior con el presupuesto aprobado para 2019 para investigadores y también se destinaron 3 millones de pesos (casi 150.000 dólares) para pagar a becarios fuera del año fiscal correspondiente. Además, 6 millones de pesos (un poco menos de 300.000 dólares) se usaron para pagar estímulos a cuatro investigadores que habían fallecido.

La Auditoría comprobó, además, que el Conacyt pagó con fondos federales a Piguidi Gastronómico S.A., una empresa que daba servicio a su comedor institucional por 8,3 millones de pesos (poco más de 400.000 dólares). Sin embargo, no encontraron la documentación que probara la realización del servicio durante 2019. EL PAÍS ha contactado con Conacyt para pedir más detalles sin haber obtenido respuesta hasta la fecha.

Los investigadores del Conacyt protagonizaron varias protestas a finales del año pasado por la reducción de fondos para la ciencia y por la extinción de los fideicomisos dentro de la política de austeridad del presidente. El Congreso aprobó retirar 40 fondos públicos con los que consiguió ahorrar 50.000 millones de pesos, pero los colectivos afectados advirtieron que la viabilidad de importantes centros de estudios, becas y apoyos en todo el país dependían de esos fideicomisos. Ante las protestas, López Obrador aseguró que los fondos para la ciencia como los del Conacyt tenían una gestión “corrupta”, pese a estar sometidos a auditorias dos veces al año. “Como no había control de nada, metían notas, metían facturas con excesos”, declaró en rueda de prensa el pasado enero y acusó al organismo de usar ese dinero público para “rentar campos de golf”. De los 109 fideicomisos eliminados, 91 corresponden a fondos dedicados a la investigación científica y tecnológica, que manejan alrededor de 25.000 millones de pesos (1.180 millones de dólares).

Las observaciones apuntadas en el informe dan un plazo de hasta 120 días para presentar aclaraciones que justifiquen los presuntos montos irregulares, que pueden deberse a fallos administrativos. Al concluir los plazos sin haber recibido la documentación, la Auditoría Superior Federal puede iniciar un proceso de indemnizaciones y multas por daños o perjuicios.

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