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El plan energético de López Obrador, a un paso de la aprobación pese a la intensa polémica sobre su impacto

La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados avala la reforma del sector eléctrico que fortalece a la compañía paraestatal CFE. La oposición rechaza sus efectos económicos y ambientales

Francesco Manetto
AMLO
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, el jueves durante una comparecencia.Presidencia de México (EFE)

Todo gira en torno a un concepto, el de soberanía energética. Y el fondo de la cuestión coincide con el proyecto político de Andrés Manuel López Obrador. La iniciativa impulsada por el presidente mexicano para reformar el sector eléctrico y fortalecer a una empresa productiva del Estado está a un paso de su aprobación en el Pleno de la Cámara de Diputados, convocado para el próximo martes. Este viernes la Comisión de Energía dio el visto bueno al dictamen con los votos favorables de Morena y del Partido del Trabajo tras un debate de casi cinco horas que se convirtió en un intercambio de carácter ideológico. Se escucharon términos como “monopolio”, “libre mercado” o “ganancias obscenas”. Se formularon duras críticas al impacto económico y ambiental del cambio legal, que según la oposición ahoga la iniciativa privada y las fuentes renovables. Pero la mayoría celebró una medida que considera mandatada por los votos que en 2018 dieron la victoria a AMLO.

En el centro de la discusión, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y su papel en el conjunto de la industria energética. El dictamen de la iniciativa señala que el objetivo del plan consiste en el “rescate y fortalecimiento de la CFE, garante del suministro de electricidad para la seguridad nacional”. Este planteamiento desmonta la ley anterior, aprobada durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto en 2013. El propio presidente, que ha hecho de la reforma una apuesta personal, ha afirmado en más de una ocasión que uno de los propósitos es precisamente proteger a la compañía estatal de las empresas particulares, especialmente las extranjeras, a las que llegó a llamar “corruptas”. Y gracias al ahorro procedente de los subsidios públicos, calcula, bajarán las facturas de la luz. Con estas premisas, López Obrador preparó una pista de aterrizaje para un debate que, en sus aspectos fundamentales, ha dejado de ser técnico. Nunca lo fue, en realidad, señalan quienes se oponen a la nueva norma.

El Movimiento de Regeneración Nacional rechazó las críticas a las repercusiones económicas y los reparos sobre la ineficiencia medioambiental de la reforma. La diputada Dolores Padierna aseguró, en una sesión semipresencial, que la iniciativa soluciona cuestiones como la sobreoferta, una competencia desigual en el mercado o el exceso de las ayudas públicas a las empresas privadas. María de los Ángeles Huerta del Río cargó contra los inversores extranjeros. “Los que hoy se oponen a esta reforma no defienden el libre mercado, sino las obscenas ganancias a costa del patrimonio público”, afirmó. Carol Antonio Altamirano negó que el plan perjudique a los privados y habló de un “ajuste” que evite costos a la sociedad. “El pueblo mexicano mandató un cambio, no votó para que todo siguiera igual”, justificó.

Organizaciones empresariales y corporaciones llevan meses alertando sobre los riesgos de esta reforma. Lo han hecho las Cámaras de Comercio de España o de Estados Unidos y compañías como Iberdrola, que ya a finales de 2020 descartó nuevas inversiones en México. El apagón masivo que sufrió esta semana el norte del país, dejando a oscuras a casi cinco millones de personas y provocando pérdidas multimillonarias, mostró también la vulnerabilidad del sistema, pero el Gobierno lo atribuye precisamente a una excesiva dependencia del exterior. En este caso, la emergencia se originó en Texas por una tormenta que congeló los ductos de gas natural y paralizó la exportación a México. López Obrador aprovechó así para intensificar su discurso de la soberanía energética. Ese es el hilo rojo de la reforma, probablemente la fórmula más repetida por sus valedores, como el diputado Gerardo Fernández, del Partido del Trabajo, socio de Morena. “Lo que estamos discutiendo es que dejemos de subsanar a las empresas extranjeras, lo que estamos discutiendo es que ganemos en soberanía energética”, mantuvo, según recoge el diario de sesiones.

Repercusión ambiental

La Comisión de Energía aprobó el dictamen por 22 votos a favor y 10 en contra. El texto asegura que “el cambio normativo en examen de ninguna manera implica la concesión de un trato preferencial a la CFE”. O que es “primordial implementar las medidas necesarias para dejar de debilitar a la CFE en detrimento de los usuarios finales”. Rechaza además las objeciones relacionadas con las energías limpias, a pesar de que los expertos resaltan la obsolescencia de las centrales. “Durante el ejercicio de 2018 la generación energía limpia representó el 22,2% de la generación bruta total. De este porcentaje la CFE contribuyó con un 65,7% de la generación bruta con fuentes limpias, siendo la generación hidroeléctrica el método más importante”, recoge la memoria de la iniciativa. “Dos camiones viejos contaminan más que una planta”, aventuró Gerardo Fernández.

La oposición, que protestó por no poder extender el debate, no aceptó ninguno de esos argumentos. Para María de Los Ángeles Ayala Díaz, del PAN, este plan energético no acabará preservando a la economía de México, sino que repercutirá en beneficios para la CFE, dándole un “poder monopólico”. Su compañero de bancada Hernán Salinas Wolberg incidió en las “devastadoras” consecuencias para las próximas generaciones. También se plantearon cuestiones de inconstitucionalidad. Lo hizo la propia Alaya Díaz y también Enrique Ochoa, del PRI. Movimiento Ciudadano y el Partido Verde se centraron en el debate ecológico. Jacobo David Cheja recurrió al ejemplo de la central termoeléctrica de Tula y la contaminación registrada en el Valle de México. Los efectos ambientales son los que motivaron el voto contrario de los verdes, quienes son aliados de Morena en el Congreso y por ello avalan en términos generales la filosofía dirigida al rescate de la Comisión Federal de Electricidad.

Pero más allá de la discusión, los números y la correlación de fuerzas sitúan la llamada Ley de la Industria Eléctrica a las puertas de su aprobación el próximo martes, cuando Morena y sus aliados impongan su mayoría en la Cámara baja y la envíen al Senado.

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Sobre la firma

Francesco Manetto
Es editor de EL PAÍS América. Empezó a trabajar en EL PAÍS en 2006 tras cursar el Máster de Periodismo del diario. En Madrid se ha ocupado principalmente de información política y, como corresponsal en la Región Andina, se ha centrado en el posconflicto colombiano y en la crisis venezolana.

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