El Gobierno de México busca minimizar el daño de la nueva Ley de Banxico

Es, posiblemente, la propuesta más controvertida que ha pasado por el Congreso mexicano durante la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora mismo, dentro de su Gabinete, se apuran para frenarla en seco. La iniciativa impulsada por el senador Ricardo Monreal busca reformar la ley del Banco de México para obligarlo a comprar dólares en efectivo y con controles de precio, un territorio nunca explorado por ningún banco central en el mundo. Una decisión que ha desatado críticas de analistas y banqueros, así como del mismo banco central y hasta de la Secretaría de Hacienda.

La presión rindió ciertos frutos. Este lunes, y durante 48 horas, una comisión bicameral en el Congreso lleva a cabo mesas de discusión que incluyen a ciudadanos, académicos y personas del sector bancario para discutir las implicaciones de la reforma. Según el análisis de Banco Base, si la iniciativa pasa, la moneda mexicana podría perder hasta el 13% de valor con relación al dólar. Aun si no pasa, coinciden los expertos, la percepción del país ya se dañó. La autonomía del Banco de México, sagrada desde que fue otorgada en 1994, no está garantizada en este Gobierno, coinciden.

Una contrapropuesta de la Secretaría de Hacienda, que ofrece un producto como alternativa a la reforma de ley, busca disolver la incertidumbre generada en los mercados y en el ámbito económico que la propuesta generó. México, como la gran mayoría de los países, ha hecho todo lo posible por minimizar las transacciones en efectivo, no solo porque no se pueden gravar, sino porque es en ese mercado en donde se llevan a cabo la mayoría de las transacciones ilegales como el lavado de dinero. En unos años, el mercado en efectivo se contrajo 75% y hoy casi todo se hace de manera electrónica —incluyendo el 99% de las remesas enviadas al país por migrantes trabajando en el extranjero—. El efectivo y el dinero digital son, hoy mismo, dos mercados separados.

El 9 de diciembre, con 67 votos a favor, 23 en contra y 10 abstenciones, se aprobó una reforma a la Ley del Banco de México, una velocidad anómala para el Senado mexicano. Ante la noticia, opositores y críticos pidieron que se detuviera la propuesta en la Cámara de Diputados, ya que las modificaciones abrirían la puerta al dinero del crimen organizado. Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, dijo en una entrevista con este diario que la reforma poseía “riesgos incalculables” que podrían dañar la economía mexicana. Los diputados respondieron aplazando su discusión hasta este mes.

Las regulaciones impuestas desde 2008 para evitar que el lavado de dinero entre al sistema bancario electrónico fueron, para los bancos, difíciles, pero valieron la pena. Les obliga a tener un contrato con alguna entidad corresponsal ya sea en Estados Unidos o en Canadá, a quien venderle los dólares en efectivo que les sobran y, el contrato requiere tal transparencia que cualquier operación sospechosa puede implicar su cancelación. Esto le ocurrió ya a una institución bancaria en México y esta, aseguran críticos de la reforma propuesta, tiene mucho que ganar si la reforma de ley se aprueba. El banco central se vería obligado a no solo intercambiar sus dólares en efectivo, absorbiendo del riesgo de lavado de dinero, sino también a ofrecer un tipo de cambio preferencial que lo llevaría a incurrir en pérdidas.

Si lo que la reforma busca es ofrecerle a los migrantes una alternativa para intercambiar sus dólares en efectivo a pesos mexicanos, entonces falla, aseguró el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en entrevista con Reuters a finales del diciembre. La propuesta no resolvería el problema y sí pondría en riesgo la solidez y confianza en el sistema financiero mexicano. La Secretaría informó este mes que está trabajando en un producto que se pueda ofrecer a través del Banco del Bienestar, parte de la banca de desarrollo del país, para intercambiar esos dólares con tan solo abrir una cuenta. Algunos diputados, asegura una fuente interna, esperan reunirse con Herrera antes de votar.

El apuro por ofrecer una alternativa que frene la reforma en el Congreso y restaurar la imagen del Gobierno, muy probablemente viene del presidente mismo, opina el analista político Aldo Muñoz, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. “Se ha visto desde que inició el sexenio que los secretarios no tienen ninguna posibilidad de actuar por iniciativa propia en asuntos como este y no puede ser más que una autorización o una instrucción presidencial”, dice Muñoz.

La actitud de López Obrador “termina avasallando las posibilidades de sacar adelante iniciativas”, opina Muñoz, porque el presidente tiene enorme poder, tanto entre su Gabinete y entre los legisladores de su partido. “El presidente tiene tanta capacidad de persuasión entre los propios y los demás, que a veces son muy peligrosas sus decisiones porque no mide las consecuencias”, dice el analista, y la propuesta de Hacienda le ofrece una salida administrativa a un problema creado en el legislativo. Las mesas de discusión que se llevan a cabo lunes y martes, conocidos en como “parlamento abierto” no son más que una catarsis, dice Muñoz, diseñadas para que la atención en el tema vaya disminuyendo. El experto espera que la iniciativa se deseche por completo y nunca llegue a la votación en la cámara de Diputados.

Pero en el sector económico y financiero, la expectativa es diferente. “Me parece que por la fuerza que trae y el apoyo que trae esta reforma, que inclusive ya pasaron primero en la Cámara de Senadores y muy rápidamente, yo creo que va a pasar, de una forma u otra”, dice Gabriela Siller, responsable de análisis en Banco Base y profesora del departamento de Economía del Tec de Monterrey. En diciembre, cuando la iniciativa fue aprobada por Senadores, inversores los mercados financieros globales reaccionaron depreciando al peso mexicano en contra del dólar. “Un escenario pesimista donde pasa la reforma y además hay una mayor percepción de riesgo global, por la crisis del coronavirus u otras cosas tipo de cambio se podría ir a 22 o 23 pesos”.

La contrapropuesta de Hacienda, es decir, el producto a ofrecer a través de la banca del desarrollo para intercambiar dólares en efectivo, pareciera ser positiva pero parte del daño para el país, el daño en imagen y confianza, ya está hecho. “Pudiera ser una buena salida”, dice Siller, “pero no quita del radar que no consultaron al Banco de México, que le están obligando a hacer algo y al obligarlo a hacer algo se altera su autonomía y su reputación”. La señal que los legisladores mandaron con la propuesta no solo fue un golpe al banco, concluye Siller, “se ve como un golpe o como una reforma sobre cómo funciona y funcionará la economía mexicana”.