El hallazgo de 59 cuerpos enterrados en Guanajuato sitúa a la región en el epicentro de la violencia en México

La mayoría de los fallecidos hallados en una fosa clandestina eran personas jóvenes y mujeres

Personal de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP) realiza labores de búsqueda, este miércoles en la población de Salvatierra, en el Estado de Guanajuato.
Personal de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP) realiza labores de búsqueda, este miércoles en la población de Salvatierra, en el Estado de Guanajuato.STR / EFE

Al menos 59 cadáveres, la mayoría de ellos “de gente joven y con un alto porcentaje de mujeres”, han sido hallados en varias fosas clandestinas en un barrio del municipio de Salvatierra, un pequeño enclave en la zona de Guanajuato, en el centro de México. “Es el [enterramiento] más grande de Guanajuato hasta este momento”, dijo el jueves por la mañana Karla Quintana, titular de la Comisión Federal de Búsqueda, en la emisora de radio W. Quintana ha destacado que el hallazgo se ha producido en la misma ciudad, no a las afueras, entre casas y calles, después de que familiares de desaparecidos recibieran informaciones sobre la ubicación exacta de las fosas. “La gente sabe”, ha señalado Quintana, que se ha mostrado preocupada por la seguridad de las personas que aún continúan el rastreo de allegados, puesto que hay más lugares sobre los que se sospecha que hay más enterramientos.

Los rastrillajes de Salvatierra comenzaron el pasado 20 de octubre en varias fincas del barrio de San Juan, tras la solicitud presentada por familiares de personas desaparecidas. En el operativo intervienen más de 80 personas de asociaciones civiles, colectivos de familiares, la Guardia Nacional, la Secretaría de Defensa y las comisiones de búsqueda de personas. Estos 59 cuerpos “tienen un nombre y apellido, una familia que los está buscando. Si saben de alguien aunque no haya denunciado una desaparición, pedimos que se acerquen a nosotros para poder realizar los exámenes genéticos, con o sin denuncia”, ha pedido Quintana. “Ya lo ha recordado la relatoría de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales; hay que tratar estas fosas de la manera más digna. Aunque los hallemos sin vida [los cuerpos] deben regresar a casa de la manera más digna”, ha añadido. “Esto es doloroso y grave”.

Los familiares de las víctimas recibieron llamadas de vecinos informándoles sobre la ubicación de los cuerpos; y hace un par de semanas la compartieron con las comisiones de búsqueda tanto estatal como federal. En las labores de prospección “de inmediato se encontraron posibles positivos”, es decir, signos de enterramientos, según Quintana. En una semana, hasta este miércoles por la tarde, han salido a la luz 59 cuerpos, de cuyo análisis genético se encargará la Fiscalía General Estatal. Hasta ese momento, “por los tejidos”, a simple vista, “parecen de gente joven”, ha añadido Quintana.

“Las comisiones de búsqueda no van por los culpables, sino solo a rescatar los cuerpos y entregarlos a sus familiares”, advierte Quintana, que agradece las llamadas anónimas que puedan recibirse con información al respecto. “La gente sabe, estas fosas estaban en un barrio, [para llegar allí] hay que pasar por casas, por calles. Esto es algo que percibimos en todo el país. Se pasa por lugares públicos” para llegar a los enterramientos, ha asegurado. El titular de la Comisión de Búsqueda de Guanajuato, Héctor Díaz Esquerra, también ha hablado de otros “posibles puntos positivos”, por lo que la búsqueda no ha terminado.

El hallazgo de estas fosas clandestinas se da apenas un mes después de que la Fiscalía anunciara que se habían encontrado al menos 15 cuerpos enterrados en bolsas de plástico a las afueras de la ciudad de Irapuato, una de las más inseguras del mundo. La guerra por el control del territorio entre dos organizaciones criminales y la ineficacia de los cuerpos de seguridad han convertido a Guanajuato –que hoy convive con casi 14 asesinatos diarios– en el Estado más violento de México en los últimos dos años. Desde diciembre de 2018 a la fecha, Guanajuato es el segundo Estado donde más desapariciones se reportan, con 1.216, después de Jalisco, que reúne la cuarta parte de todo el país.

Santa Rosa de Lima

Guanajuato vive desde hace dos años una guerra entre carteles en la que la fuerte presencia de la Guardia Nacional ha demostrado poca eficacia. El pasado mes de julio comenzó con el asesinato de 24 personas en un centro de rehabilitación en la ciudad de Irapuato, unos días después de que un aparatoso operativo capturara a 31 presuntos colaboradores del cartel de Santa Rosa de Lima, de los que 26 fueron liberados al día siguiente. El Gobierno mexicano había puesto sus ojos en la batalla contra el huachicol, el robo de combustible, y en un año triplicó la presencia de la Guardia Nacional en el Estado, de 2.000 efectivos en agosto de 2019 a 6.699 en julio de este año, según informó el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador a mediados de ese mes.

El pasado agosto, el Gobierno federal admitió que los niveles de violencia habían escalado en toda la entidad tras la captura de José Antonio Yépez, alias El Marro, líder del cartel Santa Rosa de Lima. La caída del criminal, el primer gran capo capturado durante el Gobierno de López Obrador, supuso entonces un giro en la retórica oficial que desde la campaña presidencial había prometido terminar con la guerra abierta entre las instituciones y las bandas criminales. Durante casi un año y medio, desde la entrada al poder de López Obrador a finales de 2018 hasta la captura de Yépez, la presencia militar y policial en Guanajuato configuraba sus calles como un campo de batalla, en el que cada nuevo operativo del Gobierno contra algún objetivo de Santa Rosa de Lima terminaba con tiroteos y vehículos y comercios incendiados.

Según la Comisión Nacional de Búsqueda, al menos 2.483 personas han sido reportadas como desaparecidas y 3.438 asesinadas en Guanajuato tan solo en lo que va de 2020. El robo de combustible y la disputa por territorios de influencia entre los carteles Jalisco Nueva Generación y Santa Rosa de Lima han ocasionado tales niveles de violencia que el Estado pasó de ser uno de los más prósperos y turísticos de México al más violento del país en tan solo dos años.

En México, hasta el pasado 14 de julio, cuando el Gobierno ofreció los últimos datos en rueda de prensa, se había reportado la desaparición de 73.234 personas, una cifra que suma casos desde 1964, aunque fue a partir de 2008 cuando los datos se elevaron notablemente. Sin embargo, el primer semestre de este año se ha registrado una caída del 36% respecto al mismo periodo del año anterior. En ese tiempo se contabilizaban 2.632 personas desaparecidas, aunque es una cifra que va variando día a día. Es la primera vez, además, que esta cifra no se correlaciona con el número de homicidios, que siguen en aumento. Los datos que maneja el Gobierno indican, además, que aunque el 75% de los desaparecidos son hombres, cuando se trata de menores de 18 años ellos solo suponen un 47% en la terrible estadística.

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