El Ejército mexicano, bajo sospecha tras la captura de Cienfuegos

La detención del general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa con Enrique Peña Nieto (2012-2018), ha puesto los ojos de México en el Ejército. La imputación por cinco cargos de narcotráfico pone dos relaciones bajo la lupa: los nexos entre las autoridades de alto rango y el crimen organizado, y el poder que el presidente, Andrés Manuel López Obrador ha dado a los militares durante su mandato. La primera afecta directamente a los predecesores de López Obrador y a su combate en la guerra contra el narco. La segunda salpica inesperadamente al actual Gobierno. “Son instituciones fundamentales para el desarrollo de nuestro país, pilares del Estado, y son tan fuertes que ni asuntos como la involucración de un secretario de Defensa en casos de narcotráfico las debilitan”, ha defendido el mandatario. Para muestra, el jefe del Ejecutivo se despidió temprano de su conferencia de prensa matutina para ir a supervisar las obras asignadas a las Fuerzas Armadas para el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, a las afueras de la capital.

Las Fuerzas Armadas, que han guardado silencio sobre la detención de Cienfuegos, han sido uno de los compañeros de viaje más beneficiados durante la llamada Cuarta Transformación, el proyecto de gobierno de López Obrador. El presidente ha apostado por la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad de corte castrense creado el año pasado, a unos meses de tomar posesión, como solución a la ola de violencia que azota al país desde hace más de una década. “Necesitamos de la disciplina, del profesionalismo de la Marina y del Ejército para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia”, justificó el titular del Ejecutivo en mayo pasado. La propuesta ha tenido respaldo de los Gobiernos estatales, rebasados por la inseguridad y la corrupción en las Policías locales.

Pese a un escándalo de proporciones históricas como la captura de Cienfuegos, el Ejército se mantiene año tras año como una de las instituciones mejor evaluadas por la ciudadanía y las corporaciones policíacas, entre las peores, según el seguimiento histórico de Consulta Mitofsky. La caída del general reclama ahora una depuración profunda, similar a la que anunció Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, hace un año tras el llamado Culiacanazo, el operativo fallido para capturar a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, en Sinaloa. “Cuando la cabeza está coludida, no puedes hablar de una manzana podrida, sino del deterioro de una institución”, apunta Alejandro Madrazo, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas.

“Nosotros no vamos a apagar el fuego con fuego”, decía López Obrador en campaña, como un candidato que se quejaba de que la guerra contra el narco solo implicó “golpear el avispero” y que insistía en que el Ejército “ya no se ocupe de las tareas que hasta ahora tiene encomendadas”. Después vino el viraje. En septiembre de 2018, comenta Madrazo, el presidente electo se reunió con oficiales de la Secretaría de la Defensa. Poco después, llenó de elogios a los militares. Para noviembre, dos semanas antes de tomar posesión, anunció formalmente la creación de la Guardia Nacional. “Lo intimidaron, tenemos un presidente que no se atrevió a enfrentarse a la militarización y que está sometido al Ejército”, afirma el académico.

La Guardia Nacional no solo ha asumido las tareas de seguridad en varios focos rojos del país, también ha patrullado los hospitales en medio de la pandemia, se ha desplegado durante el paso del huracán Delta, ha realizado operativos de tránsito en carreteras y ha atendido desgajamientos provocados por las lluvias. Las organizaciones civiles y los académicos critican la militarización por las violaciones de derechos humanos, la corrupción y la violencia asociadas con los militares y el Gobierno defiende que sus opciones de confianza son acotadas en un país con más de 100 asesinatos diarios.

La seguridad no es la única razón por la que el Ejército ha salido de sus cuarteles. Este sábado se cumple un año de que el presidente encomendara a la Defensa las obras del aeropuerto de Santa Lucía. La vieja base militar será la nueva terminal aérea. A principios de este mes, López Obrador anunció la construcción de un aeropuerto para Tulum, en la Riviera Maya, y también se lo asignó a los militares. “Estamos viendo el uso del Ejército para gobernar, pero los militares no pueden hacer estas tareas en tiempos de paz, es ya un proceso descarado y abiertamente inconstitucional de militarización”, señala Madrazo.

Cuando el presidente necesitó repartir libros de texto y medicinas a la población llamó al Ejército. Cuando quiso que avanzara el Tren Maya, un megaproyecto ferroviario en el sureste, se apoyó en ingenieros de la milicia. Cuando la influencia del narcotráfico rebasó a los puertos, anunció la militarización. Cuando inició en 2019 el combate al huachicoleo, como se llama en el país al robo de combustible, pidió que los soldados custodiaran las pipas de gasolina para sortear el desabasto. Cuando impulsó Sembrando Vida, un programa de reforestación y reactivación de la economía rural, puso a los militares a sembrar árboles. Cuando México le tendió la mano a finales del año pasado al expresidente boliviano Evo Morales, su travesía en busca del asilo por todo el continente fue en un avión militar. La lista también incluye recolección de sargazo en el Caribe, construcción de escuelas militares, bancos de desarrollo y campañas de prevención de adicciones.

El “pueblo uniformado”, como lo llama el presidente, ha asumido con disciplina castrense las tareas y también las recompensas en este y los Gobiernos pasados. Una investigación de EL PAÍS documentó que el Ejército desvió 156 millones de dólares a empresas fantasma entre 2013 y 2019. Otra investigación reveló esta semana que mientras el bloque gobernante decretaba la extinción de 109 fideicomisos clave para la ciencia, la cultura y el deporte, se dio un incremento histórico en fondos asignados a los militares en otros cuatro fideicomisos. Las críticas no cuestionan la labor sacrificada de miles de soldados y mandos bajos, sino la reticencia en la rendición de cuentas sobre abusos, pagos no acreditados y la participación de militares en operativos de seguridad.

Las leyes de transparencia del país frenan cuando se trata de un asunto de interés o seguridad nacional. En el caso de un secretario de Defensa solo hay una persona que está por encima de él en la jerarquía: el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, es decir, el presidente. “La eventual responsabilidad de Cienfuegos no es buena noticia para López Obrador”, escribe en Twitter el analista José Antonio Crespo: “Tira la premisa de que no hay corrupción en el Ejército y que justifica la militarización actual, y lo exhibe como alguien que no se entera de lo que ocurre en su país”.

“Seguiremos apoyándonos en estas instituciones, son básicas para la República”, ha insistido el mandatario a un día de que se cumpla también un año del Culiacanazo. El punto más bajo de la presidencia de López Obrador también puso en entredicho las labores de su Gabinete de Seguridad y, por supuesto, del Ejército, con el que Estados Unidos se ha mostrado una y otra vez renuente a colaborar. Todo apunta a que la captura de Cienfuegos no fue una operación conjunta entre ambos países. Los analistas dicen que la Casa Blanca no quería arriesgarse a las filtraciones. La promesa es que todos los que resulten involucrados en este asunto “van a ser suspendidos y puestos a disposición de la autoridad competente”. La certeza es que Cienfuegos, según ha admitido el mandatario, no estaba siendo investigado en México.