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Madres condenadas a la pena máxima en Venezuela por crímenes que no cometieron

Los movimientos feministas encuentran un patrón que consideran misógino en la detención y condena severa a mujeres por el asesinato de sus hijos que han cometido otros

Florantonia Singer
Mothers sentenced to jail in Venezuela for crimes they did not commit
Naibelys Verónica Noel Pérez, condenada a 30 años de prisión en Venezuela, a pesar de que su pareja fue quien asesinó a su hijo.CORTESÍA

A Naibelys Noel su pareja la separaba de su hijo como castigo. El sábado 17 de agosto de 2019, en medio de una pelea porque ella había decidido terminar la relación e irse, la obligó a salir de la casa de la que pocas veces salía con la excusa de que fuera a buscar algo en una casa vecina. Mientras ella estaba afuera, José Teodoro González golpeó al bebé de 18 meses hasta matarlo. Ella encontró a su hijo muerto en el hospital de Santo Domingo, un pueblo del páramo andino venezolano en el que Naibelys intentó tener una relación con José Teodoro que, entre idas y venidas, duró poco más de cinco meses.

Él dejó al bebé en el centro de salud y se dio a la fuga hasta que lo atraparon días después, admitió los hechos, por lo que le rebajaron la pena, y desde 2020 cumple 15 años de cárcel por el infanticidio. A ella la detuvieron el mismo día que encontró a su hijo muerto en el hospital y acompañó a la policía a las entrevistas para la investigación. Hace menos de un mes la han sentenciado a la pena máxima en Venezuela: 30 años de prisión por comisión por omisión en la ejecución del delito de homicidio intencional calificado con alevosía y por motivos innobles contra su hijo, con el que, de acuerdo con organizaciones que defienden derechos humanos, la han criminalizado solo por ser madre.

El caso de Naibelys ha levantado una alerta entre los movimientos de mujeres y pone en relieve la causa de la Coalición Feminista contra la Violencia Judicial: hay un patrón machista que termina en penas desproporcionadas para las mujeres y sentencias estereotipadas. Este grupo está conformado por mujeres excarceladas e integrantes de distintas organizaciones de derechos y se ha centrado en rastrear casos de madres judicializadas por la muerte o lesiones de sus descendientes sin que ellas las hayan causado, sentenciadas por comisión por omisión o complicidad, recluidas en cinco prisiones para mujeres del país. En Venezuela, aseguran las activistas, con Naibelys es la primera vez que se aplica la pena máxima por un delito de omisión, pero en los centros penitenciarios femeninos abundan casos como el de ella y están seguras de que en la región también, por ello se han aliado con la Red Feminista Anticarcelaria de América Latina y el Caribe.

Con retardos e irregularidades, el juicio se dio y sus abogados estaban convencidos de que no había forma de que Naibelys quedara presa porque no había pruebas. “La juez y la fiscal enfocaron todo en estereotipos de género. Se dijeron cosas como que ella había entregado a su hijo al asesino en bandeja de plata por andar enamorada, que había sido una buena mujer con su pareja pero una mala madre con su hijo. Esas fueron las conclusiones de la fiscal con las que la juez le impone la condena de 30 años porque supuestamente había descuidado al niño”, explica el abogado Iván Toro, miembro del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes, que asiste el caso.

El defensor señala que el propio homicida había declarado la inocencia de Naibelys al admitir su responsabilidad, pero las audiencias de los juicios no se están grabando desde hace varios años en los tribunales del Estado de Mérida por falta de recursos, una precariedad que abarca a todo el sistema judicial venezolano. Del testimonio que podría haber sido usado en el caso de Naibelys no hay registro. En el juicio, apunta Toro, logró demostrarse que ella también fue víctima del agresor que ejerció violencia física, psicológica y sexual y tortura durante el tiempo que vivió con ella, pero nada de eso fue considerado por la juez Lucy Terán, que admitió todas las acusaciones de la fiscal Geraldy Gavidia, consideradas subjetivas y estereotipadas por la defensa.

Naibelys es del pueblo Cabudare, en el estado Lara, ubicado a 300 kilómetros de donde vivía José Teodoro. Viene de un hogar en pobreza y tenía 21 años y un bebé cuando lo conoció y decidió irse con él a los Andes. Vivieron un mes junto en Santo Domingo y a ella no le gustó el trato que tuvo con ella. “Y pasa lo que siempre pasa, el hombre promete cambiar y en una situación de muchísima vulnerabilidad, la mujer vuelve. Naibelys busca la manera de independizarse de su familia yéndose con él. Así como hacen muchas jóvenes en barrios latinoamericanos que para salir de sus conflictos familiares buscan un hombre. No entiendo por qué eso les sorprende”, comenta una activista de la coalición que compartió prisión con Naibelys. En ese regreso, de acuerdo a lo que le contó Naibelys en la cárcel, José Teodoro le cortó la ropa para que no tuviera cómo salir a la calle, le quitó el teléfono y la dejó bajo llave en su casa ubicada en una calle con una sola entrada y salida en la que él siempre estaba vigilante. Era una forma de secuestro. Ella también fue víctima de violencia de parte del asesino de su hijo. Al menos en dos oportunidades intentó denunciarlo y no pudo. Le solicitaban pruebas forenses que ella no podía obtener. Familiares de José Teodoro también lo denunciaron en la policía por las escenas de violencia que ocurrían contra el niño y la mujer.

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El caso de Naibelys fue expuesto en la última reunión del Comité Cedaw, en Ginebra, por la Comisión de la ULA contra la Violencia de Género. Amnistía Internacional también ha denunciado que Naibelys fue sometida a violencia vicaria y que ha sido revictimizada durante su proceso judicial. “Este caso es un ejemplo de cómo las autoridades no cumplen su deber de prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres, quienes a menudo sufren violencia vicaria o familiar. En Venezuela la violencia vicaria no está tipificada como delito, pese a existir casos que evidencian su comisión. Se trata del tipo de violencia de género ejercida por agresores que, con la intención de infligir más sufrimiento a las mujeres, causan daños graves a sus hijos e incluso la muerte”, señalaron en un comunicado a raíz de la sentencia dictada el 19 de julio de pasado.

Las activistas que acompañan el caso de Naibelys señalan que desde que ocurrió el homicidio las autoridades la condenaron. Su foto en la reseña policial fue difundida por el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Douglas Rico, asegurando, apenas dos días después de la detención de Naibelys, que el caso ya estaba esclarecido: según el funcionario, “Naibelys permitía que su pareja y padrastro de su hijo de 1 año y 5 meses, lo maltratara constantemente, a tal punto de causarle lesiones graves en otras oportunidades”. Cuatro años después ha sido sentenciada bajo esa misma premisa. En Santo Domingo el caso no pasó desapercibido, pero la comunidad también recriminó a la madre por lo ocurrido, como una muestra de la cultura machista, cuenta una residente del pueblo andino. Los medios de comunicación también la señalaron.

La defensa prepara un largo camino de apelaciones y la coalición también llevará el caso a instancias internacionales complementarias para alcanzar justicia, mientras avanzan en la investigación sobre madres judicializadas. Solo en la prisión donde está Naibelys, el Centro Penitenciario de la Región Andina, ubicado en San Juan de Lagunillas, hay al menos otros tres casos similares. “Estamos viendo con horror como hay una sobre calificación de los delitos cuando se trata de mujeres. Vemos mucha improvisación en el poder judicial y la influencia de grupos neoconservadores en los tribunales del país”, sostiene una de las activistas de la coalición. “En el caso de Naibelys se intenta hacer una especie de responsabilidad ontológica, algo que no existe en el Derecho. No puedes penar a nadie nada más por ser madre, porque entonces el progenitor del niño sería tan responsable como ella”.

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