Los criptoevangelistas entran en el Gobierno de Bukele: el oscuro negocio del bitcoin en El Salvador

Ha comparado al presidente salvadoreño Nayib Bukele con John F. Kennedy y al país con el reino de Camelot, la tierra prometida del bitcoin desde donde luchar contra malvados dragones con forma de impuestos y bancos centrales. El estadounidense Max Keiser, un excorredor de Bolsa y reportero cercano a la propaganda rusa, era hasta hace unos meses solo otro de los muchos personajes estrafalarios que empezaron a llegar al país centroamericano tras la decisión de su mandatario, hace dos años, de convertir a El Salvador en el primer Estado en aceptar el bitcoin como moneda legal.

Muchos de aquellos fanáticos, una mezcla de anarcocapitalistas, ciberutópicos o simples oportunistas, se han ido marchando a medida que se desinflaba la burbuja inicial: solo el 14% de los comercios del país han utilizado bitcoin alguna vez, según cifras oficiales. Pero los que siguen allí han entrado hasta el fondo. Keiser y su esposa, Stacy Herbert, del mismo perfil que su marido, son desde finales del año pasado los dos burócratas al frente de la Oficina Nacional del Bitcoin. El Salvador, uno de los países más pequeños y pobres de la región, ya tiene a los criptoevangelistas dentro del Gobierno.

La creación de la Oficina, como el resto del proyecto cripto de Bukele y grandes capas de la gestión de su Gobierno, está rodeada de opacidad. Las únicas cifras que se conocen son los 200 millones de dólares de gasto inicial en la infraestructura ―cajeros y una aplicación de móvil― para lanzar la moneda digital. Tampoco se sabe la inversión exacta del país en bitcoin, más allá de los tuits del presidente. Como el propio Bukele, su pareja de confianza usa las redes sociales como influencers adolescentes. Max Keiser y Stacy Herbert suman más de 700.000 seguidores. Sus programas de Youtube y podcast son la principal fuente de información sobre la política bitcoin de El Salvador.

Ambos se presentan como una especie de criptopolicías o criptojueces. Están autorizados a investigar posibles fraudes y son los que deciden qué inversor entra al juego y cuál no. “No recibimos ningún salario por esto. Lo hacemos por el presidente Bukele”, suele decir ella. “Yo diría que es un acto de amor”, remata él. Dejando al margen el supuesto altruismo, la pareja es propietaria de Heisenberg Capital, un fondo de la compañía Bitfinex, una de las mayores plataformas del mundo para la compraventa de bitcoin. Y también de El Zonte Capital, otro fondo destinado exclusivamente a las inversiones digitales en El Salvador.

Propaganda y diplomacia corporativa

Ricardo Valencia, profesor de Economía Política en la Universidad Estatal de California, asegura que el “verdadero valor de la Oficina para ellos no es monetario, sino propagandístico y de diplomacia corporativa”. La Oficina Nacional del Bitcoin está adscrita a la Presidencia de la República y tiene potestad para establecer incluso relaciones internacionales. El académico, salvadoreño y especialista también en comunicación, subraya que “tiene la capacidad de diseñar políticas públicas que son obligatorias para otros ministerios del país y otorga a Keiser y Herbert títulos oficiales para inaugurar embajadas bitcoin en Europa y Estados Unidos”.

Texas y Suiza ya cuentan con estas particulares delegaciones salvadoreñas paralelas a la diplomacia oficial. “Se está construyendo una red de diplomáticos apócrifos que le servirá de repetidores de la propaganda oficial y corporativa. Se trata de un intercambio de favores dentro del uso patrimonial del Estado. En El Salvador no hay diferencia entre las fianzas personales de Bukele y las finanzas públicas”, añade Valencia. Los peligros de la apuesta por el bitcoin del presidente de El Salvador, desde la extrema volatilidad a la opacidad de sus operaciones, están en la mira de los oráculos del mercado, desde el Fondo Monetario Internacional, las agencias de rating o el propio Gobierno estadounidense.

Ciudad Bitcoin

En junio 2021, el presidente de El Salvador anunció que la moneda digital sería divisa oficial en su país junto al dólar. Fue durante la conferencia mundial del bitcoin de Miami, un macroevento con conciertos, luchadores de sumo, ponencias al estilo telepredicador y lemas como “muerte al dólar” o “todos contra la Reserva Federal”. Los critpoevangelistas odian al Estado porque lo consideran el enemigo de lo que llaman “la soberanía individual”. Para ellos, ni siquiera Elon Musk o Mark Zuckerberg son suficientemente disruptivos y entienden la vida en sociedad como una selva o un casino donde casi la única ley sea el intercambio directo del dinero digital.

El tono mesiánico y la tendencia al show también está en Bukele. Emulando el evento de Miami, a finales de aquel año se celebró el Bitcoin Week de El Salvador. Para el fin de fiesta, en el escenario principal, a pie de playa, una pantalla gigante proyectaba, en letras azul neón, las palabras: “El presidente”. Una batería de luces láser, cañones de humo y fuegos artificiales manchó el cielo mientras el mandatario tomaba el micrófono: “Cuando Alejandro Magno fue conquistando el mundo, decidió establecer 20 Alejandrías por todo su imperio. Estas ciudades fueron faros de esperanza para el resto del planeta. Nosotros debemos establecer nuestra primera Alejandría aquí, en El Salvador. Vamos a construir la Ciudad Bitcoin”

En el diseño de esa Atlántida de Bukele, el suministro eléctrico dependerá de la energía geotérmica de un volcán cercano. Y el dinero para montar escuelas, hospitales y el resto de los servicios vendrá de los llamados bonos volcán o bonos bitcoin: nuevos títulos de deuda pública salvadoreña respaldados por la cartera de bitcoin. Un año y medio después del anuncio, y pese a las advertencias del FMI, ya está lista la ley que permite emisiones por hasta 1.000 millones de dólares. En todo ese proceso también ha estado involucrada la pareja Keiser-Herbert. Según una investigación de The Wall Street Journal, la empresa nodriza de sus dos fondos, Bitfinex, proveerá no solo de la plataforma tecnológica para las emisiones, sino que solicitarán también una licencia para operar como traders.

Keiser y Herbert no son los únicos personajes con interés e influencia en el mundo cripto que han colaborado en la implantación de la política económica salvadoreña. Jack Mallers, un joven de 27 años que creó una aplicación para trasferencias instantáneas de dinero vía bitcoin, fue uno de los asesores más cercanos del presidente en la redacción de la ley que implantó formalmente la moneda en el país. El cruce de influencias también aparece en este caso. Mallers buscó explotar su aplicación en el mercado de las remesas. El 20% del PIB de El Salvador proviene del envío de dinero de migrantes, sobre todo en EE UU. El negoció no prosperó y Mallers, según fuentes cercanas, no ha vuelto a pisar el país.

Apenas el 2% de las remesas se canalizan por bitcoin, según datos del Banco Central. Y alrededor del 70% de los salvadoreños no disponen siquiera de una cuenta bancaria. “La inclusión financiera era uno de los objetivos del proyecto bitcoin. Pero no hay una política pública que desarrolle estos objetivos”, explica la economista Tatiana Marroquín. “Las otras metas eran potenciar la imagen de marca del país y la recepción de turistas. Pero con todo lo que ha pasado en los últimos meses en el bitcoin, caída de precios, fraudes financieros, el perfil financiero de El Salvador ha caído en vez de subir”, añade la académica.

La cotización del bitcoin se ha desplomado en el último año más de un 40%. Desde el inicio de la aventura de Bukele, las alertas del FMI han ido en aumento. El último foco ha sido la que parece una inminente emisión de los llamados bonos volcán. En un comunicado del mes pasado, el organismo internacional subrayó que “dados los riesgos legales, la fragilidad fiscal y la naturaleza en gran parte especulativa de los criptomercados, las autoridades deberían reconsiderar sus planes de ampliar la exposición del Gobierno [salvadoreño] a bitcoin, incluida la emisión de bonos tokenizados”.

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