Una confusa campaña lleva a Costa Rica a elecciones cruciales para su modelo de bienestar

Con una explosión de candidaturas, cifras récord de contagios de covid-19 y un Gobierno agotado, los comicios del 6 de febrero plantean una duda existencial: ¿puede la aplaudida democracia centroamericana revertir el deterioro evidenciado por la pandemia?

Lineth Saborío, candidata del Partido Unidad Social Cristiana, el pasado 18 de enero durante un acto en San José.
Lineth Saborío, candidata del Partido Unidad Social Cristiana, el pasado 18 de enero durante un acto en San José.MAYELA LOPEZ (REUTERS)

Con la cifra récord de 25 candidaturas presidenciales y casi la mitad del electorado aún indeciso, Costa Rica pone a prueba su sólida democracia en los comicios del 6 de febrero para designar al Gobierno y a los diputados que enfrentarán tareas cruciales en la recuperación de la “pura vida”, el lema que se refleja en el modelo de bienestar y en las postales turísticas.

Escasas banderas en los barrios y abundantes vallas sobre las carreteras con candidatos maquillados que se ofrecen como la solución del desempleo, la corrupción o la ineficiencia del Estado, son el escenario de una campaña electoral que Costa Rica vive con agobio, muy lejos de las llamadas “fiestas electorales” del siglo XX, cuando el país bipartidista se preciaba de la baja desigualdad social, de su seguridad y de sistemas de salud y educación dignos del primer mundo.

Sin que todo se haya perdido en la única nación centroamericana que al celebrar sus 200 años de Independencia entró a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), sobresale una de las pocas coincidencias en la difusa discusión electoral: la acumulación de quehaceres no atendidos en años recientes y los efectos de la pandemia provocan un deterioro de hondas repercusiones que han provocado que la mayoría de la población viva peor que antes, aunque no todos.

El país, que aún aparece en los escalafones de “naciones más felices del mundo”, presenta la pobreza en 26% y un ritmo de recuperación económica que ensancha las desigualdades entre sectores, sin que mucho pueda hacer el Gobierno saliente de Carlos Alvarado, políticamente liquidado. La crisis fiscal y la tendencia de aumento de informalidad de los empleos (44%) amenaza también la sostenibilidad del sistema sanitario universal, mientras el país enfrenta también un “apagón educativo”. Así le llaman especialistas a los graves efectos mezclados de la pandemia y del desgaste de escuelas y colegios públicos donde hasta hace pocas décadas los pobres hallaban una firme escalera social y los ricos un sentido de comunidad.

“El país está embarcado en un acelerado proceso de construcción de un riesgo de proporciones históricas: que durante estos años se produzca regresiones, más o menos permanentes, en los logros de Costa Rica en desarrollo humano, debido a la falta de respuestas frente a la ampliación de las profundas desigualdades económicas y sociales prepandémicas, el debilitamiento de su Estado de bienestar y de las políticas de sostenibilidad ambiental”, resumió en noviembre el informe anual de Estado de la Nación, un centro de pensamiento formado por universidades estatales.

Para noviembre apenas empezaba la campaña electoral, pero ya se evidenciaban en las encuestas los sentimientos de agobio de la población ante una oferta electoral amplia como nunca antes, pero igualmente insatisfactoria y troceada, propensa a llevar el pulso hasta una segunda ronda en abril, advierten los estudios de opinión. Pese a la la reconfiguración política de Costa Rica y al fin del bipartidismo del siglo XX, son los partidos históricos los que encabezan las encuestas, junto al partido nuevo que formó el predicador evangélico Fabricio Alvarado después sacudir las elecciones de 2018 al ganar la primera vuelta como abanderado del discurso más conservador.

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El Partido Liberación Nacional (PLN, nacido hace 70 años en las aguas de la socialdemocracia) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC, centroderecha) se ofrecen como opciones para volver a la Costa Rica anterior al Partido Acción Ciudadana (PAC, centroizquierda), la agrupación que nació a inicios del siglo XXI y quebró el bipartidismo al recoger la demanda popular por valores que hoy se le cobran, como ética, eficiencia y capacidad de gestión política.

En 2021, detonó un escándalo de corrupción por una aparente red de sobornos a funcionarios a cargo de la construcción de carreteras, lo que tiene en prisión preventiva a los dos principales empresarios del sector y frenó las obras que el Gobierno de Alvarado ofrecía como legado, aunque afectó también a otros partidos. También reventaron casos judiciales relacionados con la penetración de grupos de narcotraficantes en sectores políticos, un tema evadido en la campaña. Mientras, diputados de oposición que controlan el Congreso ponen cuesta arriba las medidas de ajuste fiscal que el Gobierno de Carlos Alvarado propuso en 2021 para cumplir un acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional (FMI) presentado como un salvavidas para las finanzas públicas.

Tras el triunfo de Luis Guillermo Solís (2014-2018) y Alvarado (2018-2022), ambos con mandatos accidentados y un creciente rechazo social, el PAC prácticamente desaparece ahora en las encuestas, mientras el PLN y PUSC recogen la añoranza por las glorias pasadas y la esperanza de enfrentar también nuevos desafíos ambientales y tecnológicos o la complejidad social. Los rostros son los del enérgico expresidente José María Figueres (1994-1998), hijo del estadista del siglo XX José Figueres Ferrer, y en el PUSC el de una abogada apaciguadora llamada Lineth Saborío, vicepresidenta en el cuatrienio 2002-2006 gobernado por Abel Pacheco.

El candidato del PLN, José María Figueres, durante un mitin en San José, el pasado 21 de enero.
El candidato del PLN, José María Figueres, durante un mitin en San José, el pasado 21 de enero.EZEQUIEL BECERRA (AFP)

Figueres, Saborío y Fabricio Alvarado se disputan el liderato en las encuestas publicadas 20 días antes de las elecciones, pero con porcentajes que no alcanzan ni siquiera la mitad del 40% mínimo para ganar en primera vuelta, por lo que especialistas advierten probable ir un balotaje el 3 de abril para designar el gobernante que tomará funciones el 8 de mayo en el país de 5 millones de habitantes. Tampoco se descartan las opciones para el diputado de izquierda llamado José María Villalta y para el economista Rodrigo Chaves, exdirector del Banco Mundial que tuvo un fugaz paso como Ministro de Hacienda en el Gobierno actual, al que ahora critica sin reservas. Las restantes 20 candidaturas reciben menos del 3% cada una, pero complican el escenario en debates, entrevistas y propaganda. Tal vez por ello el 74% de la población dice que la decisión de voto es más difícil que en elecciones anteriores y la mitad dice que le genera estrés, señala la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica.

Todo depende, sin embargo, de cómo se decante un millón de probables votantes todavía indecisos, entre quienes predominan mujeres, votantes de regiones costeras y la población juvenil, que pesa 36% en el padrón y es aún más ajena a las lealtades partidarias. En promedio son cuatro de cada 10 encuestados los que señalan que irán a votar, pero que aún se debaten entre las opciones. Y si se miran las preferencias para renovar los 57 escaños de la Asamblea Legislativa, la neblina es mayor: 60% no sabe cómo votará, dice el reporte del CIEP.

“He cambiado de candidato como tres veces. Antes era más fácil porque uno votaba a un partido y ya, pero ahora es difícil. Entiendo que algunos prefieran no votar, pero así tampoco se arregla nada”, dijo el viernes una ama de casa, Luisa Brenes, madre de dos niñas a quienes quiere dar el ejemplo de ejercicio cívico. Las encuestas hacen prever que votarán dos tercios del padrón electoral, nada mal para el entorno de confusión y para las semanas en que los contagios de covid-19 tocaron cifras máximas en toda la pandemia, con más de 6.000 casos nuevos en el país de cinco millones de habitantes.

Es “un proceso complejo”, advirtió en octubre el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado, al presentar su renuncia al cargo que ejerció por 20 años porque una cuñada se postuló para diputada y él prefirió evitar un eventual conflicto de interés. Parecía exagerado, pero Sobrado justificó que lo hacía para no arriesgar la confianza sobre el árbitro del proceso electoral en momentos frágiles.

“Dos años de pandemia han generado sufrimiento, desempleo, quiebra de emprendimientos ciudadanos y luto en muchas familias. Eso se suma a los efectos psicológicos y se crea un caldo de cultivo para la desesperanza y el enojo, sentimientos que si no se manejan de manera adecuada pueden llevar la discusión a niveles que no son los acostumbrados”, dijo Sobrado sobre el funcionamiento democrático del país que todavía, a pesar de la pandemia, atrae a turistas y migrantes.

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