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Militares de Burkina Faso se amotinan para exigir más medios contra el yihadismo

Los soldados, que comenzaron a disparar al aire en los cuarteles, piden el relevo de la cúpula militar, mejores primas y una mayor atención a las víctimas

Soldados burkineses con el rostro oculto disparan al aire en el intercambiador de Bobo, cerca de la base Lamizana, en Uagadugú este domingo 23 de enero.
Soldados burkineses con el rostro oculto disparan al aire en el intercambiador de Bobo, cerca de la base Lamizana, en Uagadugú este domingo 23 de enero.Sophie Garcia (AP)
José Naranjo

Militares burkineses de diferentes cuarteles situados en Uagadugú, capital del país, y de las ciudades de Kaya y Ouahigouya han protagonizado este domingo un motín disparando al aire para exigir más medios en la lucha contra el yihadismo que avanza por el país, el reemplazo de la cúpula militar y una mayor atención a los heridos y a los familiares de las víctimas. La protesta militar encontró el apoyo de parte de la población, que salió a manifestarse. El Gobierno ha reconocido el incidente a través de un comunicado y, ante los rumores de golpe de Estado, el ministro de Defensa, el general Barthélémy Simporé, aseguró a través de la televisión pública que ninguna institución del Estado había sido inquietada y que el presidente del país, Roch Marc Cristian Kaboré, no había sido detenido.

Los incidentes comenzaron a primera hora del domingo. Tres cuarteles de Uagadugú se vieron afectados por los mismos, en concreto, la base Sangoulé Lamizana situada en el barrio de Gounghin, el campamento Baba Sy, en la salida sur de la capital, y la base aérea próxima al aeropuerto. Vecinos de Uagadugú aseguran que los disparos comenzaron a escucharse cuando aún era de noche y que prosiguieron durante la mañana del domingo, cuando comenzaron a circular informaciones sobre un supuesto intento de golpe de Estado.

Ya por la tarde, un residente en Uagadugú confirmaba a El PAÍS que la situación era de “calma relativa” y que ya no se escuchaban disparos procedentes de la base militar. Fuentes próximas al Gobierno aseguraron que el ministro de Defensa estaba negociando con los militares amotinados en aras a encontrar una salida a la crisis.

El portavoz del Gobierno de Burkina Faso, Alkassoum Maïga, se apresuró a publicar un comunicado reconociendo que había disparos en varios cuarteles, pero negando que se tratara de una asonada militar. Dos horas más tarde, el general Simporé daba una entrevista en la televisión pública. “Por ahora no sabemos los motivos de esos disparos, no sabemos qué reivindican. Vamos a entrar en contacto con los responsables de esta maniobra para comprender sus motivaciones”, aseguró el ministro de Defensa. “El jefe de Estado no ha sido detenido, ninguna institución de la República ha sido inquietada. Se trata de un movimiento localizado y circunscrito que está bajo control”, añadió.

Poco después, el periodista británico Henry Wilkins aseguró a través de Twitter que un grupo de militares de la base Sangoulé Lamizana le retuvieron a él y a otro periodista durante media hora y les trasladaron sus demandas: más tropas para combatir a los grupos yihadistas que siembran el terror en todo el país, formación militar adaptada a la amenaza terrorista, el recambio de la jerarquía militar y de inteligencia, un aumento de las primas para aquellos que van al frente de este conflicto y una mayor atención a los familiares de los soldados fallecidos, así como a los heridos en estos combates. Según Wilkins, el portavoz de los militares amotinados se negó a identificarse.

A medida que pasaban las horas, varias manifestaciones espontáneas de apoyo a los militares comenzaron a producirse en diferentes puntos de Uagadugú. Un centenar de personas trató de concentrarse en la plaza de la Nación, en el centro de la capital, pero fueron dispersados por la Policía con gases lacrimógenos. Mientras tanto, cientos de jóvenes lograron manifestarse en el barrio de Gounghin, donde prendieron fuego a neumáticos al tiempo que se seguían escuchando disparos procedentes de la base de Sangoulé Lamizana. La sede del partido gobernante en la capital fue quemada y saqueada. El servicio de Internet móvil se vio interrumpido desde de las diez de la mañana hora local, supuestamente un corte provocado por las autoridades como suele ocurrir en este tipo de crisis.

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La tensión ha ido en aumento en Burkina Faso en los últimos meses ante la incapacidad del Gobierno de hacer frente al avance del yihadismo por todo el país. Buena parte de ese descontento popular se expresa en un creciente sentimiento antifrancés, al igual que en otros países de la región como Malí o Níger, por el fracaso de la operación Barkane a la hora de impedir los constantes ataques terroristas. Este sábado se produjeron incidentes entre la policía y ciudadanos que trataban de manifestarse contra el Gobierno, tanto en la capital como en otras ciudades del país. En Kaya fue saqueada la sede del partido en el poder. Otra manifestación fue convocada en apoyo de Malí, país sancionado tras la toma de poder por una junta militar que ha reforzado su cooperación militar con Rusia en plena crisis diplomática con París y la Unión Europea.

Entre el 8 y el 12 de enero pasados, 15 personas fueron detenidas por un supuesto complot para organizar un golpe de Estado, de las que tres fueron posteriormente liberadas. De los 12 que permanecen bajo arresto, tres son civiles y nueve militares, entre los que se encuentra el supuesto cabecilla de la conspiración, el teniente coronel Emmanuel Zoungrana, quien presuntamente había contactado a numerosos oficiales en busca de apoyo para llevar a cabo un levantamiento militar. Zoungrana era hasta el pasado diciembre responsable del regimiento de infantería de Ouahigouya y es un joven oficial respetado a quien se considera próximo del exministro de Defensa Cheriff Sy, destituido en junio de 2021 tras la terrible masacre de Solhan en la que un grupo yihadista asesinó a unos 160 civiles.

Estas detenciones ponen de manifiesto el malestar en el seno del Ejército burkinés ante la estrategia de defensa y seguridad del Gobierno y los constantes ataques yihadistas de grupos vinculados a Al Qaeda y Estado Islámico que han costado la vida a decenas de soldados y miembros de las fuerzas de seguridad. La matanza de Inata, que tuvo lugar el pasado 14 de noviembre, marcó un punto de inflexión en dicho descontento. Ese día, decenas de yihadistas presuntamente miembros de Ansarul Islam, afiliado a Al Qaeda, atacaron el cuartel de la Gendamería de dicha localidad y asesinaron a 53 gendarmes. Investigaciones posteriores revelaron graves errores en el abastecimiento y gestión de dicha instalación, como falta de munición e incluso de comida. Días más tarde, ante el descontento popular y de los militares y entre rumores de golpe de Estado, el presidente Kaboré cesó a todo el Gobierno.

Burkina Faso es uno de los países más afectados por el conflicto yihadista que golpea al Sahel central desde enero de 2012, ha sufrido más de 7.000 muertos desde entonces, según el analista de datos José Luengo-Cabrera, y tiene un millón y medio de desplazados internos. Además de los atentados de Uagadugú de 2016, los ataques comenzaron ese año de manera sistemática en el norte y se fueron extendiendo al este e incluso el sur con el paso del tiempo. El Estado ha perdido el control de buena parte del territorio. Solo en 2021 fueron asesinadas 2.341 personas en Burkina Faso fruto de esta violencia, el año con más víctimas mortales. El Gobierno, incapaz de hacer frente a esta amenaza, creó en 2020 los Voluntarios para la Defensa de la Patria, grupos paramilitares integrados por civiles que han sufrido numerosas bajas desde entonces, entre ellas la de uno de sus líderes, el popular Ladji Yoro.

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Sobre la firma

José Naranjo
Colaborador de EL PAÍS en África occidental, reside en Senegal desde 2011. Ha cubierto la guerra de Malí, las epidemias de ébola en Guinea, Sierra Leona, Liberia y Congo, el terrorismo en el Sahel y las rutas migratorias africanas. Sus últimos libros son 'Los Invisibles de Kolda' (Península, 2009) y 'El río que desafía al desierto' (Azulia, 2019).

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