La policía de Brasil identifica al presunto asesino de tres homosexuales contactados por una aplicación

Hombres jóvenes, homosexuales y con buenas condiciones económicas que vivían solos: este es el perfil de las víctimas que la Policía Civil de Paraná atribuye a José Tiago Correia Soroka, de 32 años, sospechoso de haber asaltado y matado al enfermero David Júnior Alves Levisio, de 30 años, el pasado 27 de abril, y al estudiante de Medicina Marco Vinício Bozzana da Fonseca, de 25 años, el pasado 4 de mayo. Ambos vivían en Curitiba. Soroka también está relacionado con la muerte del profesor universitario Robson Olivino Paim, de 36 años, en la ciudad de Abelardo Luz, el 16 de abril.

Aunque los casos se están investigando como muertes por robo (a las tres víctimas les quitaron sus teléfonos móviles y ordenadores), la policía también sigue la hipótesis de que los casos correspondan a crímenes de odio, un delito que ha crecido en Brasil en los últimos años.

El delegado Thiago Nobrega, responsable del caso en Curitiba, explica que la hipótesis del crimen de odio se estudian por las características de las víctimas y la forma de actuar del sospechoso. En ambos casos, tanto en Curitiba como en Santa Catarina, los cuerpos fueron encontrados tumbados en la cama, boca abajo, vestidos, con las manos en la espalda y una manta sobre la cabeza, signos de que podrían haber sido asfixiados.

Según la policía, el sospechoso buscaba a las víctimas por medio de la aplicación Grindr, orientada a los encuentros entre personas LGBTI. Soroka -dicen las autoridades- utilizaba un perfil falso, identificándose con otros nombres y sin utilizar una foto de su cara. “Todos los correos electrónicos y las direcciones que utilizó para registrarse en la aplicación eran falsos, y solo hacía uso de internet en establecimientos públicos para no ser rastreado”.

También según Nóbrega, el sospechoso atacaba a las víctimas rápidamente, con un mata-leão, un golpe de estrangulamiento realizado por detrás, por la espalda, que deja a la persona inconsciente en pocos minutos. “Estamos a la espera de los informes forenses, pero todo hace pensar que tomaba a las víctimas de forma indefensa al comienzo [del encuentro] y luego las mataba por asfixia”. Nóbrega también dice que Soroka dejaba el lugar ordenado, sin evidencias de una lucha corporal.

La muerte del enfermero y del estudiante de Medicina causó una conmoción en Curitiba: Levisio llevaba poco más de un año trabajando en la primera línea de la covid-19 y soñaba con ser médico. Su hermana, Pablicia Levisio Costa, divulgó el domingo en su página de Facebook las publicaciones de la Policía Civil sobre la búsqueda de Soroka. “¡Difundan, queremos justicia!”, escribió.

Una denuncia presentada el pasado 11 de mayo, por una persona que declaró haber sobrevivido a las agresiones supuestamente cometidas por Soroka, fue decisiva para la identificación por parte de la Policía Civil: un arquitecto de 20 años, que vive en un barrio de Curitiba. “Lo que nos contó la víctima es que él [Soroka] llegó al apartamento muy educado y le pidió a la víctima que se quitara la ropa. Cuando estaba de espaldas, intentó asfixiarlo, pero como era un hombre fuerte y alto, pudo luchar y esquivarlo. Solo sobrevivió porque era fuerte”, explica el delegado.

La policía cree que hay otras víctimas. “En algunos casos el informe no es concluyente y no se está seguro de la asfixia. En otros intentos, tenemos información de que, por vergüenza, la gente no hace la denuncia”, aclara el delegado.

Un informe del Observatorio de Muertes Violentas de LGBTI+ en Brasil - 2020, elaborado por Acontece Arte e Política LGBTI+ y el Grupo Gay da Bahía, publicado la semana pasada, señala que, desde la década del noventa hasta ahora, el aumento del número de muertes motivadas por odio hacia la población LGTBI fue de aproximadamente un 60%. 2017 fue el año con mayor número de víctimas: 455.

En 2020, el total de muerte fue de 237, un 28% menos que en 2019. La reducción, según el informe, se produjo “por una imponderable oscilación numérica y el enorme subregistro identificado durante las búsquedas, investigaciones y registros”. También, dice, por la falta de inversiones en políticas públicas, campañas para incentivar la denuncia y la protección de las víctimas desde 2018.

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