El Programa Mundial de Alimentos de la ONU dará de comer a 185.000 niños en Venezuela

El Programa Mundial de Alimentos (PMA), el brazo de Naciones Unidas para combatir el hambre, iniciará finalmente operaciones en Venezuela. El acuerdo llega luego de un año de negociaciones y en el peor momento de la crisis humanitaria y la pandemia, cuando 9,3 millones de venezolanos, un tercio de la población, atraviesan en situación de inseguridad alimentaria. El programa se enfocará en las escuelas y atenderá inicialmente a 185.000 niños.

El director ejecutivo del PMA, David Beasley, llegó a Venezuela el domingo y se reunió con el presidente Nicolás Maduro y líderes de la oposición como Juan Guaidó.

Según datos de la propia organización, 30% de los niños menores de 5 años, un 6,3% está desnutrido y un 13,4% por debajo de su talla. Solo 8% de los hogares venezolanos puede pagar sus gastos, incluida la alimentación. Esta situación ha empeorado con la pandemia, según la organización de la iglesia Caritas, que realiza un monitoreo mensual en 13 estados del país. En los primeros tres meses de la llegada del coronavirus, de abril a julio de 2020, los niveles de desnutrición aguda aumentaron 73% en menores de 5 años.

La meta del PMA es llegar a 1,5 millones de escolares para 2022-2023. El compromiso es proporcionar comidas nutritivas, particularmente en las escuelas de educación preescolar y especial, así como invertir en la rehabilitación de los comedores escolares. Venezuela es uno de los pocos países de la región que no ha vuelto a las aulas en ningún momento tras un año de pandemia. “Agradecemos el gran apoyo que recibimos de todas las partes que estuvieron de acuerdo con estos principios”, dijo Beasley. “Los niños, las niñas y las escuelas estarán al centro de nuestra operación. Creemos que la escuela es la plataforma más apropiada para que el Programa Mundial de Alimentos llegue a las comunidades de manera independiente”.

El respeto a los principios de independencia, imparcialidad y la neutralidad de este tipo de aportes ha sido lo más complicado de acordar con el régimen de Maduro. El Gobierno negó durante años la crisis humanitaria que desde 2014 venían denunciando organizaciones no gubernamentales. Retrasó además hasta 2019 la instalación de un programa de asistencia humanitaria de Naciones Unidas en el país. En el caso de la alimentación, tardó mucho más.

Maduro monopoliza desde 2015 la distribución de comida subsidiada a través de importaciones que surten las llamadas bolsas CLAP (de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción). Estas bolsas cargan paquetes de harina, pasta y arroz y están bajo el control de militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. El programa ha sido señalado por presunta corrupción, distribuir alimentos de baja calidad y de ser usado por el Gobierno como un instrumento de control político.

La cuestión de la “sobernía”

A finales del año pasado, el canciller Jorge Arreaza dijo que había desacuerdos porque el PMA “no reconoce la soberanía de Venezuela”. Entonces, el gobierno quería supeditar la distribución de alimentos de la ONU a los CLAP, con el apoyo de milicianos, según publicó Bloomberg. Tras reiteradas negativas, el Gobierno de Maduro finalmente ha cedido, mientras busca levantar las sanciones económicas de Washington.

Gran parte de la sociedad civil y distintos sectores de la oposición ha celebrado los acuerdos. También ha subrayado la intención de no politizar el programa, luego de que en la campaña por las cuestionadas elecciones parlamentarias de diciembre algunos candidatos del oficialismo usaran la ayuda humanitaria para abordar a sus votantes.

Para Alejandro Crespo Freytas, miembro de la Sociedad Venezolana de Pediatría, el acuerdo es un paso importante para encauzar a ese tercio de niños venezolanos que están desnutridos. “Lo más preocupante para nosotros es que uno de cada tres niños menores de 5 años en Venezuela tienen poco peso y también poco tamaño”, señala. “Los niños que están naciendo no van a ser más altos que sus padres. Venezuela superó más temprano que otros países en la región el problema de la desnutrición, pero en los últimos años volvimos a entrar”.

El médico pediatra también es parte de Alimenta la Solidaridad, una ONG que desde 2017 intentar frenar la catástrofe de la desnutrición infantil. Actualmente, ofrecen comida a 25.000 niños en todo el país. Sin embargo, han sido foco de hostigamiento de parte del Gobierno, que congeló sus cuentas bancarias y allanó sus oficinas el diciembre pasado. Otras organizaciones como Azul Positivo, incorporadas al Plan de Respuesta Humanitaria de la ONU, también ha sufrido persecución, con sus directivos presos.

El acuerdo con el PMA —que en 2020 recibió el Premio Nobel de la Paz por su actuación en emergencias en todo el mundo— ocurre en un momento en que la amenaza del Gobierno a estas organizaciones ha aumentado a través de legislaciones para regular su financiamiento.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región.