El Cauca no tiene paz en Colombia

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La paz no ha llegado al Cauca, uno de los departamentos más golpeados por el conflicto armado que Colombia busca dejar atrás desde hace cuatro años, cuando selló los acuerdos con las FARC. El país andino se había desacostumbrado a fotos de violencia extrema, hasta que el fin de semana pasada vio los escombros dejados por el estallido de un coche bomba frente a la alcaldía de Corinto, un municipio enclavado en las montañas de esa convulsa región. El atentado, que no dejó muertos pero sí decenas de heridos, ha encendido las alarmas. Tras la firma de la paz, la violencia no da tregua en varios territorios y hasta se ha recrudecido.

El Cauca, un lugar estratégico para las rutas del narcotráfico por su salida al Pacífico, se ha convertido en un polvorín en el que operan un archipiélago de grupos armados ilegales. Entre ellos hay al menos tres disidencias de las extintas FARC, como la Dagoberto Ramos, a la que se atribuyó el atentado. También operan el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, una banda del narcotráfico heredera de los grupos paramilitares. Hasta el 20% de los habitantes el Cauca, unas 235.000 personas, han sido registradas por el Gobierno como víctimas del conflicto armado. La nueva etapa de violencia es más fragmentada, sin actores dominantes.

“Aquí sabemos que los que están detrás de ese atentado son los bandidos de la Dagoberto Ramos. A ellos solamente les queda un camino: se someten o los vamos a enfrentar con contundencia”, aseguró el presidente Iván Duque al visitar Corinto. El Gobierno ha recurrido a viejas fórmulas, como hacer un consejo de seguridad, anunciar el despliegue de 2.000 uniformados adicionales a los 8.000 que ya están en el departamento y ofrecer recompensas por los cabecillas. Los ministros de Defensa, Diego Molano, e Interior, Daniel Palacios, recorrieron el miércoles los municipios más afectados con la promesa de reforzar operaciones de desminado y erradicación de cultivos ilícitos, así como garantizar el retorno de familias desplazadas. Pero la violencia está desatada.

La explosión de un coche bomba no fue un episodio aislado. Al atentado se añaden los enfrentamientos entre disidencias y el ELN que han provocado unos 2.000 desplazados en el municipio de Argelia. Allí, más de 6.000 civiles están expuestos al uso de artefactos explosivos convencionales y no convencionales por parte de los actores armados ilegales, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, encargada de velar por los derechos humanos. También el secuestro y posterior asesinato de un funcionario de la Fiscalía por parte de la Dagoberto Ramos cuando viajaba por la carretera que une Santander de Quilichao con Corinto. Todo en un periodo de pocos días desde el pasado fin de semana.

En medio de la reciente oleada de masacres que ha asomado a Colombia a su pasado más oscuro, en el departamento han ocurrido además cuatro matanzas. El saldo fue de 14 muertos en lo que va de 2021, de acuerdo con Indepaz, una ONG dedicada a temas de conflicto armado. El Cauca también ha ocupado el primer lugar en el incesante asesinato de líderes sociales a lo largo y ancho del país desde la firma de los acuerdos. Allí confluyen el cultivo de hoja de coca y de marihuana creepy, la minería ilegal en la costa del Pacífico y los conflictos por la tierra.

“Es muy raro que haya tanta presencia de las Fuerzas Armadas en el Cauca y no sean capaces de controlar a las estructuras criminales, que tanta inteligencia militar no dé con los responsables, que no prevengan el accionar de los grupos armados y siempre lleguen tarde”, se lamenta el senador y líder indígena caucano Feliciano Valencia, quien fue blanco de un atentado a finales del año pasado. “El Gobierno no atiende las alertas tempranas que emite la Defensoría del Pueblo para prevenir las acciones criminales y el Ejército no hace presencia permanente en el territorio. Es esto lo que provoca la crisis humanitaria”, agrega. La estrategia de ofrecer recompensas ya no es efectiva y la captura de cabecillas no debilita a las disidencias debido a que no tienen la misma estructura jerárquica de las FARC, apunta un análisis de La Silla Vacía.

En el Cauca hay un conflicto social, económico y cultural históricamente no resuelto, explica el exdefensor del Pueblo Carlos Negret, de familia caucana y conocedor de la región. Su origen tiene varias causas. La primera es una geografía quebrada que le hace costoso y difícil al Estado hacer presencia permanente con su oferta de seguridad, pero especialmente de justicia, educación, salud e infraestructura. La misma condición que paradójicamente favorece a los actores armados. “Durante decenas de años el Estado y el establecimiento han tenido una relación con las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas mediada por la desconfianza. Una desconfianza que tiene raíces ancestrales, que distancia y se ha construido bajo prejuicios y preconceptos que son las condiciones esenciales de la estigmatización”, señala. Y a eso se suma la desigualdad y ausencia de oportunidades en un territorio esencialmente rural.

“La única manera de transformar estas condiciones es con transformaciones impulsadas por el Estado en pleno. Con políticas de largo plazo y no con proyectos circunstanciales; con decisiones sostenibles y sustentables, y no con extinguidores de fuego que más temprano que tarde acaban su carga”, valora Negret. “Creo que la implementación del acuerdo de paz tiene muchos de esos elementos”.

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