La Cruz Roja advierte de un recrudecimiento de la violencia en Colombia durante la pandemia

La pandemia del coronavirus ha traído un aumento de la violencia en varias regiones de Colombia. Cuatro años después de que el Gobierno firmó un acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC, hoy convertida en el partido político Comunes, persisten los desafíos y en muchos de los lugares más remotos la situación humanitaria ha empeorado en medio de la crisis sanitaria y las medidas de confinamiento, ha alertado este miércoles el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) al entregar su balance anual. A pesar del desarme de la que fue la guerrilla más poderosa de América, concluye, la población civil sufre los embates de otros grupos armados y persisten fenómenos como los desplazamientos de comunidades, las desapariciones o el reclutamiento de menores.

“En 2020 las consecuencias del conflicto tuvieron un recrudecimiento”, señaló durante la presentación Lorenzo Caraffi, el nuevo jefe de la delegación del CICR. “Registramos nuevas desapariciones, víctimas de artefactos explosivos, ataques contra la Misión Médica, amenazas, homicidios, violencia sexual, reclutamiento y uso de menores, así como múltiples abusos contra la población civil. Nos preocupa que los actores armados continúen irrespetando el DIH [Derecho Internacional Humanitario] y otros principios humanitarios, y que las comunidades sigan sufriendo los peores efectos de la guerra”, apuntó Caraffi, quien desde agosto del año pasado lidera una delegación que lleva más de medio siglo operando sobre el terreno en Colombia.

En varias zonas en las que abundan las economías ilegales la salida de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia dejó un vacío que, ante la falta de respuesta estatal, ha sido copado por otros grupos armados. El CICR ha evitado hablar de una situación de posconflicto, y prefiere referirse a un escenario de posacuerdo. Para la organización persisten al menos cinco conflictos armados no internacionales en el país andino. Cuatro son entre el Gobierno y algún actor armado: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia –también conocidas como el Clan del Golfo– y las antiguas estructuras de las FARC que no se acogieron al proceso de paz. El quinto es el enfrentamiento entre el ELN y el EPL en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela.

La pandemia ha agravado las consecuencias de esos cinco conflictos. “Comunidades de diferentes regiones de los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño, Norte de Santander y zonas del suroriente colombiano se han visto particularmente afectadas por la violación de las normas humanitarias por parte de los actores armados”, explica Caraffi, quien ya ha estado desplegado en otros dos periodos en el país andino. “La situación actual no se puede comparar a la de comienzos de los años 2000”, cuando la guerra era mucho más aguda, matiza, “lo que preocupa son las tendencias”.

Varias de las cifras consignadas en el informe encienden las alarmas. Casi 50.000 personas se vieron afectadas o bien por desplazamientos masivos –21.307– o bien por confinamientos –28.123– en el marco del conflicto armado durante el año pasado. En algunas zonas, “los grupos armados impusieron medidas de control severas con el argumento de intentar detener el contagio del virus, lo que restringió la movilidad de las comunidades y las expuso a consecuencias como la falta de acceso a sus medios de vida y a servicios básicos de salud”, señala el documento. “Además, las sometió a una situación de miedo e intimidación, ya que, al no cumplir con estas medidas de control social, la población fue víctima de amenazas y homicidios”.

A pesar de los avances en desminado que se han producido desde la firma de los acuerdos, a finales de 2016, las 389 víctimas de minas antipersonal y otros tipos de artefactos explosivos en 2020 se convirtieron en la cifra más alta de los últimos cuatro años. De los 69 municipios en los que ocurrieron esos incidentes, en 41 no se habían registrado en 2019, de modo que el fenómeno se ha extendido a lugares donde se creía superado. “Son artefactos explosivos nuevos”, enfatizó Caraffi al señalar que suelen tener una relación directa con los confinamientos de comunidades, que afectaron principalmente al departamento del Chocó, sobre el corredor del Pacífico, con el 78 % de los casos.

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