Un escándalo sobre subsidios familiares cerca al Gobierno de Países Bajos

Un escándalo político sin precedentes en Países Bajos cerca al Gobierno de centroderecha, que afronta unas elecciones legislativas el próximo marzo. Se refiere a las acusaciones infundadas de fraude efectuadas contra 26.000 familias que recibían el subsidio oficial destinado al cuidado externo de los hijos hasta que estos alcanzan los 12 años de edad. Las autoridades tributarias informaron a los padres, en su mayoría de origen inmigrante, de que no tenían derecho a las ayudas y las familias fueron obligadas a devolver las cantidades recibidas, que en algunos casos ascendían a 100.000 euros.

La comisión parlamentaria ha concluido que “la injusticia sin precedentes cometida ha tardado demasiado en ser reconocida”. El Ejecutivo ha decidido compensar a los padres con 30.000 euros por cabeza, pero 20 víctimas anunciaron ayer la presentación de una denuncia contra cinco ministros ante el Tribunal Supremo. El primer ministro, Mark Rutte, asegura que plantear la posible dimisión del Gabinete antes de los comicios solo tendría valor simbólico. Lo mismo aduce el titular de Economía, Eric Wiebes.

La decisión de las autoridades tributarias colocó a muchas familias al borde de la quiebra. Nazmiye Yigit-Karaduman tuvo que devolver 32.000 euros en un plazo de dos semanas. Apeló a los tribunales, perdió el caso y logró devolver esa cuantía a plazos, a base de trabajar 10 horas diarias. Kristie Rongen acumuló una deuda de 92.000 euros y necesitó ayuda psicológica para afrontar la situación. Cuando recibió la notificación era madre soltera con tres hijos a su cargo. Esther (nombre ficticio), madre de un niño, recibió en total 48.000 euros y, al reclamarle la devolución del dinero, perdió su seguro de salud y su trabajo. Ángela Sanches, madre de dos niños, acabó con una deuda de 100.000 euros y las autoridades locales confiscaron sus ingresos, hasta el punto de que en mayo de 2020 le daban 70 euros semanales para vivir. Estos son algunos de los casos recogidos por la prensa local. El Gobierno ha pedido perdón a los afectados y ha acordado destinar 500 millones de euros a las indemnizaciones.

El caso se remonta al verano de 2014, cuando un grupo de 157 padres de una guardería de Eindhoven recibieron una notificación de Hacienda anunciando la supresión del subsidio tras la sospecha, que se demostró infundada, de irregularidades. Cuando el dueño de la guardería cotejó los datos de sus clientes con un funcionario de Hacienda vio que el documento oficial añadía el origen de los padres, marroquí y turco en su mayoría. “No había neerlandeses autóctonos entre esos afectados”, dice la abogada Eva González Pérez, nacida en España y esposa del dueño de centro infantil. Ella representa a las familias de Eindhoven y de otras ciudades de Países Bajos y destapó el escándalo.

La ascendencia de un ciudadano (o su doble nacionalidad) no puede registrarse junto a sus datos personales en Países Bajos desde 2014 Junto a las correspondientes denuncias, González recurrió ante el Defensor del Pueblo y el del Menor, que publicaron informes críticos con la situación. Finalmente, el caso llegó al Parlamento, que inició una investigación y dictaminó en 2019 que “hubo falta institucionalizada de imparcialidad, y los funcionarios interpretaron de forma demasiado estricta la normativa contra el fraude”.