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Inquilinos para siempre, y no son okupas

Portugal pone en marcha los alquileres vitalicios para evitar desahucios a cambio de pagar el 20% de la vivienda

El lisboeta barrio de Alfama, una de las zonas donde el precio de la vivienda ha subido más.
El lisboeta barrio de Alfama, una de las zonas donde el precio de la vivienda ha subido más.

Inquilinos para siempre, y no se trata de okupas, sino de una iniciativa del Gobierno de Portugal para aliviar el problema de la vivienda, especialmente en las grandes ciudades.

El buen momento económico que vive el país se ha basado en el turismo y todo lo que lo rodea —rehabilitación de viviendas, construcción de hoteles, fomento del alojamiento rural—, pero también ha acarreado desde 2014 una subida del precio del ladrillo hasta niveles imposibles de afrontar en Lisboa y Oporto. Las familias portuguesas de clase media tienen muy difícil residir en sus ciudades. Profesionales de la educación, por ejemplo, dejan de optar a plazas en esas ciudades porque el alquiler les come su salario.

A falta de nueva vivienda social, el Gobierno intenta desde hace dos años rebajar el problema con legislaciones que impiden el desalojo de personas mayores, el programa de arrendamiento accesible y, desde inicio de este año, el alquiler vitalicio o inquilino para siempre.

Pese a sus buenas intenciones, ninguna de estas nuevas regulaciones es fácil de aplicar. En el caso de las personas mayores de 65 años o discapacitadas deben poseer un contrato con 15 años de antigüedad; en el caso del programa de arrendamiento accesible, puesto en marcha en julio, solo se han firmado 78 contratos, ya que es un programa voluntarista en donde los propietarios ponen su vivienda bajo ese régimen con un 20% de descuento sobre precio de mercado. Actualmente hay 25 demandas por cada oferta de piso. En vista de su flojo resultado, el Gobierno ofrece al propietario exención fiscal total sobre el arrendamiento. Por otro lado, a las casas abandonadas se les podrá sextuplicar el impuesto inmobiliario y un 10% el anual.

El último intento para que se utilicen las viviendas vacías es el DHD, Derecho Real de Habitación Duradera, en lenguaje común: alquiler vitalicio. Para adquirir tal condición de piso seguro hasta la muerte, el inquilino deberá pagar el 20% del precio de la casa, más un alquiler mensual. El arrendatario es el único que puede romper el contrato; si lo hace antes de 10 años se le devuelve todo el aval; a partir de ese año va perdiendo un 5% hasta que a los 30 años de alquiler no tendrá derecho a devolución alguna. A este régimen se pueden apuntar ya los inquilinos que habitan un piso desde 1999 y que tienen más de 65 años. En el caso de que no tengan dinero para la caución, siempre pueden solicitar un crédito hipotecando su Derecho de Habitación Duradera.

Las reacciones no se han hecho esperar: todas negativas. Los arrendatarios critican que el sistema convierta a los inquilinos en los banqueros de los arrendadores. "Al final, el inquilino tiene que entregar el piso y no se le devuelve la caución", señala Romão Lavandinho, presidente de la Asociación de Inquilinos Lisboetas. "El inquilino financia al propietario".

Al presidente de la Asociación Nacional de Propietarios, Luís Menezes, le parece raro que alguien quiera firmar un contrato vitalicio con un extraño. Entremedias, el ministro del ramo, João Matos, remata las dudas: "El contrato vitalicio ni es alquiler ni es propiedad".

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