La dimisión del presidente y el bloqueo de la elección en el Congreso sumen a Perú en un vacío de poder

Perú se asoma a un vacío de poder. La dimisión este domingo de Manuel Merino de su cargo de presidente interino y el bloqueo de la elección de su sustituto en el Congreso sumen al país en una situación en la que el poder ejecutivo y el legislativo no tienen a nadie a la cabeza. El Parlamento no alcanzó un consenso para elegir a su nuevo presidente, que asumiría como mandatario interino en reemplazo de Merino, quien se vio forzado a dimitir después de seis días de multitudinarias protestas en su contra.

Dimite el presidente de Perú

El político asumió el martes como jefe del Ejecutivo interino después de que el Parlamento destituyera a Vizcarra, investigado por la Fiscalía por supuestos sobornos recibidos en 2014 cuando era gobernador regional. Una primera lista que hubiera llevado a la presidencia a una congresista de izquierda, la escritora Rocío Silva Santisteban, no alcanzó los votos necesarios, pese a que los portavoces de los partidos que integraban la lista se los ofrecieron en un primer momento. Mientras los parlamentarios votaban, miles de jóvenes manifestantes esperaban el desenlace a las puertas del Congreso: unos enfundados en la bandera peruana, otros con carteles en memoria de Inti Sotelo y Bryan Pintado, fallecidos la noche del sábado víctimas de la represión policial durante las protestas que pedían la dimisión de Merino.

Los portavoces volverán a votar por otra lista de autoridades del Congreso este lunes a las dos de la tarde (seis horas más en la España peninsular). Merino dejó el cargo presionado por la indignación ciudadana ante la violencia policial que causó las dos muertes, 63 heridos hospitalizados y una decena de desaparecidos la noche del sábado, el día con la mayor participación en las protestas en rechazo al Gabinete interino y el Congreso. Tras el baño de sangre y ante el silencio de las autoridades que no se responsabilizaban por la tragedia, los ministros de Merino dimitieron y sus aliados políticos le dieron la espalda.

Este no tenía alternativas. La madrugada del sábado comenzaron a llover las renuncias en el Gobierno interino que acababa de conformar. Y si no dejaba el cargo, el Congreso iba a convocar una sesión para destituirlo en cuestión de horas. “En este momento en que el país atraviesa una de las más grandes crisis políticas, presento mi renuncia al cargo de presidente de la república”, declaró en un mensaje televisado a la nación. Nada más terminar, se escucharon cacerolazos y bocinazos en varios distritos de Lima. El congresista, que hasta hace una semana se desempeñaba como presidente del Parlamento, había sido uno de los promotores de la destitución de Vizcarra después de que la Fiscalía le abriera investigación por supuesta corrupción.

El propio Merino se despidió este domingo con un mensaje contra la corrupción, que en Perú se ha convertido en un problema estructural que afecta a todas las formaciones y ha acorralado a todos los presidentes electos desde 1985. Y lo hizo a pesar de que cada vez que ocupó un cargo público como representante del partido de centroderecha Acción Popular fue cuestionado por hechos de corrupción. Recibió, por ejemplo, acusaciones por unos contratos que beneficiaron a familiares cercanos y fue cuestionado por no declarar conflictos de interés. Aun así, proclamó: “Creo en la lucha frontal con la corrupción, los corruptos no pueden representarnos, creo que el poder es para servir a los demás y no a poderes subalternos”.

La salida de Vizcarra para ser sustituido interinamente cuando el país se prepara para celebrar elecciones en abril de 2021 fue aprobada por el Congreso, una maniobra legal pero rechazada duramente y considerada ilegítima por la sociedad civil. Desató de inmediato una ola de movilizaciones que tuvieron un carácter transversal y que fueron aumentando la presión con el transcurso de los días. Al mismo tiempo, la comunidad internacional se resistió a reconocer abiertamente a Merino como presidente. De los países de la región, solo Paraguay lo hizo. La Organización de los Estados Americanos (OEA) se remitió al pronunciamiento del Tribunal Constitucional y organismos dedicados a la defensa de los derechos humanos como Human Rights Watch (HRW) advirtieron contra los peligros que esta nueva etapa representaba para el Estado de derecho.