Israel ejecuta la mayor demolición de un poblado palestino en una década

En plenas elecciones de EE UU, el Ejército desaloja a 73 beduinos en una aldea del valle del Jordán, entre ellos 41 menores

Un niño palestino cuya familia fue desalojada por el Ejército israelí, el jueves en un refugio provisional en el valle del Jordán. En vídeo: Las comunidades de Khirbet Humsah tras las demoliciones. (FOTO: Reuters | VÍDEO: Agencias)

Una docena de familias de pastores beduinos asentadas en el valle del Jordán, en Cisjordania bajo ocupación de Israel, han sido desalojadas por el Ejército en la considerada por Naciones Unidas como la mayor operación de demolición en los territorios ocupados palestinos desde hace una década. Las excavadoras arrasaron tres cuartas partes de la aldea de Humsa al Baqaia, a unos 40 kilómetros al norte de Jericó, en la tarde del martes, mientras la atención mundial estaba concentrada en las elecciones de Estados Unidos.

Un total de 73 personas, entre ellas 41 menores, quedaron desamparadas a la intemperie en medio de la pandemia de coronavirus, al tiempo que el primer gran temporal de lluvias de otoño azota Oriente Próximo. También fueron arrasados sus cobertizos para el ganado, así como contenedores de agua potable, letrinas y paneles solares que habían sido donados por la Unión Europea a fin de mejorar su vida cotidiana.

Un convoy con tiendas de campaña de emergencia enviado por ONG humanitarias palestinas ha llegado este jueves a Humsa al Baqaia para realojar a los civiles desahuciados por la administración militar que gestiona la ocupación. Israel les niega sistemáticamente permiso para construir tras haber declarado la zona como campo de maniobras, a pesar de tratarse de un lugar previamente habitado. “Nos dieron solo 10 minutos para desalojar nuestros hogares antes de arrasarlo todo con las excavadoras”, dijo a la agencia France Presse un vecino de la aldea.

Yvonne Helle, coordinadora humanitaria interina de la ONU para los territorios palestinos, ha contabilizado la demolición de 76 estructuras, entre construcciones, jaimas y corrales “en la mayor operación de demolición en un decenio”. “Tres cuartas partes de los habitantes de la aldea han perdido su alojamiento, en lo que supone el desplazamiento forzoso de población más importante desde hace más de cuatro años”, agregó Helle, quien ejerce como delegada en Palestina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

El Cogat, departamento del Ministerio de Defensa israelí que gestiona el día a día de la ocupación, puntualiza en un comunicado difundido este jueves que se ha limitado a derribar “siete tiendas de campaña y ocho cobertizos edificados ilegalmente, de acuerdo con los procedimientos establecidos y en función de consideraciones operacionales, en una zona de tiro”.

El primer ministro palestino, Mohamed Shtayyeh, ha llamado a la comunidad internacional a frenar el intento de desplazar a la población de esta aldea y de otras 37 similares ubicadas en áreas de maniobras militares. “Israel ha decidido cometer ahora otro crimen mientras toda la atención está fijada en Estados Unidos”, denunció a través de Twitter el jefe del Ejecutivo de la Autoridad Palestina.

Desde Bruselas, la oficina del alto representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, difundió un comunicado en el que se lamentaba “esta demolición a gran escala (...) que confirma una tendencia desde comienzos de año”. En lo que va de 2020, cerca de 800 palestinos han sido expulsados de sus casas, más que en todo 2019 y casi el doble que en 2018, según datos de la ONG pacifista israelí B’Tselem. Representantes diplomáticos de los países de la Unión ante la Autoridad Palestina tienen previsto visitar este viernes Humsa al Baqaia.

En el valle del Jordán, cuya anexión a Israel ha sido promovida por el primer ministro Benjamín Netanyahu, viven unos 60.000 palestinos junto con 12.000 colonos judíos. De acuerdo con la ONG israelí Paz Ahora, menos de un 2% de las 3.000 peticiones palestinas de licencia de construcción presentadas entre 2009 y 2016 han sido aprobadas por las autoridades militares.

El Cuarto Convenio de Ginebra, base del derecho humanitario que regula el tratamiento a la población en territorios bajo ocupación militar, prohíbe el desplazamiento forzoso de civiles y lo tipifica como crimen de guerra.

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