Las candidaturas electorales indígenas crecen un 28% en Brasil
Las comunidades piden un sitio en la democracia brasileña, aunque todavía no hay acuerdo para formar un partido único
El aumento de la deforestación, de las invasiones de garimpeiros (buscadores de piedras preciosas) ilegales en sus territorios, la paralización de las demarcaciones bajo el Gobierno de Jair Bolsonaro y el avance de la covid-19 en las comunidades originarias son el telón de fondo del boom de candidaturas indígenas en Brasil para las elecciones municipales de noviembre próximo. El número de candidaturas de quienes se declaran indígenas ha crecido un 28% con respecto a los comicios de 2016. Aquel año, fueron 1.715. A día de hoy, de acuerdo con el Tribunal Superior Electoral (TSE), son 2.194. Con esas cifras, los indígenas superan a los candidatos que se declaran orientales (1.959, un 0,35% del total), por lo que dejan de ser el colectivo menos representado en la disputa electoral.
La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) atribuye parte de este resultado al trabajo de los últimos años para fomentar la formación política en las aldeas. En 2017, la organización publicó la carta-manifiesto Por un parlamento cada vez más indígena y, en 2018, el movimiento de los pueblos originarios consiguió que la diputada federal Joênia Wapichana (partido Rede de Roraima) fuera la primera mujer indígena en conquistar un escaño en el Congreso.
“La pérdida de los derechos fundamentales de nuestros pueblos empieza en los acuerdos en el Parlamento, así que es importante que estemos en esos lugares. Pero si queremos llegar ahí o incluso a la presidencia, tenemos que aumentar la base en la esfera municipal”, afirma Sônia Guajajara, presidente de la APIB y candidata a la vicepresidencia en 2018 junto a Guilherme Boulos (Partido Socialismo y Libertad). En 2016, 167 indígenas salieron elegidos concejales. Para Sônia, “es muy poco”. Este año, de los 545.437 candidatos registrados en el TSE, el 0,40% son indígenas, una cantidad cercana en porcentaje al tamaño demográfico de los pueblos originarios en Brasil: ellos son al menos 900.000, el 0,43% de una población de 209 millones de habitantes.
“Nuestra estrategia es reducir el número de candidatos para concentrar los votos, porque lo cierto es que no podemos contar con los votos de los no indígenas. Y tampoco somos una prioridad dentro de los partidos. Ningún partido, por muy en línea que esté con nuestra agenda, comprende bien nuestras demandas”, dice Sônia.
Por eso, el cacique Ramón Tupinambá, de 35 años, candidato a concejal por el PSOL en la ciudad de Ilhéus, extremo sur del Estado de Bahía, dice que lo ideal sería tener un partido indígena a nivel nacional. “Entonces podríamos poner sobre la mesa nuestra visión de Gobierno participativo, algo común en la gestión de nuestras aldeas, por ejemplo”, dice Tupinambá, que ya se presentó a las municipales de 2016 y se postuló para ser diputado regional en 2018, sin éxito en ambas ocasiones.
Ramón, descendiente de los primeros pueblos que se enfrentaron a la violencia de la colonización en Brasil, pretende actuar en la esfera municipal por la demarcación de los territorios tupinambá en la región de Ilhéus, autorizada desde 2009 por el Tribunal Supremo Federal, pero vetada por el exministro de Justicia Sergio Moro que en enero de este año le devolvió a la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) 17 procesos de demarcación. “Vivimos un constante enfrentamiento con las grandes inmobiliarias, que construyen complejos y conjuntos residenciales cerca de nuestras aldeas”, lamenta Ramón.
A pesar de coincidir con él en que los partidos existentes no satisfacen las reivindicaciones de los pueblos originarios, Sônia Guajajara tiene sus dudas en cuanto a la creación de una formación nacional indígena. “No estoy convencida de que eso lo solucione. Al fin y al cabo, somos 305 pueblos diferentes en todo Brasil, así que es posible que acabásemos cayendo en la lógica de los partidos tradicionales”, argumenta.
Más mujeres
En los comicios municipales de 2020 también se batirá el récord de mujeres candidatas entre los indígenas: han pasado de un 27,5%, en 2016, a un 32,4% del total, según datos del TSE. Una de ellas es Kandara Pataxó, de 39 años, candidata a concejala en Santa Cruz Cabrália (Bahía), representando al Partido Social Democrático. Kandara, hija de dos líderes indígenas —su madre fue la primera mujer jefe de su aldea—, actúa en la comunidad desde los 16 años como defensora de los derechos de las mujeres, reivindicando que ocupen espacios de decisión en las tribus. A pesar de esa trayectoria, dice que la invitación para postularse fue inesperada.
“Vengo buscando políticas públicas, pero no vengo de una vida pública. Titubeé cuando me propusieron la candidatura. Pensé: van a ordenar matarme. No quiero ser otra Marielle [Franco, concejala asesinada en 2018]”, cuenta Kandara, quien, tras sentir el apoyo de su pueblo, decidió aceptar el reto. “La mayoría de nosotros no entiende mucho de partidos. Nuestra lucha no es de partido, es de espacio. Siempre nos han usado de relleno en los partidos para apoyar a los candidatos no indígenas que prometen defender nuestras ideas, pero, cuando llegan al poder, nosotros somos los primeros olvidados”, añade.
Fue esa disputa por espacio lo que motivó a Ariene Susui, de tan solo 23 años y miembro del pueblo wapishana, a presentarse como concejala en Boa Vista (Roraima) con el partido Rede. La ciudad, pese a contar con cerca de 20.000 indígenas, nunca ha tenido un representante de los pueblos originarios en su asamblea. Ariene cuenta que su comunidad empezó a celebrar reuniones para discutir política partidista en 2017, cuando el pueblo wapishana preparaba la candidatura de la diputada Joênia. “Cuando obtuvo el escaño, ya no paramos. Fue una llama necesaria”, dice.
Ariene dice que la política partidista nunca ha sido una prioridad para los pueblos indígenas, porque siempre tuvieron que luchar por lo más primordial, sus territorios. El retroceso en los derechos de estos pueblos en los últimos años, con todo, la motivó a entrar en política. “Para mí, el detonante fue ver cómo los garimpeiros y los madereros ya no tienen miedo e invaden cada vez más nuestros territorios, precisamente porque se sienten arropados por el discurso del Gobierno federal”, afirma.
Para Val Eloy, de 39 años, que milita por el pueblo terena de la Tierra Indígena Taunay-Ipegue (Estado de Mato Grosso do Sul) desde los 11 años, presentarse a las elecciones es una forma de participar en un plan de gobierno en una de las capitales donde el bloque ruralista es más fuerte. Ella es candidata a coalcaldesa de Campo Grande por el PSOL, junto a Cris Duarte. “Aquí, los políticos no se intimidan y no les da vergüenza afirmar que no les gustan los pueblos indígenas”, dice.
Proveniente de un linaje político —sus abuelos fundaron su aldea y su hermano, el abogado Eloy Terena, logró que el Supremo obligase a Bolsonaro a adoptar medidas de protección para los pueblos indígenas contra la covid-19—, Val no dudó en aceptar la candidatura. En su región, fue una de las líderes que coordinaron la construcción de cordones sanitarios en las aldeas, ante la falta de asistencia gubernamental. “Hemos perdido muchas vidas, pero si han pensado que eso nos haría bajar la cabeza, se equivocan, pues lo que ha hecho ha sido incentivarnos a demostrar que no vamos a esperar más a que una política blanca hable por nosotros”, declara.
