Ylva Johansson: “En Europa no hay crisis migratoria; hay migrantes en crisis”

Las llamas del campamento de refugiados de Moria han sido el inesperado y cruel preámbulo a una de las propuestas más esperadas de la Comisión Europea para este curso político: la presentación del plan migratorio el próximo día 30. Afinándola se encuentra Ylva Johansson (Estocolmo, 56 años). La comisaria de Interior conoce el historial de desencuentros que han convertido la política de acogida común en un dosier altamente inflamable. Pese a los oscuros precedentes, asume la tarea con cierto optimismo, al menos de puertas para afuera. Aunque sin ingenuidad. “Es un ejercicio muy, muy difícil encontrar compromisos que puedan ser aceptados por los Estados miembros”, admitió este jueves en una entrevista con un grupo de medios europeos, entre ellos EL PAÍS.

Nadie parece tener la fórmula para salir del atolladero. El debate sobre si los migrantes deben repartirse entre los Veintisiete para compartir responsabilidades no ha desaparecido, pero despierta furibundas divisiones. Johansson guarda con celo las líneas maestras del pacto. Pero la intención de Bruselas es ofrecer tanto a los países receptores como a los Gobiernos más duros contra la inmigración algo a lo que aferrarse. “Creo que cuando lo presente nadie estará del todo contento. Nadie dirá: ‘esto es exactamente lo que quería’. Pero espero que valoren el esfuerzo de la Comisión para llegar a un acuerdo y se sienten a negociar”.

Para apaciguar a las capitales beligerantes con la inmigración, caso de Budapest, la Comisión quiere agilizar las devoluciones de los inmigrantes sin derecho al asilo, un trámite que Bruselas cree que no se está llevando a cabo lo suficientemente rápido. El Ejecutivo comunitario apelará a la solidaridad entre Estados para apoyarse con la identificación de los migrantes, los documentos de viaje o los contactos con terceros países, unas gestiones que países pequeños como Malta no son capaces de realizar en solitario. También prevé actuar contra los llamados “movimientos secundarios”, los desplazamientos de migrantes irregulares desde el país de entrada hacia otros Estados de la UE, para evitar que sus receptores asuman una doble solidaridad. Pero Bruselas no solo quiere dar ejemplo de firmeza contra las mafias y la inmigración irregular. La Comisión sopesa crear un mecanismo de supervisión para vigilar las expulsiones en la frontera de personas a las que ni siquiera se permite solicitar asilo. “Para mí [solicitar el asilo] es un derecho fundamental”, insiste.

La presión migratoria actual nada tiene que ver con la de hace un lustro, cuando 1,8 millones de irregulares llegaron a la UE. En 2019 fueron solo 140.000, pero la Comisión quiere estar lista. “No hay crisis migratoria en Europa, pero sí migrantes en crisis”, lamenta Johansson, que nada más llegar al cargo dice haberse quejado de las condiciones “inaceptables” de los campamentos griegos.

Por ahora, la UE funciona con parches. Tanto en los últimos veranos, con los improvisados repartos de rescatados por barcos de ONG, como este año, cuando 12 países aceptaron convertirse en destino de menores no acompañados. 641 niños y familiares han sido trasladados a los Estados que se sumaron a este mecanismo voluntario, sobre todo a Alemania y Francia. “Fui testigo de uno de los vuelos, con destino a Finlandia, y lo primero que preguntaron al llegar fue: ‘¿podemos ir a la escuela mañana?’ Fue muy alentador”, dice Johansson.

Fiar la política migratoria a la buena fe no entra en los planes de Bruselas, pero la voluntariedad puede ser un recurso en determinadas situaciones para salvar vetos. “La gente me dice que los Estados miembros tienen opiniones muy diferentes sobre migración. Y es cierto, pero no es el único tema en el que sucede”. La dirigente sueca pone como ejemplo el plan de reconstrucción, donde posiciones muy alejadas convergieron en un estímulo económico sin precedentes. Como recuerdan las cenizas calientes de Moria, la solidaridad, en el caso del pacto migratorio, no solo será cuestión de dinero.