El enredo jurídico para extraditar a un exjefe paramilitar de Estados Unidos a Colombia
Human Rights Watch acusa a las autoridades colombianas de no esforzarse para que Salvatore Mancuso, acusado de dirigir matanzas con 800 muertos, regrese
Cuando el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, uno de los protagonistas más conocidos de la guerra en Colombia, fue extraditado en 2008 a Estados Unidos pronunció una frase que aún resuena en el país andino: “Conmigo extraditaron la verdad”. Han pasado 12 años y ahora es su retorno a Colombia el que tiene en enredos a la justicia colombiana a la que, desde distintos flancos, se le exige que haga esfuerzos más contundentes y urgentes para traerlo de vuelta.
Mancuso, quien fue uno de los jefes más sanguinarios de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), cumplió una condena por tráfico de drogas y está en la cárcel de Irwin, en el estado de Georgia. Pero en los últimos días se conoció que podría ser deportado a Italia, país del cual tiene ciudadanía y con el que Colombia no tiene tratado de extradición. Esto activó las alarmas de las víctimas que esperaban su regreso a Bogotá para conocer detalles de la verdad que el paramilitar se llevó al ser enviado a Estados Unidos, junto a otros 13 integrantes, durante el Gobierno de Álvaro Uribe.
Durante estos años, Mancuso siguió colaborando con Justicia y Paz, el tribunal colombiano que juzga los delitos de las autodefensas y da reducción de penas a cambio de que estos digan la verdad sobre delitos. A él se lo acusa de dirigir 139 masacres en las que fueron asesinadas 800 personas, entre otros delitos como desplazamientos y secuestro. Sin embargo, dado el papel que tuvo en el conflicto, de ser deportado a suelo italiano se perdería también la verdad sobre los vínculos del poder económico y político con el grupo armado que dirigió.
“El testimonio de Salvatore Mancuso podría ayudar a desvelar la verdad sobre cientos de crímenes atroces y garantizar justicia para miles de víctimas. Pero hasta ahora las autoridades colombianas han hecho muy poco para lograr su extradición, y los pasos que han tomado han sido llamativamente negligentes”, ha denunciado José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
El Gobierno colombiano ha hecho tres solicitudes de extradición pero en una de ellas, según ha advertido Vivanco, cometieron “errores inexcusables” que se habrían descubierto con “una búsqueda online”. Y las otras dos tampoco fueron aceptadas por Estados Unidos porque los fundamentos legales que usaron para sustentarlas no coinciden con la legislación de ese país. “Teniendo en cuenta que hay cientos de casos pendientes contra Mancuso y que las autoridades colombianas tienen una abundante experiencia con procesos de extradición, estas tres mediocres solicitudes de extradición son difíciles de compatibilizar con la importancia que merece este caso”, ha sostenido el director regional de Human Rights Watch.
El presidente Iván Duque ha dicho a la prensa local que su deseo es que Mancuso regrese a Colombia y “pague las penas por delitos de lesa humanidad que cometió”. Y ha agregado que, “si por algún motivo llega a Italia” será el primero en presentar su caso ante la Corte Penal Internacional para que sea procesado. Pero desde sectores de la oposición consideran que se trata de retórica y no de acciones concretas que conduzcan a la extradición del jefe paramilitar. Otros, incluso, dudan acerca de si los errores cometidos en la solicitud fueron intencionales o involuntarios.
Ahora se abre una oportunidad para que se destrabe el enredo jurídico y el jefe paramilitar sea extraditado a Colombia. La sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá acaba de ordenar que se libre captura con fines de extradición contra Mancuso, bajo el argumento de que el paramilitar aún no ha terminado de cumplir los requisitos para quedar en libertad.
Y, en todo caso, existe también otra investigación por lavado de dinero, que le permitiría a Colombia solicitarlo en extradición. En principio las autoridades no habrían usado esa carta porque Mancuso había solicitado someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un tribunal creado en los acuerdos de paz con las FARC, que juzga a los excombatientes de la guerrilla, militares y a los terceros que financiaron el conflicto armado. Mancuso pidió entrar en calidad de tercero, la JEP lo rechazó y él apeló. Sin embargo, la presidenta de la JEP, Patricia Linares ya anunció que no existe ningún impedimento para que la Fiscalía solicite al paramilitar en extradición. El siguiente movimiento está entonces en manos del gobierno colombiano.
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