El enfrentamiento entre civiles enciende el conflicto mapuche en la Araucanía chilena

“El que no salta es mapuche”, se escucha en un vídeo filmado la noche del sábado fuera del municipio de Curacautín, en la Araucanía chilena, a unos 900 kilómetros al sur de Santiago, la capital. Un centenar de personas se organizó pese al toque de queda para desalojar por su cuenta el edificio público que, al igual que otros cuatro de la zona, estaba ocupado por cerca de una semana por miembros de comunidades mapuches. Finalmente, se produjo un inédito enfrentamiento entre ambos grupos, con golpes, lanzamientos de objetos y el incendio de vehículos. Tanto por estos incidentes como por otros similares que se produjeron en paralelo en otras localidades cercanas, hubo 36 detenidos, policías y militares heridos y dos municipalidades quemadas, la de Traiguén y Ercilla.

Los mapuches levantan reivindicaciones en un conflicto histórico que el Estado no ha conseguido revolver. “La violencia, el racismo y la autotutela es inaceptable en una democracia y lo condenamos totalmente”, señaló este lunes Jaime Bellolio, el nuevo portavoz del Gobierno de Sebastián Piñera, que enfrenta momentos políticos complejos, luego de las revueltas sociales de octubre y en medio de la pandemia, que ha dejado 9.707 muertos y graves consecuencias económicas.

El Ejecutivo está siendo apuntado por algunos sectores de oposición de incendiar los ánimos. El pasado martes, Piñera nombró como nuevo ministro del Interior a Víctor Pérez, un parlamentario de la UDI que fue alcalde designado por la dictadura de Augusto Pinochet y que como senador representaba a una zona de frontera con la Araucanía, por lo que conoce perfectamente el conflicto histórico. El viernes, a tres días de asumir, el nuevo ministro viajó a la región del sur del país ante el rebrote de violencia. Aseguró allí que en La Araucanía no hay presos políticos –a diferencia de lo que sostienen las comunidades mapuches– y empujó a los alcaldes a “solicitar el desalojo” de los edificios tomados. El domingo, luego de una noche de caos, Pérez indicó: “Tengo la impresión de que hay mucha organización criminal”.

El portavoz el Gobierno de Piñera, sin embargo, negó que la visita de Pérez hiciera aumentar la tensión: “Si un ministro del Interior no puede ir a un lugar del país por amenazas de violencia, significa que, de nuevo, son esos grupos violentos los que impiden el imperio del derecho”, señaló Bellolio en una entrevista radial.

Cinco municipios tomados

El conflicto en la Araucanía no ha cesado por décadas y nuevamente ha subido de intensidad. Hace una semana, cinco municipios de la región fueron tomados consecutivamente por comunidades mapuche: además de Curacautín, Traiguén y Ercilla, los de Victoria y Collipulli, una localidad donde hoy los incidentes continuaban. Las ocupaciones de los edificios públicos se produjeron en apoyo a la huelgas de hambre del machi Celestino Córdova, que hace casi 90 días comenzó la protesta desde la cárcel de Temuco, porque los tribunales han rechazado la revisión de las medidas cautelares y de prisión para que pueda cumplir parte de su pena –seis meses– en un lugar sagrado de su comunidad. Autoridad ancestral para el pueblo mapuche, Córdova fue condenado a 18 años de presidio efectivo por su participación en el incendio en el que murió el matrimonio Luchsinger-Mackay en 2013, en la comuna de Vilcún, en la Araucanía.

Las ocupaciones de las municipalidades se produjeron también en respaldo a los 20 mapuches arrestados en la cárcel de las localidades de Lebu y Angol, que han pedido sin éxito beneficios para cumplir su prisión en épocas de pandemia y que comenzaron la huelga de hambre el mismo día que Córdova, que actualmente está ingresado en un hospital por su delicado estado de salud.

Los desalojos del pasado sábado, realizados finalmente por carabineros, fueron caóticos y los enfrentamientos entre civiles se repitieron en la localidad de Victoria. El alcalde Javier Jaramillo acusó a La Moneda: “Por no sentarse a conversar y generar un diálogo, termina generándose lo que hoy estamos viendo”.

El actual Gobierno tuvo como prioridad al asumir la ejecución de un plan para la Araucanía, que proponía reformas como el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Los consecutivos conflictos, sin embargo, como el asesinato del mapuche Camilo Catrillanca por parte de carabineros en 2018, hicieron que el Ejecutivo abandonara esa prioridad en la región, donde el conflicto por las tierras ancestrales es solo una de las aristas. La violencia no se restinge a los ataques a los fundos y faenas forestales, sino que se ha extendido a carreteras, vías ferroviarias y puentes. A fines de julio, tres escuelas fueron quemadas en la provincia de Arauco, con lo que cerca de 150 estudiantes se quedaron sin clases.

Luego de los enfrentamientos en la Araucanía del fin de semana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el domingo una declaración en la que llama a Chile a respetar “la protección contra la discriminación fundada en origen étnico”. De acuerdo a la organización humanitaria de la OEA, “varios de tales actos violentos y manifestaciones racistas habrían ocurrido sin que agentes de Carabineros desplegaran medidas apropiadas para prevenir efectivamente su ocurrencia o impedir su continuación”. Para la comisión, “urge asimismo a las autoridades a prevenir, investigar y sancionar estos hechos y a enfrentar las narrativas racistas contra las demandas del pueblo mapuche”.