El Supremo obliga a Trump a entregar su información financiera a la Fiscalía

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha decidido este jueves que el presidente Donald Trump no puede bloquear la información financiera y fiscal que le reclama la Fiscalía de Distrito de Manhattan. El fallo resuelve una batalla legal que el mandatario llevó hasta el final con el fin de mantener en secreto sus cuentas y marca los límites sobre el poder de los presidentes para frenar las demandas de información. Sin embargo, devuelve a los tribunales inferiores una demanda paralela del Congreso, lo que significa que probablemente ningún dato será público hasta pasadas las elecciones de noviembre.

El Supremo de EEUU ordena a Trump entregar su información fiscal

La decisión de la máxima autoridad judicial evoca al caso Watergate, que obligó a Richard Nixon a revelar las grabaciones de sus conversaciones en el Despacho Oval. El Supremo también obligó a Bill Clinton a aportar pruebas en un pleito de acoso sexual que acabó derivando en el famoso impeachment del llamado caso Lewinsky.

La decisión se ha tomado por una mayoría de siete votos frente a dos disensiones. Los jueces debían dictaminar sobre dos casos distintos, uno resultante de varias peticiones de información por parte de la Cámara de Representantes y otro derivado de las citaciones del fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus R. Vance. Ambas demandas están relacionadas con la investigación por los pagos opacos que Trump realizó ante de las elecciones de 2016 para silenciar dos supuestas relaciones sexuales extramatrimoniales.

“En nuestro sistema judicial, ‘el público tiene derecho [a conocer o acceder] las pruebas sobre todos los hombres’. Desde los primeros días de la República, ese ‘todos los hombres’ ha incluido al presidente de los Estados Unidos, empezando por Jefferson y siguiendo hasta Clinton”, señaló el presidente del Supremo, el juez conservador John Roberts, que se encargó de redactar la opinión mayoritaria sobre la Fiscalía.

Los abogados del republicano habían alegado que el Congreso no estaba legitimado para requerir toda esa información para seguir sus investigaciones. En el caso de la Fiscalía de Manhattan, ponen sobre la mesa la “inmunidad” del presidente mientras ocupe el cargo. La interpretación constitucional del Departamento de Justicia estadounidense establece que los mandatarios no son procesables y por eso deben someterse a procesos de impeachment o juicios políticos en el Senado, como el celebrado a principios de año a raíz del escándalo de Ucrania. “Ningún ciudadano, ni siquiera el presidente, está categóricamente por encima del deber común de aportar pruebas cuando se le requiere en un proceso penal”, señala el escrito de Roberts.

El fallo del tribunal supone un revés para Trump, pero de consecuencias limitadas de cara las urnas, ya que los jueces han opinado de forma distinta ante las peticiones de la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata. “Los requerimientos de información del presidente por parte del Congreso, sin embargo, implican serias preocupaciones sobre la separación de poderes. Los tribunales inferiores no tuvieron en cuenta suficientemente estas preocupaciones”, apuntó Roberts en la opinión emitida por el alto tribunal. Los jueces creen que los demandantes deben precisar mejor los criterios y motivos de la información solicitada.

Ello implica que los ciudadanos no podrán conocer las cuentas de Trump por el momento. Los datos reclamados por los fiscales de Nueva York, que el alto tribunal sí ha desbloqueado, forman parte de una investigación en manos de un gran jurado, con lo cual se mantendrán en secreto probablemente hasta después de las presidenciales, que tienen lugar el 3 de noviembre.

En concreto, el Comité de Supervisión y Reformas de la Cámara baja investiga si Trump alteró el estado de sus finanzas y activos con el fin de obtener préstamos y rebajar el pago de impuestos, mientras que los comités de Servicios Financieros e Inteligencia han pedido acceso al historial financiero del presidente, sus empresas y familia. En paralelo, el fiscal de Nueva York ha pedido las declaraciones fiscales y financieras personales y empresariales de ocho años.

Las pesquisas buscan dilucidar si manipuló las cuentas de la Organización Trump para de ocultar los pagos a la actriz de cine pornográfico de nombre artístico Stormy Daniels, quien asegura que mantuvo relaciones sexuales con el hoy presidente. Este reembolsó a su abogado personal de entonces, Michael Cohen, los pagos que hizo a la mujer. Cohen también se involucró en el pago a la modelo de Playboy Karen McDougal. Las citaciones no se dirigieron a Trump directamente, sino a su auditora, Mazars, y al Deutsche Bank, pero fue el presidente quien litigó para frenar su entrega.

La información es una bomba política en potencia, más allá de la luz que arroje sobre los pagos a esas mujeres, porque permitirá observar las prácticas fiscales y financieras del presidente, así como sus donaciones. Varias informaciones periodísticas han mostrado prácticas fraudulentas del pasado.

Los candidatos presidenciales han hecho públicas sus declaraciones de impuestos tradicionalmente en Estados Unidos. Trump rompió ese pacto no escrito y siempre se ha negado a mostrarlas. El actual presidente siempre ha alegado que estas demandas suponen en realidad represalias políticas, ya que la Cámara baja está controlada por la oposición y el fiscal Cyrus R. Vance es también demócrata.

Este jueves reaccionó airado en su cuenta de Twitter, con una ristra de mensajes en exclamaciones y mayúsculas en las que se declaraba víctima de una persecución política y acusaba sin base a la Administración de Obama de espionaje. “Este es un enjuiciamiento político. Gané la caza de brujas de Mueller [en referencia a la investigación de la trama rusa] y otras y ahora tengo que seguir luchando en un Nueva York políticamente corrupto. No es justo para esta presidencia ¡ni para esta Administración!”, escribió, entre otros mensajes.

En el fallo se han puesto de acuerdo los cuatro jueces progresistas (Ruth Bader Ginsburg, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan) y tres de los conservadores, Roberts, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh. Estos dos últimos, las incorporaciones más recientes al Tribunal, fueron propuestos por Donald Trump. Solo dos conservadores, Clarence Thomas y Samuel Alito, han discrepado. El caso ha supuesto también un examen a la independencia de la máxima autoridad judicial estadounidense, de mayoría conservadora.

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