El Gobierno argentino negocia, pero no ve alternativas a la nacionalización de la agroexportadora Vicentin

El Gobierno de Argentina está abierto a un plan de rescate del gigante agroexportador Vicentin que no incluya la expropiación. Pero, de momento, no ve alternativas. Ese ha sido el resultado de una reunión que el jueves por la noche mantuvieron el presidente Alberto Fernández y el director de la compañía, Sergio Nardelli. La empresa propone una participación estatal que no suponga a los propietarios la renuncia a los derechos de posesión. Desde el Gobierno aseguran que están abiertos a escuchar “ideas superadoras a la expropiación”. Sin embargo, la maraña de deudas millonarias en dólares y causas judiciales que envuelven a Vicentin complican una salida negociada que satisfaga al sector privado.

Vicentin es una empresa familiar con 90 años de historia en Argentina. Es la mayor de capitales nacionales y la sexta del mercado agroexportador argentino, el sector más pujante del país sudamericano y principal fuente de divisas. Vicentin factura unos 4.000 millones de dólares al año, pero en diciembre de 2019 se declaró en convocatoria de acreedores por una deuda de 1.350 millones. El principal acreedor financiero es el Banco Nación, una entidad pública que durante el Gobierno de Mauricio Macri prestó a la empresa 350 millones de dólares que ahora no puede recuperar. El lunes, el presidente Alberto Fernández anunció la intervención de la empresa, paso previo a una nacionalización que debe ser aprobada por el Congreso.

La medida generó un terremoto político en Argentina. La oposición denuncia que el país avanza hacia un modelo de estatización “a la venezolana”. El Gobierno insiste en que solo pretende el “rescate” de una empresa que es clave en el sector más dinámico de la economía. “Nosotros no estamos para estatizar empresas, estamos para rescatar empresas que consideramos centrales para el desarrollo. El Estado debe estar presente cuando una empresa de esa magnitud tambalea y puede quedar en manos que no sean argentinas”, dijo este viernes Fernández.

El presidente evitó esta vez la palabra nacionalización y habló varias veces de rescate. Y dio por supuesto que el avance estatal ya está decidido, pese a los esfuerzos de los accionistas de Vicentin por evitarlo. Incluso adelantó los términos de la administración que imagina. “El manejo de esa empresa debe hacerse con toda seriedad, no debe entrar allí la política. Estamos rescatando una empresa importante, no estamos quitándosela a nadie”, insistió.

Según el plan del Ejecutivo, Vicentin quedará bajo la órbita de YPF Agro, una subsidiaria de la petrolera estatal que vende granos y químicos al campo. El miércoles, el director de la compañía presentó a Fernández un plan de intervención parcial, en el que YPF Agro entra como accionista a cambio de la deuda que la compañía mantiene con la banca pública. El gobernador oficialista de Santa Fe, Omar Perotti, estuvo presente en la charla en representación de la provincia más afectada por la crisis de Vicentin. Perotti dijo que se estudiaban alternativas a la expropiación. Pero horas después, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, aclaró la postura oficial: “El presidente fue muy claro: hoy no hay otra alternativa más que la expropiación”.

"No estamos de acuerdo con el procedimiento de expropiación que el Presidente considera como el adecuado. Existen diferentes alternativas público-privadas superadoras”, dijo el directorio de Vicentin mediante un comunicado que publicó tras la reunión con Fernández. Una solución de consenso será complicada. Para la oposición macrista, el kirchnerismo poner la pata del Estado en el sector más pujante y globalizado de la economía nacional para controlar los precios y asegurarse el ingreso de divisas. El Gobierno asegura, en cambio, que Vicentin está quebrada porque fue vaciada por la familia propietaria, que aprovechó su cercanía con el expresidente Mauricio Macri para recibir créditos que fueron a parar a cuentas de la empresa en el exterior. El Banco Nación siguió prestando dinero a Vicentin hasta días antes de la cesación de pagos, sin advertir el riesgo crediticio de la compañía.

La denuncia del Ejecutivo no es solo un argumento político. El jueves, la Unidad de Información Financiera, que avanza sobre delitos fiscales, pidió a la Justicia que investigue si los créditos del Banco Nación fueron parte de una maniobra de lavado de activos y cesación de pagos fraudulenta. La oficina pidió incluso la inhibición de bienes del expresidente Mauricio Macri por considerarlo, junto con las direcciones del banco y la compañía, partícipes de la presunta maniobra.